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(Notas de Usuarios) – El día 30 de marzo del corriente año las empresas Plaza y Mayo iniciaron una acción judicial contra la municipalidad de Bahía Blanca tendiente a que se declare la nulidad del decreto nº225 /2012 y la Ordenanza 16.471, mediante las cuales se declaró la caducidad de la Concesión del servicio público de pasajeros a las empresas mencionadas. El expediente judicial tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de nuestra ciudad y lleva el Nº 12.314. Aqui las empresas, manifiestan, entre sus argumentos, que la decisión del municipio carece de sustento juridico, que es arbitraria e ilegal y aportan para ello prueba documental y un extenso relato. Del mismo se desprenden varios interrogantes. Comienzan su demanda las empresas, manifestando que en el año 2007 las autoridades municipales se contactaron con la empresa y le ofrecieron la explotación de líneas de colectivos en la ciudad, en forma precaria y desde enero del año 2008 y durante casi un año, prestaron el servicio bajo ese titulo de “precario”, hasta que, finalmente, se les otorgó la concesión del transporte, a través de una licitación pública. Manifiestan que, por entonces, tenían alta aceptación del público y que no recibieron quejas de los usuarios. Por el contrario, señalan que una encuesta realizada por la UNS refleja esto a las claras.

No obstante, continúan relatando que a poco de obtener la concesión, comenzaron los problemas y ello se debió a un rediseño de las autoridades municipales de los recorridos que aumentó los kilómetros y eso no tuvo su correlato en un rediseño de frecuencias que respetase la relación parque móvil-kilómetros recorridos. Relatan también que oportunamente le reclamaron al municipio modificaciones tendientes a revertir los numerosos problemas que comenzaba a sufrir el servicio sin haber obtenido respuesta alguna. En este sentido, señalan veinte (20) presentaciones administrativas con su número de reclamo correspondiente. Luego de esto, corresponde analizar brevemente, el decreto que dio origen a la caducidad y del cual, las empresas demandantes, piden su nulidad.

El decreto 225/2012 realiza acusaciones que permitirían dar por configurada una situación de incumplimiento que habilitó al municipio a declarar la caducidad de la Concesión. A este decreto prosiguió una impugnación administrativa por parte de las empresas que aquí demandan, el cual  a su vez fue rechazado por el decreto nº 496/2012.

El decreto nº 225/2012 comienza manifestando que se trata de un hecho “pùblico y notorio” los incumplimientos de las empresas demandantes. Ahora bien, estos hechos, que se alegan, deben probarse, deben efectivamente acreditarse en el expediente judicial. No puede pretenderse con esta manifestación desentenderse de acompañar la probanzas que lo acrediten. Y ¿serán suficiente para esto las quejas de usuarios a un 0-800, sin identificación? ¿Y las notas periodísticas? ¿Y las multas? Continuùa el decreto manifestando, que las empresas demandantes “son repudiadas” por los usuarios del el sistema de Transporte Publico de Pasajeros y se fundamenta tal afirmación diciendo que los usuarios han conformado una comisión de usuarios testigos, que realiza informes periódicamente y en ellos se concluye que estas empresas son las que mayores incumplimientos registran. La pregunta es ¿sirve como medio probatorio? El decreto nº 496/2012 al referirse a esta comisión de usuarios dice que se trata de un grupo de ciudadanos particulares, que sus informes no tienen rigor científico y que sus opiniones no son vinculantes ni obligatorias ¿Entonces? Ni hablar de que algún momento se dudó de su honestidad por parte de algún concejal oficialista.

La demanda continúa haciendo hincapié en el estado de intransitabilidad de las calles, en la falta de colaboración del municipio y en el silencio en sus reclamos. También señala que no es causal suficiente para decretar la caducidad de la concesión, el hecho  de que existan en la justicia de faltas numerosos procedimientos (multas), ya que muchos de ellos no tienen siquiera sentencia y ni hablar de que algunos de ellos ya están en condiciones de prescribir por el mero transcurso del tiempo sin tener sentencia firme. Para finalizar, entre otras apreciaciones, manifiesta Plaza, que el estado de su parque automotor fue mejorado debidamente previo al dictado de la caducidad cuestionada y no puede ser usado en su contra, debido al estado de intransitabilidad de las calles de la ciudad.-

Todos los bahienses, de forma directa o indirecta, hemos conocido y sufrido el desempeño de estas empresas en la ciudad No obstante esto, otorgar una concesión de servicio público no implica desentenderse del tema. Parte de la gestión, es el control a quien se le concesiona un servicio. Cuando ello no ocurre, pueden pasar cosas como esta.

Este conflicto judicial, del que casi no se habla, no es un tema menor. Perder este juicio, al municipio le costaría mucho màs que el despilfarro del COPROTUR. Porque una decisión favorable a estas empresas, no les devolvería la concesión del servicio, pero las habilitaría a formular un reclamo por daños y perjuicios, así como por lucro cesante, millonario. Vencida la feria judicial, al municipio le quedaràn unos días para contestar esta demanda. Es de desear que se cuenten con documentos probatorios suficientes para refutarla y que lo endebles que aparecen los decretos pueda contar con mayor fundamentación jurídica en pruebas serias que los respalden. Seria justo que asi ocurriera. De no ser así, esperemos que los responsables del dictado de estos decretos y los concejales que votaron la ordenanza respaldando la caducidad cuenten con el patrimonio suficiente para responder por esto, conforme las leyes que así lo mandan. No serìa justo que la imprevisión, la falta de gestión y control, deban pagarla los vecinos.

 


 

Nota de Solo Local: El autor de esta nota es abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical de Bahía Blanca

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