Denunciaron al Intendente Breitenstein

Una denuncia contra el intendente municipal Cristian Breitenstein, fue presentada el viernes pasado por el fiscal Hugo Omar Cañón. El escrito está dirigido al Ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández. Según el documento, que puede leerse completo AQUÍ, el intendente habría dicho que iba a hablar con autoridades de la Prefectura Naval Argentina, porque «quiere a 20 pescadores presos y que los caguen a palos (…)» . Cañón sostuvo que «en virtud de que la Fuerza de Seguridad Prefectura Naval Argentina se encuentra bajo su órbita, y que la misma podría ser inducida a incurrir en decisiones o conductas que se encuentren al margen de la ley o sean antirreglamentarias, es que pongo en su conocimiento lo expresado. Este Ministerio Público Fiscal, como coincidirá el señor Ministro, debe arbitrar todos los medios para que desde cualquier ámbito del Estado se actúe siempre dentro de la más estricta legalidad». Por su parte, la APDH local, se había manifestado con relación al conflicto por la crisis en el ámbito de la pesca artesanal. El comunicado, que lleva la firma de Eduardo Hidalgo, puede leerse AQUÍ

DENUNCIA CONTRA EL INTENDENTE

Al señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,

Dr. Anibal FERNÁNDEZ

SU DESPACHO.

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro, en relación a la manifestación que pescadores artesanales de esta región llevan a cabo en la ría local desde el 26 de enero del corriente, a fin de llevar a su conocimiento que con fecha 27 de enero del corriente Prefectura Naval Argentina dispuso: “…por razones de seguridad no está dejando salir embarcaciones que provean víveres a los pescadores que están realizando el bloqueo…”, temperamento adoptado a fin de que los manifestantes, por hambre o sed, se vean obligados: “…a deponer su actitud o regresar alguna lancha a puerto desde donde no se la dejará volver a sumarse al bloqueo…”.

Dicha situación, sumada a lo que se explicó desde Prefectura Naval Argentina, en el sentido de que “…una vez que alguno de los barcos inicie la entrada por el canal de acceso, no hay retorno, ya que no hay lugar para maniobras ni menos aún para girar, y que lo que ocurrirá será que el barco sea precedido por algún guardacosta y si los pescadores no se corren, terminarán siendo embestidos, ya que no puede maniobrarse en el canal…”, originó la presentación de una acción de amparo por parte del suscripto ante el Juzgado Federal en turno, a fin de resguardar el derecho de los ciudadanos a manifestarse y, en forma cautelar, el derecho a que se permita su aprovisionamiento de alimentos y bebidas.

Asimismo, hago saber al señor Ministro, para su necesaria advertencia, que en el día de la fecha se presentó una denuncia ante esta Fiscalía General en la que el denunciante hace referencia a dichos que atribuye al Intendente Municipal de esta ciudad, Dr. Cristian Breitenstein, en los siguiente términos: “…me manifiesta que el Intendente está furioso por los agravios hacia su persona y pido hablar con él. Me manifiesta, que ahora no hay más diálogo por parte de él y que va a hablar con el Jefe de la PNA; porque quiere 20 pescadores presos y que los caguen a palos (…) me vuelve a reiterar que no hay más diálogo, que es el Intendente y que ya lo conozco y que no da un paso atrás en esto…”.

En virtud de que la Fuerza de Seguridad Prefectura Naval Argentina se encuentra bajo su órbita, y que la misma podría ser inducida a incurrir en decisiones o conductas que se encuentren al margen de la ley o sean antirreglamentarias, es que pongo en su conocimiento lo expresado.

Este Ministerio Público Fiscal, como coincidirá el señor Ministro, debe arbitrar todos los medios para que desde cualquier ámbito del Estado se actúe siempre dentro de la más estricta legalidad.

Saludo al señor Ministro muy atentamente.

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COMUNICADO DE PRENSA APDH

Nuestros vecinos, los pescadores de Ingeniero White, hace muchos años Puerto Esperanza, viven momentos críticos porque sus derechos no son defendidos y protegidos por el Estado. Su resistencia y manifestación desde hace tiempo viene desenmascarando la ausencia de prioridades en el manejo de los dineros públicos, la irresponsabilidad de TODOS quienes han gobernado los últimos 25 años respecto de la contaminación ambiental, y una notable incapacidad de sensibilizarse por lo que viven estos arriesgados y laboriosos trabajadores.

La respuesta de los funcionarios ha sido:

• Que la problemática de la contaminación no es de ahora porque desde los 60 hay instalada una industria petroquímica (Otharán). La pregunta sería ¿Qué hizo Otharan concretamente desde que vive de la política, para aportar soluciones a esa situación?. Lo decimos teniendo en cuenta que su partido de origen la UCeDe, y el justicialismo menemista al que sigue perteneciendo, minimizaron junto al radicalismo gobernante durante 20 años, las cuestiones graves de contaminación de la ría.

 

• El funcionario que en la supuesta reunión de conciliación pregunto, ¿cuál era la problemática por la que se manifestaban los pescadores?, en una clara decisión de romper la reunión, sin aparecer como responsable y a sabiendas de la tensión existente y de cual podía ser la reacción de los trabajadores convocados. Logró su objetivo. No resolver nada, ganar tiempo vaya a saber para que, burlarse de los pescadores, y que los mismos advirtieran sus intenciones y se retiraran repudiándolos. El intendente no es ajeno a esto. La coherente conducta ideológica de Otharán lo demuestra al decir que se retiraron porque no había consenso y posibilidad de diálogo. ¿De quienes?. Cuando alguien oficialmente se burla así de los trabajadores, no puede esperar otra cosa que repudio, por la sobrecarga que implica el hecho si además se violentan sus derechos y son abandonados por el Estado desde hace años.

La acción interpuesta por la Fiscalía General a cargo del Dr. Hugo Omar Cañon, establece cierto equilibrio en cuanto aparece uno de los poderes del Estado Nacional buscando restituir parcialmente aunque sea el ejercicio de alguno de los derechos de los trabajadores.

El intendente tan proclive a discursos seudo progre, prioriza la inversión de los dineros públicos en la terminal, aeropuerto, peatonal 1 y ahora peatonal 2 con alrededor de $ 40.000.000 que beneficia el negocio de minorías, en contra de aspectos sociales de todo tipo donde los derechos no pueden ser ejercidos y que no se resuelven, como el de los pescadores.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, quiere expresar su solidaridad y apoyo a nuestros vecinos pescadores, advirtiendo incluso sobre los intentos de posibles acciones directas de las fuerzas de seguridad, enmascarados de control y protección.

Eduardo A. Hidalgo – Secretario General – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Bahía Blanca