En julio de 2013, a un año del inicio del Mundial de fútbol y en plena disputa de la Copa de las Confederaciones, Brasil se sorprendió y alarmó por una serie de concentraciones callejeras que paralizaron al país y enfrentaron a la policía con manifestantes en las principales ciudades. Varios reclamos sociales alentaron aquella movilización, entre ellos, la oposición a la suba en el transporte público que, de concretarse, iba a afectar a las capas sociales más bajas. En las primeras líneas de las manifestaciones contra el tarifazo, estaban los motoristas, es decir, los trabajadores de la conducción amparados en sus respectivos gremios. La movilización, aprovechada luego por otros sectores que sólo buscaban el caos y complicar políticamente al gobierno de Dilma Rousseff, acabó con la marcha atrás del ajuste de tarifas del transporte y otras medidas para contener la creciente protesta, aún latente. Además, la movilización marcó un hito: “es la primera vez que las cinco centrales sindicales de Brasil nos manifestamos juntas” rescató por entonces Paulo Pereira, líder de Frente Sindical. En noviembre de 2012, en Bahía (Blanca, no Salvador de Bahía, Brasil), los choferes del transporte público de estos pagos también habían salido a la calle. Muy lejana a la actitud de sus pares brasileños, que se movilizaron para defender el bolsillo de los que menos tienen y no cuentan con otra alternativa que utilizar el colectivo para movilizarse, aquí, los trabajadores de los micros, nucleados en la UTA, marcharon hacia el Concejo Deliberante, para respaldar el aumento en la tarifa propuesto desde el gobierno municipal y forzar su aprobación. La medida de presión no sólo se ejecutó fuera del recinto, con un paro que dejó sin servicio a miles de usuarios, sino también dentro del mismo, muy cerca, sobre las barbas de los concejales de los bloques que se oponían a ese ajuste. Hubo tensión, insultos y hasta el lanzamiento de un petardo, pero el propósito de la movilización, finalmente, se logró: las tarifas subieron al punto de colocarse, como ocurre hoy, poco más de un año después, al tope de las más caras del país. “Es tristísimo que un sindicato haga un paro para pedir un aumento de boleto” sentenció tras la acalorada sesión, la Central de los Trabajadores Argentinos Bahía Blanca-Coronel Dorrego, que calificó a la actitud del gremio de los choferes como “lamentable” y remarcó que “va en contra de la rica y honrosa historia de lucha de los trabajadores”. Cuestionó además que la conducción sindical de la UTA actuara como “fuerza de choque” contra las que se oponían al aumento. También por aquellos días agitados, Ricardo Pera, desde hace varios años el hombre fuerte de la UTA bahiense salió a defender con firmeza la protesta de los choferes. “Con nosotros no joden más” lanzó con poca diplomacia el dirigente y ex funcionario municipal. “A los trabajadores no le meterán más la mano en los bolsillos y menos 24 tipos que reciben los sueldos que pagamos nosotros” agregó el gremialista, en referencia a los concejales. En este verano de 2014, ya como uno más de esos “24 tipos que reciben los sueldos que pagamos nosotros” el flamante concejal Pera busca redimirse, al menos, con una parte de aquel universo de usuarios a los que les metieron “la mano en los bolsillos” y que terminaron pagando (y todavía pagan) uno de los pasajes de micros urbanos más caros del país.
La semana anterior presentó un proyecto para la creación de un boleto universitario que les permita a quienes estudian como alumnos regulares, tanto en la Universidad Nacional del Sur como en la Tecnológica, abonar, al menos, un valor no superior al que paga el pasajero frecuente que utiliza el servicio. La reducción en el costo del pasaje para los alumnos podría ser del 40% sobre el valor de la tarifa plana del servicio. ¿Ataque de culpa? ¿Doble moral? ¿Una particular aplicación de la teoría económica del derrame? Al menos, el edil del Frente Para la Victoria ahora sí parece preocuparse por algo más que el bolsillo de los choferes.
Con Menem, no lo hizo
La propuesta no es nueva y ya en la década del 90, cuando Pera ya era titular de la UTA bahiense, una agrupación estudiantil universitaria lo había solicitado, sin éxito.
Con el paso del tiempo, Pera convenció a los otros tipos, perdón, concejales, de que el sistema de transporte urbano está en condiciones de afrontar ese beneficio para los estudiantes. No vaya a ser que, dentro de un tiempo, aparezca justificando otro aumento para cubrir el mayor costo que implicará el boleto universitario (todavía queda otro ajuste pendiente para abril, que llevará el pasaje mínimo a 5,80, no olvidarse).
Entre los concejales con los debió sentarse a discutir Pera (Pereira, traducido al portugués), está Manuel Mendoza, a quien en aquel acalorado final de noviembre de 2012 en el que se votó el aumento, no dudó en calificar de “mamarracho” en otra demostración de su fino y diplomático lenguaje.
Finalmente, el boleto universitario se aprobó esta semana en el HCD, aunque sin incluir a los alumnos de Institutos Terciarios.
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