Si lo dejan, Claudio Guillermo Morales admitirá que el viernes 24 de abril fue a robar armado al corralón Lacimen y que de su arma salió el disparo que terminó con la vida de Ricardo Pelayes. Pero también dirá que no quiso matarlo. Que una vez que tenía el dinero y antes de salir del local, buscó amedrentar a uno de los empleados golpeándolo con la culata del revólver en su cabeza y que por esa maniobra, percutió sin intención el gatillo que disparó la bala hacia donde estaba Pelayes. Su aparente intención de suicidarse, comentada a sus más íntimos en las horas siguientes al homicidio, estaría ligada a esa fatalidad con la que se resolvió lo que parecía ser un robo calificado más.
Contra las cuerdas y acosado por una serie de pruebas que apuntan a incriminarlo, por una declaración de su cómplice Manuel López que lo compromete aunque no lo condena y ya sentenciado por ese gran tribunal público inquisidor en que se ha convertido parte de la incentivada opinión pública bahiense, Morales se consuela con obtener una condena bastante menor a la que ya la fiscal María Marta Corrado con una premura inédita, adelantó que pretenderá que sea perpetua. Apuesta a que su confesión y las pruebas periciales y balísticas, que las realiza la Policía Científica, le ayuden. Pero hoy por hoy, Morales cuenta con un escollo en su estrategia: su abogado.
El letrado Fernando Candia considera que no es el momento para que Morales declare. Que el caso y sus encendidas polémicas adyacentes sobre la jueza Calcinelli y el garantismo están demasiado calientes como para que el acusado del crimen de Pelayes salga a contar su versión ahora con tantas probabilidades de prosperar como las que tiene una pluma de permanecer en el suelo ante un tsunami. El plazo legal que corre y que desembocará en el inevitable pedido de prisión preventiva la semana que viene, no inquieta a Candia, quien incluso podría hacer que Morales declare después de esa instancia procesal, antes del juicio oral. O que no lo haga nunca. O puede ocurrir también que Morales cambie de abogado y consiga que lo dejen hablar para contar su verdad. Una verdad opuesta a la que funcionarios de alto rango y opinadores multimediáticos se han encargado de reforzar. En cualquier caso, a Morales le será muy difícil remontar la cuesta de un caso donde el peso virtual del expediente es mucho mayor que el peso que acusan esas más de cien fojas ya acumuladas en la oficina de la ex concejala justicialista devenida en fiscal.
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