Tras los escapes de cloro y amoniaco de la semana del 20 al 27 de agosto de 2000 en el polo petroquímico de Bahía Blanca, decenas de demandas judiciales por daños y perjuicios ingresaron a los tribunales locales. Vecinos de Ingeniero White y del barrio 26 de Setiembre, patrocinados por abogados e impulsados en algunos casos por agrupaciones vecinalistas, intentaron lograr un resarcimiento a la afectación ambiental producida con aquellos incidentes en las plantas de Solvay Indupa y Profertil. Casi diez años y medio después, todavía lo están buscando… La gran mayoría de los procesos tramita ante el Juzgado Civil y Comercial 4 y permanece congelada desde que la Cámara de Apelaciones y Garantias Departamental adoptó la suspensión Fontán, llamada así por el apellido de uno de los habitantes whitenses demandantes. Esa resolución, ratificada por la Suprema Corte provincial como puede leerse aquí, frenó el avance de las causas que pueden ser consultadas on line a través de la Mesa Virtual del máximo organismo judicial bonaerense. Allí, como puede verse en la captura de pantalla que figura al pie del artículo completo, el último movimiento que presentan los expedientes, que en algunos casos data de 2003, es aquella suspensión. Otra demanda, ingresada a través del Juzgado Civil y Comercial 7, no ha tenido mejor suerte.
Esta presentación, un amparo promovido por las asociaciones vecinales 20 de Agosto y Vecinos por la Vida, fue rechazada en primera instancia por el ex juez Ruben Moriones, pero avalada en segunda instancia por la sala II de la Cámara de Apelaciones. A través de sus abogados, Profertil apeló y llegó nuevamente ante la Suprema Corte donde logró frenar el proceso. En una resolución tomada en setiembre del año pasado, que puede consultarse haciendo clic en este enlace, los jueces de la Corte anularon la sentencia dictada por la sala II y ordenaron que la causa «deberá volver a la cámara de origen para que, integrada como corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento». Abogados que siguen de cerca estos procesos estiman que el camino de este amparo no será otro que el de la mayoría de los procesos abiertos ante el Juzgado 4: la suspensión y el congelamiento del ansia de reparación que exigen unos doscientos vecinos de Bahìa Blanca afectados por aquellos siniestros ambientales.
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