Si se tratara de una persona, bastaría con este único síntoma para diagnosticarla como enferma e indicarle un severo tratamiento.

Pero en este caso, lo que emerge como evidente y preocupante manifestación de un mal muy profundo, no afecta a un solo ser humano, sino a toda una ciudad.

O, en la necesidad de ser más precisos, como sin duda la gravedad del asunto lo requiere, a muchas instituciones que la representan y en las que debería sustentarse para funcionar como tal y por carácter transitivo, la dañan y la terminan haciendo víctima de un mal que le carcome su sanidad.

La referencia es para la inmensa hipocresía que emana del tratamiento político, periodístico y hasta judicial de lo que podría denominarse como “El caso Pera”, si se entiende como tal a un larguísimo historial que desde hace más de tres décadas vincula al todavía secretario general de la seccional local de la UTA con distintos tipos de violencia.

Una de las pocas cosas buenas que se pueden decir del mundo en los últimos años es que, por fin, a nivel global, se decidió poner fin “en serio” a la desigualdad entre hombres y mujeres, entendiendo en especial al maltrato y el acoso sexual como emergentes más graves de una situación milenaria.

Carreras de artistas, deportistas, científicos y políticos de todas partes, han tambaleado, cuando no terminado, ante la simple insinuación de haber incurrido en alguno de estos delitos, otrora tolerados, disimulados o incluso justificados.

Bancar, apañar o encubrir a un violento pasó a ser en casi todas partes de Occidente prácticamente igual de grave que serlo.

¿Sucede lo mismo en Bahía Blanca? Una respuesta podría decir que sí, en general. Si alguien viniera de afuera no le costaría encontrar orondas manifestaciones públicas y pomposas acciones concretadas en ese sentido.

Pero si se pudiera escarbar por debajo de la superficie, se encontraría con que no lo mismo sucede en particular, por ejemplo, en lo concerniente a este sindicalista, ex concejal de la ciudad e indudable actor del sistema de poder, sin importar el color político desde el que se conduzca el municipio.

La semana pasada, la vecina Laura Trespando, ex empleada de Sapem Bahía Transporte y ex pareja de Pera, tuvo que salir en algunos medios a expresar su angustia por lo que entendía, era una sospechosa demora en el avance de la causa por la denuncia por violencia de género que presentó contra el gremialista y que pareciera estar “cajoneada”.

Sólo tres medios tradicionales abordaron el tema: Telefe Bahía, el canal local de Cablevisión y FM de la Calle.

La noticia –y vaya que lo era, de acuerdo a lo que enseñan en todas las academias en las que se cursa periodismo—estuvo ausente, por caso, de los dos portales de noticias más importantes de la ciudad, las respectivas radios que los nutren, además de otros medios de comunicación, muchos de ellos, sugestivamente “auspiciados” por “UTA Bahía Blanca” y en los que hasta se le han hecho entrevistas a Pera sin, por supuesto, jamás animarse a hacerle alguna pregunta incómoda sobre estos temas.

Curioso ¿no? ¿Por qué un periodista no se animaría a ejercer su oficio? ¿No es “nota” preguntarle sobre sus problemas judiciales a un sujeto al que se le atribuye el poder de parar el transporte de la ciudad si se le antoja?

Algo parecido había sucedido cuando a fines del año pasado se sentenció y hace muy poco se confirmó la condena a 22 meses de prisión en suspenso, también por violencia, por las agresiones que Pera cometió contra dos concejales en 2015 en el propio recinto del HCD.

Más aún, en ese caso, quien últimamente oficia como principal vocero de los dueños del grupo “La Nueva”, hasta editorializó en su programa con una iracunda defensa en favor de Pera y hasta criticó a las víctimas por su supuesta “falta de códigos”.

Por ahora, en relación a la situación de la señora Trespando, lo que hay es un estruendoso silencio, que aturde y avergüenza.

Lo único que faltaría sería que, con todo respeto, salieran a decir que ella tiene la culpa de lo que le pasó, como suelen razonar algunos retrógrados, “por haberlo hecho enojar por algo a su hombre” o quien sabe, “haberse vestido en forma provocativa” y “haberlo desobedecido”.

Aunque indigne, la hipótesis no debería llamar la atención: el propio intendente municipal reconoce y destaca públicamente a Pera como un interlocutor válido para diversas cuestiones, más allá de tenerlo desde el principio de su gestión como aliado político, a punto de haber negociado con él a fines de 2019 el nombramiento de uno de los dos jueces de faltas de la ciudad (el abogado Carlos Salgado es una de las personas de máxima confianza de Ricardo Pera) o compartir escenario en las últimas fiestas de fin de año de la UTA llevadas a cabo antes de la Pandemia.

