Periodismo digital en Bahía Blanca

El 30 de abril de 2014, el director del cementerio municipal de Bahía Blanca elevó una denuncia penal ante la fiscalía general, por el faltante de varios elementos “de provisión reglamentaria” para la dependencia a su cargo. Seis meses antes, había realizado una exposición civil sobre la misma situación, paso que, al igual que el de la denuncia formulada por el funcionario municipal, fue informado al secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Rubén Valerio. En realidad, antes de que Héctor Horacio Quiroga solicitara a la justicia que investigara el faltante, ya había cumplido con todos los pasos administrativos internos en el municipio. Así lo demuestra la documentación a la que accedió Solo Local y que puede consultarse en este enlace. Forma parte del expediente que desde junio pasado se encuentra en el área de la asesoría letrada municipal, de acuerdo a la ruta del expediente. El camino por las oficinas municipales se inició por un pedido de la oficina de bienes patrimoniales al director del cementerio, para que realizara un inventario de los elementos a su cargo.

La nómina de elementos faltantes consta en dos hojas en las que figuran desde una calculadora electrónica hasta una amoladora, garrafas, varias motoguadañas, un motocompresor, un equipo de GNC, una hormigonera, electrobombas, desmalezadoras, sillas, repisas, impresoras, scanner y una notebook, vehículos, entre otros. Algunos datan desde el año 2008, otros de 2009 y 2011, año en el que Quiroga elevó el primer alerta interno al municipio durante la gestión de Cristian Breitenstein, la que ya integraba Valerio. Evidentemente, no fue tenido en cuenta porque dos años después, repitió la solicitud que, a instancias de la asesoría letrada del municipio, finalmente llegó a la justicia.

El caso tiene varios puntos de contacto con la denuncia por faltantes en el área de la dirección municipal de Espacios Públicos que realizara el año pasado, la ex titular de la repartición, la ingeniera forestal Cristina Pistch. Primero, la ex funcionaria, que también dependía de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, puso en conocimiento de la situación a su superior, el ingeniero Valerio y luego pidió a la justicia que investigara.