(Notas de Usuarios) – El Senado bonaerense termina de dar media sanción al proyecto de ley que impulsa el gobernador Scioli con el propósito de limitar las excarcelaciones y eximiciones de prisión de los tenedores y/o portadores ilegítimos de armas de fuego de cualquier calibre. Proyecto que debió ser morigerado en su versión original a expensas de una medida cautelar dictada por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que anticipaba su segura declaración de inconstitucionalidad. Concomitantemente al impulso de politicas que promueven el incremento de la ya abultada población carcelaria (recordemos que la provincia de Buenos Aires alberga a más de la mitad de los reclusos de todo el pais), jueces y defensores de distintas jurisdicciones han detectado con precisión la falta de provisión de alimentos, medicamentos e insumos hospitalarios basicos a las unidades penales. Hace meses que los presos bonaerenses tienen que alimentarse a base de fideos, arroz y carne picada. Hace meses que faltan de la dieta las verduras, las frutas y los lácteos. Circunstancia que afecta a la población en general, pero particularmente a los que padecen afecciones de diversa índole, como problemas gástricos, diabetes o enfermedades infecto contagiosas. La ración diaria que ingieren los presos se ubica entre los 180 y los 360 gramos.
Del mismo modo, brillan por su ausencia los medicamentos elementales para la atención de las enfermedades más usuales, a la par que se carece de insumos tan básicos como los guantes de látex que deben usar los profesionales médicos para la realización de sus practicas. En los términos precedentes, a los que debe sumarse el creciente deterioro de las instalaciones, la pretensión de continuar incrementando la población carcelaria sin contar con los recursos que garanticen el alojamiento en condiciones dignas, debe ser caracterizado como una politica irresponsable, que coloca en serio riesgo la integridad personal de los privados de la libertad y exponiendo, por añadidura, al Estado argentino a la posibilidad de ser condenado por los organismos interamericanos de protección de los derechos humanos, como ya ocurriera hace pocos años (caso «Verbitsky»).
La Asociación Pensamiento Penal exhorta al gobierno de la provincia de Buenos Aires a abandonar la implementación de politicas probadamente fracasadas, asumir la responsabilidad de garantizar la integridad de las personas actualmente privadas de la libertad e impulsar medidas tendientes a controlar el incremento desmedido de la población carcelaria, por encima de la capacidad real de los establecimientos existentes.
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