¿Por qué esperar algo distinto entonces de los medios que sustentan gran parte de su financiamiento con pauta municipal a partir de la cual regulan sus contenidos?

¿No sería incómodo para todos que, por caso, la Justicia pudiera determinar que el cese de la denunciante de su puesto de trabajo en una empresa “99 por ciento capitales municipales” haya sido una represalia más de Pera por haber intentado ponerle fin a la relación, según se desprende del testimonio que su hija hizo público en sus redes sociales?

La diferencia entre «será justicia» y «¿será justicia?»

Un viejo axioma del derecho asegura que “Si la justicia es lenta, deja de ser justicia”.

Bastante más corrosiva y dolorosa, pero quizás no menos real en términos fácticos, es aquella sentencia que señala que “la justicia es igual para todos, pero si se puede pagar abogados caros, mucho mejor”.

Pera los tiene. Los tuvo para ser restituido en su banca por la Suprema Corte de Justicia cuando se lo había expulsado del Concejo por el voto de sus pares.

También para demorar casi seis años la llegada a juicio oral por haber agredido y amenazado a dos pares en el deliberativo local y parece tenerlos ahora para descargar una constante batería de excusas, certificados médicos o estratagemas por el estilo, con tal de demorar y demorar, pero jamás para dar la cara o presentar una prueba de su inocencia.

A todo esto: ¿las muchas mesas, comisiones y ONG’s que se desgarran por declamar y poner en evidencia una clara toma de partido por estos principios (mientras sean una abstracción o se ubiquen lejos de la ciudad) no tienen nada que decir por esto que sucede en unas pocas cuadras a la redonda de la Plaza Rivadavia?

¿O las noticias sobre violencia de género y la obligación de los noticieros de poner el cartelito que dice “si sos víctima de violencia comunícate al XXX” aplican al verdulero de la esquina, al repartidor o al desempleado de los suburbios, pero si se trata de un “pesado”, que encima pone pauta y “te ha hecho alguna gauchada”, mejor no decimos nada?

La imperiosa necesidad de ser justos en una cuestión tan delicada, en esta ocasión, más que nunca, requiere mucho más de verdad que de simbolismos.

Y mucho menos que menos, de tecnicismos dilatorios.

Ante una denuncia de esta índole, involucrando a quien involucra, lo que no se puede aceptar bajo ningún aspecto es que la impunidad venga implícita en el paso del tiempo.

En febrero de este año ingresó a la intendencia, una solicitud del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Bahía Blanca, en la que se pide autorización para instalar un “Banco Rojo” en la sede de avenida Colón 436.

Según dice el escrito dirigido a Héctor Gay y firmado por la doctora Claudia Cecilia Fortunatti,   presidenta de la Institución, esta iniciativa tiene la finalidad de “colaborar en la difusión a la comunidad de la importancia de la toma de conciencia respecto de la igualdad de género” y se basa en una iniciativa internacional conocida como “La Panchina Rossa”, “replicada a nivel mundial para visibilizar  situaciones relacionadas con la violencia de género”.

Más adelante agrega que “el Colegio que presido, en la labor diaria de sus colegiados se encuentra firmemente comprometido en el abordaje de la prevención contra la violencia de género” y entiende que tener un “banco rojo en la puerta de la sede, sería un aporte significativo”.

Imposible no compartir estos conceptos. Tanto como entender que a veces puede no alcanzar sólo con un “banco rojo”, en especial cuando hay cuestiones pendientes mucho más acá de lo metafórico.

¿Puede ser que más allá de los copiosos antecedentes, de una condena por violencia ya corroborada en dos instancias y la creencia y los temores generalizados de que meterse con él equivale a comprarse un boleto para que te pase algo alguna vez, Ricardo Pera sea inocente de aquello por lo que lo denuncia esta mujer?

Puede ser, claro que sí. Lo que no debería ser es que esa posible inocencia “funcionara de hecho” sólo por el paso del tiempo, en búsqueda de una prescripción o en la búsqueda frenética de algún vericueto legal que voltee la causa.

Y es para esto que se requiere que el sistema judicial escuche ese grito desesperado y haya un pronunciamiento mucho más claro, contundente y argumentado que un “cajoneo”.

Si esto no sucede más o menos pronto, los jueces, fiscales y funcionarios, responsables del tema, más que colocar un banco, podrán pintar el edificio entero de rojo y hasta la cuadra entera, pero habrán elegido pasar a ser parte del síntoma y no de la cura de una sociedad enferma.

Enferma, entre otras cosas, por la descomunal hipocresía de algunas de sus instituciones.

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