(Notas de Usuarios) Recientes declaraciones del padre de la fallecida Luciana Moretti, acusando del goce de privilegios a una serie de internos de la Unidad Penal IV de Bahía Blanca, con conocimiento fehaciente de las máximas autoridades de dicho establecimiento carcelario, merecen algunas reflexiones. Las actuaciones de Policía, Policía Científica y Servicio Penitenciario Bonaerense, en lo que hace a enfrentar la problemática de investigación y tratamiento criminal, dejan mucho que desear y reconocen un lamentable paralelismo que asombra en cuanto a las razones últimas de su ineficiencia e ineficacia. El denominado caso Pomar, lo ocurrido hace un tiempo en nuestra ciudad con los restos de Fernando Ruiz Arbilla y los altísimos índices de reincidencia o reiterancia delictiva por parte de sujetos recientemente liberados de establecimientos carcelarios, enlazan a estas dependencias entre sí, y a sus máximos responsables, con una cadena cuyos eslabones son mayormente yerros, desaciertos y tenebrosas connivencias.
El asunto Pomar desnudó, más que la incompetencia para llevar adelante un rastrillaje, o además de ésta, una gravísima falta de compromiso con la tarea a desarrollar. Igual desde Policía Científica con lo ocurrido con Ruiz Arbilla (con un inexcusable retardo en la realización de la autopsia y entrega del cuerpo para su inhumación, luego de haberse autorizado la ablación de órganos para donación por parte de los mismos encargados de la obducción). Se adujo, por un lado, desconocer la existencia de dichos restos y, por otro, peor aún si cabe, no contar con profesional médico durante cuatro días consecutivos. Finalmente, la creciente ola de inseguridad, a pesar de las fantasiosas declaraciones del Ministro de Seguridad de la Provincia, con delitos perpetrados en su gran mayoría por personajes con prontuarios más o menos frondosos carentes de asistencia y tratamiento mientras dura su pena. ¿Cuáles son las particularidades comunes a estos eventos? En principio, ya señalamos dos: a) una falta de profesionalismo evidente -la mera tenencia de título habilitante no implica verdadera capacidad- y b) una terminante ausencia de compromiso con la tarea a desarrollar, un desinterés manifiesto por las negativas y nefastas repercusiones sociales de la función incumplida.
Sin embargo, hay otro elemento más grave aún que merece ser tenido en cuenta: la negligencia, cuando no la complicidad directa, por parte de las autoridades políticas, aquellas que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos provinciales, de controlar las acciones de los funcionarios intermedios -a quienes ellas designan- y la debida actuación de los empleados públicos. Las máximas autoridades son los fiadores primeros y últimos de la administración: en ellas se inicia y cierra el círculo de la cadena de responsabilidades. Cuando un injustificable estado de cosas -indiscutiblemente conocido por las autoridades, y sólo por ellas- toma estado público, comienza una serie de acusaciones cruzadas, infantiles excusas, burdas mentiras e ingenuas explicaciones que, a lo sumo, implican el desplazamiento de algunos responsables caídos en desgracia, inmolados en el altar de los sacrificios para calmar al dios de la opinión pública; logrado esto último, aquietadas las aguas, se vuelve al estado anterior de las cosas, al menos transitoriamente, hasta el próximo escándalo.
Todo vuelve a una normal anormalidad: Policía sin verdadera capacitación; Policía -¿Científica?- sin integrar cuadros técnicamente expertos y éticamente responsables y Servicio Penitenciario -especialmente a nivel sanitario- cubriendo el trabajo de dignos funcionarios sólo con indignos serviles, apenas funcionales al poder de turno, e incumpliendo órdenes judiciales y políticas en cuanto a la tarea a desarrollar.
Así, solamente se constata -paradójicamente- un hondo interés por la más profunda indiferencia; el gatopardismo más absoluto: cambiar todo para que nada cambie.
Claro que nada de esto sería factible sólo con autoridades incompetentes o corruptas; se precisa, indefectiblemente, del silencio cómplice, temeroso, de la masa de empleados públicos cuyas pobres voluntades -más pobres cuanta más alta es su formación profesional- son compradas por la dádiva del gobernante o anuladas por el temor cerval.
No es la primera vez, ni será la última, que funcionarios y empleados vinculados a la tarea de investigar, controlar, juzgar y tratar a los criminales nos desilusionen; sólo nos resta esperar la próxima vez y luego la otra y así sucesivamente. Mientras la cosa pública esté administrada por advenedizos incompetentes, sólo respaldados por su servidumbre al poder de turno y no por su capacidad profesional y comportamiento ético, muy poco podemos esperar.
Dr. Alejandro A. Bevaqua
Médico – Especialista en Medicina Legal
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