A Bahía Blanca No

Representantes de distingos gremios y organizaciones la multisectorial de organizaciones sociales y de derechos humanos de Río Negro y Neuquén solicitaron ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que no se envíen 22 casos, de víctimas de secuestros y torturas durante la última dictadura militar a Bahía Blanca. La decisión la había tomado la jueza federal de Neuquén, Margarita Gudiño de Argüelles, pero tuvo la apelación de la fiscalía. “Creemos que enviar las 22 causas a Bahía Blanca tiene que ver con una intencionalidad de empezar a cerrar las investigaciones porque aportan mucha información» explicó Pablo Kroulet de la Agrupación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. En su opinión el Juzgado Federal de Bahía Blanca es la más atrasado de todo el país ya que, por ejemplo, hace dos años se enviaron casos de Viedma que aún no se empezaron a investigar. En una nota que puede leerse aquí, se cuestionó el accionar del Dr. Alcindo Alvarez Canale, de quien se dijo: «no sólo fue funcionario de la dictadura, sino también responsable de la fuga del genocida conocido como «Laucha Corres», durante el año pasado».