Esta vez, la noticia tuvo una magnitud y una contundencia tal, que sí salió, con diversos matices y hasta distintos grados de dilución, en “casi” todos lados: Ricardo Pera, uno de los sindicalistas más poderosos de la ciudad, deberá afrontar otro juicio oral por violento.

En este caso, su víctima es una mujer con la que tuvo una relación de pareja, a la que, antes de eso, hizo emplear en la Sapem Transporte y a la que, durante muchos años, agredió en forma física y verbal, además de amenazarla y coaccionarla en una cantidad reiterada, pero no precisada, de veces, hasta para llevarla de viaje contra su voluntad bajo riesgo de que, si no accedía, algo malo podría sucederle a sus familiares.

Finalmente la hizo echar de su empleo como aparente represalia por un conflicto conyugal. Y no sólo eso, lo mismo hizo con una hija a la que también le había conseguido empleo público.

Además de, entre otras atrocidades descriptas por la mujer, lo sucedido con Felipe, un hijo con trastorno autista a quien, según el propio testimonio de la víctima, castigó de modo cruento en varias oportunidades.

Es este último eslabón conocido de una larga cadena de situaciones que vinculan a Pera con la violencia. ¿O alguien realmente en esta ciudad se puede sorprender de ello?

“¿Ricardo Pera, acusado de algo así? La verdad es que jamás lo podría haber imaginado”, sería una frase que perfectamente podría integrar un monólogo del absurdo, de no tratarse de un hecho tan doloroso.

El asunto es que lo que antes se consideraba bravura, cojones, coraje o “ser muy macho” y “tener códigos” o el nombre que le quieran poner a este tipo de actitudes, ahora, para bien de este mundo, que parece ir para atrás en tantos otros aspectos pero no en este, cayó en desgracia y además de repudio social puede tener una sanción judicial.

En anteriores ocasiones, con el mismo protagonista, incluyendo una más o menos reciente condena (también por violencia) y la plena confirmación de ésa sentencia por una cámara de apelaciones, no es que la información revistiera menos importancia ni fuera menos grave, pero un sistema de poder que considera al gremialista como parte de su andamiaje, se las arregló para encontrar excusas para disimularlo.

Ahora, en cambio, una instalación que debería haber sido natural, dada la gravedad de la denuncia y las pruebas aportadas por la denunciante, pareció costar más de lo deseable, pero se produjo

El nombre de Pera, para muchos, se asocia casi instintivamente a la posibilidad de tener problemas o represalias “si se lo hace enojar”.

Hace unas semanas, la víctima y su abogada, donde pudieron, hasta tuvieron que hacer declaraciones públicas en las que manifestaron su legítima preocupación por la demora en que la causa avanzase.

Casi nadie cree en las brujas, pero que las hay, las hay…

Y ambas saben que quien tienen enfrente no es cualquiera si no un personaje que, no sólo tiene contactos, si no que forma parte de un restringido círculo que toma decisiones, hace negocios y trasciende los colores políticos de turno: Pera fue funcionario de Rodolfo Lopes; en tiempos de Breitenstein fue uno de los artífices de la desastrosa llegada de Plaza; en la época de Bevilacqua intervino para expulsarla y formar la Sapem Transporte y ahora con Gay la maneja casi a discreción.

Es un tipo que saca y pone gente en la municipalidad y se jacta de ello. Y lo hace notar.

Sin ir más lejos, hasta un juez de faltas ¿O alguien puede negar la estrechísima vinculación entre el abogado Carlos Salgado, titular del Juzgado de Faltas N° 1 y Ricardo Pera?

Salgado fue elegido a finales de 2019 para un cargo que hasta podría ser vitalicio, por primera vez en la historia de la ciudad sin la unanimidad del concejo (Ricardo Pera estuvo presente en el recinto) a partir de un acuerdo directo entre Gay y Pera y hasta fue presentado por el primero como un “consenso con el peronismo”.

Y en base a estos datos surge acaso la mayor dosis de violencia simbólica proveniente de todo este asunto: el gravísimo hecho de que quien valide como interlocutor a un violento (y hasta lo tiene como aliado para ejercer el gobierno de la ciudad) sea ni más ni menos que el propio intendente municipal.

¿Será que para Héctor Gay son dos personas distintas que está bien diferenciar?

Uno es un descontrolado capaz de agredir a pares, a mujeres y hasta niños. El otro es alguien a quien le reconoce la representación institucional y “conocimiento y experiencia” en cuestiones de transporte.

¿Puede alguien creer que la actual conducción municipal no sabía nada de todo esto que ahora tomó estado público?

A juzgar por lo que se desprende de los testimonios que nutren el fallo del juez que eleva a juicio la causa, no sólo estaba muy al tanto de la cuestión sino que hasta habría que ver si no la propició o, por lo menos, no fue funcional a que el victimario abusara de su poder como mandamás de una empresa solventada en un 99 por ciento por todos los bahienses.

