La disposición de la Cámara de Casación de liberar a Astiz, Tigre Acosta y compañía, vituperada desde el gobierno nacional, frenada por la apelación del fiscal Raúl Plee y ya en camino hacia la Corte Suprema, podría tener un correlato en los casos de ex militares que analiza la justicia federal de Bahía Blanca. “Podría pasar el tiempo y ocurrir lo mismo”, -advirtió el fiscal ante la Cámara Federal Hugo Omar Cañón al poner en evidencia que en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en esta zona en los ´70-, “todavía estamos en veremos, ya que hay un atraso significativo que nos preocupa porque los plazos se pueden vencer y ordenar liberar a los detenidos”. En la Justicia Federal bahiense hay varios pedidos de detención que no se concretan y casos que están listos para ser elevados a juicio oral, sin resolución aún. Entre estos últimos figura el de Julián “Laucha” Corres, un oscuro personaje de tercer orden en la escala militar, pero que saltó a la fama cuando se fugó de la delegación local de la Policía Federal y un mes después fue hallado en la casa de su madre en Villa Constitución.
Hay que recordar que el argumento de Casación para concederles la libertad a los represores de la ESMA fue que se había sobrepasado el plazo legal de detención con prisión preventiva y sin juicio oral.
Cañón, que además es presidente ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, denunció además un “aflojamiento” en las condiciones de prisión de algunos militares procesados, con las primeras medidas de excepción autorizadas por la Cámara Federal local, reducida a cuatro miembros por el reciente retiro del progresista juez Luis Cotter. Entre los casos más significativos, el fiscal mencionó el arresto domiciliario concedido por el tribunal al ex coronel Jorge Enrique Mansueto Swendsen, quien ahora va por más. No conforme con permanecer detenido en un departamento de la zona de Soler y Alsina, en pleno centro bahiense, el militar retirado solicitó ahora cambiar de “celda” y trasladarse a una vivienda del Barrio Patagonia.
Lo que pide Mansueto, jefe del Batallón de Comunicaciones 181 entre 1976 y 1979 cuando tenía el cargo de mayor, no es algo del otro mundo: cada verano, varios bahienses trocan su vida en el tórrido núcleo urbano de cemento y tránsito insoportable por el apacible y silencioso verdor de aquel barrio residencial rebosante de piletas y pájaros de todo tipo y color.
Durante su declaración ante el juez Alcindo Alvarez Canale, Mansueto desmintió haber participado de la represión y dijo haberse enterado “mucho tiempo después” de la detención de varios estudiantes de la ENET 1 en diciembre de 1976 que, luego de pasar por La Escuelita, fueron derivados a los calabozos del Batallón. Si bien reconoció la existencia del centro clandestino de detención, negó haber entrado y mucho menos sabido los tormentos que allí ocurrían. Según Cañón, actualmente el ex coronel “tiene un trato privilegiado”.
En una situación similar se encuentra Walter Bartolomé Tejada, del área de Inteligencia II del Ejército en los años de plomo, también arrestado, en teoría, en su casa. El ex teniente coronel Tejada secundaba en la sección al coronel Aldo Omar Alvarez, aún prófugo de la justicia y por quien se ofrece un importante recompensa. Ambos eran los jefes inmediatos de Corres.
Para el fiscal, esta situación no es casual. “Vemos que a veces la justicia va actuando con unas formas muy disimuladas de lograr estiramientos y no llegar a sentencias, bajo la apariencia de un procedimiento legal de respeto a las garantías” advirtió. Atribuyó esta situación a que “dentro de la justicia y del ministerio público fiscal hay grandes sectores que tienen nexos con la dictadura” y denunció que existen “empantanamiento de los trámites por situaciones de segundo orden, secundarias y que constituyen una burocracia del expediente ”.
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