(Especial para Periódico Ático) – En los últimos días, los bahienses pudimos ser protagonistas de una tragedia. Una chimenea de Petrobrás, que necesariamente debería quemar gases contaminantes derivados de la producción, se apagó. Esto podría suceder en cualquier otra empresa del Polo Petroquímico de Bahía Blanca. Lo que no puede suceder, bajo ningún punto de vista, es que hayan pasado horas sin que la compañía se haya percatado de semejante falla y que el CTE, el órgano de control del municipio, haya tomado conocimiento sólo tras las llamadas de los vecinos al 911, que alertaron sobre un olor a azufre insoportable. Esta empresa, al igual que el resto, está obligada por ley a comunicar no sólo a la autoridad de aplicación, sino también a los medios de información cualquier evento ambiental, pero no lo hizo. El hecho desató la bronca de la gente, que usó todas las vías a su alcance para manifestar su preocupación. Una muestra se vio con claridad en las redes sociales, principalmente Facebook, donde funcionan varios grupos preocupados por el problema ambiental: algunos para repudiar la polución que genera el Polo, otros para pedir que las empresas paguen los costos de una sala de quemados y también los que exigen a las autoridades medidas más severas de control y sanción.
Un análisis de estas opiniones, espontáneas y despojadas de intereses individuales, ya que provienen de vecinos que ni trabajan en estas empresas ni forman parte del gobierno, deja en claro el pensamiento popular.
Concretamente, la gente piensa que los funcionarios no hacen lo que deberían hacer. Por ejemplo, nunca vieron al intendente o al gobernador denunciando y condenando la contaminación generada por la industria petroquímica. Más bien, cada vez que éstos aparecen en una foto de prensa oficial, es para firmar convenios de “responsabilidad social” o de “colaboración mutua”, por caso los que promueven capacitación y posteriores pasantías a jóvenes bahienses, que no son otra cosa que mano de obra barata, que termina favoreciendo a las grandes multinacionales. Y si no es eso, se nos trata de hacer creer que la llegada de nuevas empresas o la ampliación de las existentes, se traducirá en progreso para Bahía Blanca.
Esta es quizá una de las mayores falacias de nuestro tiempo a nivel local. Para que la ciudad progrese, necesariamente debe traducirse en un mejoramiento. No se trata del mejoramiento de unos pocos, sino el mejoramiento de todos; por ejemplo, Bahía Blanca progresaría si mejorara la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos.
Progreso, del latín progressus, derivado de progredi, significa caminar hacia adelante, y por definición implica un avance hacia un estado superador del anterior, más avanzado. El progreso se asocia al desarrollo en la medida en que logra optimizar aspectos económicos, sociales, científicos, culturales ó morales.
Muchos creen que el progreso de las últimas décadas, se logró a expensas de un enorme daño ambiental. Otros, creemos que si el costo es ese, el progreso se diluye. Y para muestra basta con observar lo que ocurrió en nuestra ciudad.
Ningún progreso tuvimos en Bahía Blanca con la puesta en funcionamiento de la ex Petroquímica y posterior privatización de sus plantas. Mucho menos con las que vinieron después. Se puede pensar, que hemos progresado porque en los últimos años se sancionaron leyes protectoras del medio ambiente y se crearon órganos de control. Sin embargo, a pesar de estas herramientas, las mismas per se no pueden evitar los peligrosos escapes, derrames y vertidos irresponsables, y por ende que la calidad del entorno ambiental continúe degradándose.
Entonces, el progreso no es más que una abstracción en la medida en que contribuye al deterioro del espacio en el que vive el hombre. ¿Cómo se puede hablar de progreso en una ciudad portuaria y al mismo tiempo divorciada del mar, en la que sus aguas costeras no dejan de mostrar signos evidentes de contaminación? ¿De qué progreso pueden hablar los falsos profetas cuando el aire que respiramos está sometido de manera permanente al riesgo de emisión de gases dañinos, nauseabundos e irrespirables? ¿Puede haber progreso si no quedan balnearios ni peces en la ría? ¿Cómo se atreven algunos a hablar de progreso, anteponiendo las fuentes laborales de una pequeña porción de la sociedad, cuando los efectos negativos de este tipo de industria los padecemos todos?
Flaco favor le hacen a la sociedad los mentores de ese discurso, ya que nuestra descendencia (y la de ellos), heredará una ciudad contaminada, con problemas crónicos difíciles de revertir.
No se trata de una percepción o sensación. En los ámbitos académicos hay docenas de trabajos científicos que vienen revelando aquello de lo que pocos hablan. Por ejemplo, este año un estudio concluyó que la aglomeración de las empresas petroquímicas de Bahía Blanca no hizo posible que se aprovechara la transferencia de tecnología a nivel local. En otro similar, se demostró que el impacto de estas compañías sobre el resto de las actividades productivas es reducido: sólo el 8,6 % de los insumos intermedios y servicios, a excepción de los agrícolas, son adquiridos a proveedores locales.
Finalmente, se visualiza una ecuación directamente proporcional: mientras los procesos industriales potencialmente peligrosos tienden a expandirse, aumenta en igual o mayor medida la desconfianza de la gente hacia las empresas que los ponen en práctica.
Hace unos años, ese malestar sólo era experimentado por los vecinos de Ingeniero White y quienes residían en barrios aledaños, como Villa Delfina y Villa Rosas. Hoy día, las redes sociales nos muestran dos cosas: que esos límites se han borrado y que no puede haber progreso en un escenario donde prevalece el descontento de la sociedad.

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