Alegar desconocimiento sería tomar por estúpida a la comunidad. En reportajes recientes, muy posteriores a la presentación de la denuncia y el reclamo por las demoras en el avance de la causa, el intendente argumentó “haber hablado con Pera” para tomar decisiones en materia de transporte.

Como en “amo y señor”… pero en la Sapem

Según el testimonio de la víctima, el propio presidente de la Sapem, Federico Harfield, le admitió que tenía que echarla casi contra su voluntad, “por orden de Ricardo Pera”, ámbito en el que está visto que el gremialista tiene poder de hacer y deshacer a voluntad, como aquel personaje de Arnaldo André en la legendaria telenovela “Amo y señor”,

Más aún, la mujer hasta describió ante la justicia, una rocambolesca maniobra, imposible de ser perpetrada de no ser con plena conciencia de lo que se hacía y con qué finalidad, en la que Tomás Marisco y el abogado de la Sapem, Ignacio Bechthold, intentaron buscarle a la mujer otro lugar de trabajo con tal de sacarla de la órbita donde Pera detenta un poder supremo.

Esto podría ser causal de que, a partir del debate oral y público que podría llevarse a cabo el año próximo, el juez interviniente pudiera considerar que, además de dictar sentencia sobre el hecho de en cuestión, corresponde iniciar otros procesos que puedan investigar otras agresiones y complicidades.

Todo eso y mucho más puede leerse en el fallo del doctor Esteban Usabiaga que eleva a juicio la causa, casi el guion de una película de terror en relación a un tema que, por suerte, se ha hecho visible en todo el mundo y que, está claro, no sabe de clases sociales ni de posiciones económicas.

¿O alguien puede dudar que puede haber violencia de género tanto en una coqueta casa de Altos de Palihue o en algún barrio privado, como en una de un barrio periférico?

¿O será que estos son temas que rinden y solidifican imágenes de corrección y responsabilidad social empresaria siempre y cuando sucedan en otra parte y no en la misma ciudad en la que al ver que si uno que se creía intocable tambalea, por ahí alguna otra víctima se anima a emprender una lucha para la que antes no, en la equivocada creencia de que “desde el vamos, contra determinada gente”, en Bahía Blanca, no se tiene ninguna chance?

Como se decía al comienzo del escrito, esta vez la noticia salió bastante y eso no es poco. Pero hay razones para suponer que, en muchos casos, fue más porque no quedó más remedio más que por convicción.

De otra manera no se entiende que, por ejemplo, no haya habido hasta aquí algún pedido de explicación a la intendencia, tal vez muy cómoda en la tranquilidad de saber que ninguno de aquellos, cuyas requisitorias se atienden habitualmente, se animaría a preguntar.

Y a los que se animarían a preguntar, no se los atiende ni se los atendió nunca.

Como tampoco tiene explicación que al propio Ricardo Pera, antes muy locuaz y proclive a conceder notas y monologar, nunca nadie le pide opinión sobre los hechos violentos que lo involucran.

Y si no es a él, aunque sea, a su abogado, el doctor Sebastián Martínez, también verborrágico en tantas otras situaciones, conflictos y casos que lo tuvieron como patrocinador, incluyendo la defensa de los intereses de los trabajadores municipales.

¿Justo esta vez no tiene nada para decir? Incluso desde un ejercicio pleno de la profesión periodística y en procura de escuchar las dos campanas ¿no hay nada que preguntarle?

Así como muchos saben que desde hace más de tres décadas por lo menos que Pera escribe un historial violento en cuestiones políticas, gremiales y amorosas; también es cierto que hay quienes aseguran haber recibido una mano generosa de su parte, en casos de la más diversa necesidad.

Sería saludable para una comunidad que ha estado muchas veces condicionada a los criterios de este sujeto, dada su condición de mandamás de un gremio que tiene directa injerencia en la vida cotidiana, que se pudiera diferenciar con la mayor claridad cuando esa ayuda fue genuina, fraterna y solidaria y cuando se trató de una mera búsqueda de protección e impunidad para ser cobrada en forma de impunidad, por ejemplo, ante casos como estos.

Si compartir un asado, ser invitado a una fiesta, hacer karaoke juntos, o tener el auspicio del gremio, implica tener que “mirar para otro lado” en situaciones como éstas, entonces el grado de toxicidad de relaciones de esta índole, reviste aún mucha más gravedad de lo que imaginado.

A fin de cuentas, para la víctima que ahora lo denunció y cuya vida personal y familiar quedó condicionada y maltrecha para siempre, también todo comenzó, según se cuenta en la resolución de elevación a juicio, en una fiesta, cuando alguien con ganas de acercarse a ella, quizás a falta de otros argumentos de seducción, le ofreció un empleo y hasta la posibilidad de un amor…

Toda la pesadilla que para esa mujer vino después, se puede leer en detalle en un documento público al que se accede en este link.