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(Notas de Usuarios) – Nuevamente el Municipio omite ejercer su función pública como gobierno de toda la comunidad y se transforma en gestor de las empresas. La ilegitimidad de su accionar es palmaria, manifiesta y evidente. La frase encomillada con la que se encabeza la nota en La Nueva ProvinciaEl municipio está de acuerdo con la realización del proyecto de YPF-Enarsa, porque es de interés nacional, regional y local y permite que la localidad de General Daniel Cerri recupere un status industrial, teniendo en cuenta el desarrollo sustentable, maximizando los esfuerzos para que la generación de impacto ambiental sea lo menos nociva posible” es patética. En primer lugar porque el Municipio no puede “estar de acuerdo” ni puede “estar en contra”, porque el Municipio es el gobierno, la administración pública y en ese carácter ó autoriza ó deniega. Pero no estar “a favor” o “en contra” porque esas son posiciones que le corresponden al militante político, al activista ambiental ó al simple ciudadano. El Municipio hace política de otra manera en nuestro sistema institucional: el Sr. Secretario de Gobierno parece no entender que el funcionario no puede ser militante porque le corresponde gobernar. Hace política ejerciendo el poder. Están de acuerdo ó en contra los que interpelan al poder porque militan. ¿O será que el poder en realidad es otro y él, el Secretario de Gobierno, lo interpela diciéndole “YPF, adelante nomás, que los que ocupamos los resortes del poder formal apoyamos al poder real”.

En segundo lugar, la frase es patética también por esto de recuperar un “status industrial teniendo en cuenta el desarrollo sustentable” ¿Qué es un status industrial, Secretario? “Status”, estado, tienen las personas (estado civil, estado militar), en sentido técnico jurídico. O se dice de la dinámica de una situación “statu quo” cuando hay una estabilización de un proceso en marcha, se detiene. Pero … ¿Qué es un “status industrial” secretario? ¿Qué nos propone Ud., una innovadora zonificación urbana? Debo entender entonces que “El Palihue” tendría un “status residencial” mientras las calles Chiclana, Brown, Donado, la peatonal Drago tendrían un “status comercial”? Eso no está en la ley 8912, Secretario ¿de que habla Ud.? Y ¿que es un “status industrial teniendo en cuenta el desarrollo sustentable, Secretario? ¿Ud. sabe lo que es el desarrollo sustentable, Secretario? Perdone la interpelación, pero Ud., “la deja picando”, doctor… Pero se lleva la palma esta frase, que también está encomillada “ … Nosotros creemos que son mayores los beneficios económicos que brindará la obra que se pretende realizar, que el impacto ambiental que generará” Esto es increíble. Porque, los derechos de la Constitución no están en el comercio. Por el camino que el Secretario Lliteras propone, tendríamos que analizar uno a uno los derechos y garantías enunciados entre los artículos 1 a 43 de la Constitución y si pudiera obtenerse un beneficio económico que llegara a mucha gente, podríamos entonces violar esas garantías, porque “los beneficios son mayores que el impacto”. Por ejemplo … ¿Qué tal si proponemos destruir las cataratas del Iguazú para instalar allí una gigantesca central hidroeléctrica? No tengo dudas que el beneficio económico de los Giga-Watios generados anualmente será muchísimo mayor que el monto de las entradas que pagan los turistas en el Parque Nacional y además, la cantidad de puestos de trabajo que se cree –en todo el país, porque la energía se inyectará al sistema eléctrico interconectado nacional- será mucho mayor que los puestos de trabajo que genera el turismo en Puerto Iguazú… Ah! Y además, tengamos en cuenta, Puerto Iguazú podría cambiar su “status turístico” por un lindo “status industrial” como dice el Secretario. Para cerrar, es necesario denunciar una vez mas la lamentable intención de “embarrar la cancha” que una y otra vez, en conjunto, la Municipalidad, La Nueva Provincia y las cámaras empresarias vienen ejecutando en conjunto. Es falso que el único lugar para el emprendimiento sea Cerri. Es una estratagema, un ardid, una estrategia, mediante la cual esta gente está intentando crear un conflicto en el cual termine comprometido el Gobierno Nacional en contra de los vecinos que defienden su derecho y su pueblo. Si hay daño porque se retrasa el proyecto a raíz de algún pronunciamiento judicial que pudiera venir la responsabilidad frente al país será de estos funcionarios que no trepidan en montar una operación ilegítima, obcecados en la selección de un lugar que no pueden fundar.

Que todos lo tengamos claro.

 


 

La nota fue enviada a Solo Local por la Asociación Vecinal en defensa del Medio Ambiente de General Daniel Cerri.

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