En los últimos días, el Tribunal de Cuentas comenzó a notificar a funcionarios y concejales de Bahía Blanca sobre la resolución de la rendición de cuentas del ejercicio contable 2010. El documento, que lleva la firma de su presidente Eduardo Grinberg y varios vocales y puede leerse en este enlace, aplicó multas de $ 2.500 al intendente, actualmente de licencia, Cristian Breitenstein, de $ 2.100 al secretario de obras publicas Rubén Valerio, de $ 2.100 a José Iogna ex secretario de obras y servicios públicos, de $ 2.300 al contador Carlos De Vadillo y de $2.100 al jefe de compras Marcelo Greig. Recibieron amonestaciones Marcelo Ciccola, en ese momento presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Aispuro, en 2010 contador municipal y Ramiro Villalba que se desempeñaba por entonces como secretario de economía y hacienda. En la misma resolución recibieron un llamado de atención la actual concejala Soledad Espina, en su calidad de intendente interina, el ex secretario de gobierno Hugo Borelli y varios empleados municipales que tenían responsabilidad sobre fondos y bienes públicos.
La sanción que cayó sobre los funcionarios se debe a la falta de confección de normas legales respaldatorias del reglamento de la oficina de compras utilizado por la municipalidad y asignación de usuario y clave para que el tribunal, encargado de analizar las cuentas, pueda acceder al sistema informático.
Pero lo más grave de la resolución tomada por el Tribunal refiere a la construcción de la Terminal de Ómnibus donde observa deficiencias en el Expte. Nº 416-4376/06 sobre la tramitación del acto licitatorio, específicamente en dos aspectos:
Primero, en el Presupuesto Oficial, falta de confección y falta de participación de dependencias técnicas municipales, falta de informes sobre metodología utilizada para la actualización de valores, falta de nómina de publicaciones oficiales que se utilizaron para ponderar la actualización de valores y falta de testimonios de los instrumentos legales fijando criterios utilizados y montos de ajustes del presupuesto oficial.
Segundo, en el Pliego de bases y condiciones, falta informe sobre metodología utilizada para la evaluación de antecedentes presentados por la empresa Beltrán, ejecutora de la obra, metodología técnica y parámetros utilizados para evaluar razonabilidad económica de la única oferta.
Además aclara que la documentación respaldatoria de los egresos materializados desde el inicio de la obra en 2006 hasta su finalización en 2010 y de la tramitación de la licitación aportada por los funcionarios en descargos anteriores, fue aportada en forma parcial.
Dentro de lo resuelto por el organismo de control plantea “mantener en suspenso el pronunciamiento definitivo” en el convenio de colaboración celebrado entre el municipio y la empresa Promo-Ver S.A. para la realización de cuatro proyectos culturales en el que hay 10 órdenes de pago que suman en total $ 1.161.600. El Tribunal solicita el contrato y la constancia de los eventos pactados. Este convenio motivó que los concejales opositores presentaran en octubre de 2010 un pedido de informes que se encuentra “dormido” en la Contaduría municipal desde junio de 2011.
Otros contratos polémicos y observados por el Tribunal de Cuentas a la espera de documentación son el alquiler con opción a compra del cine Plaza donde se mencionan 4 órdenes de pago por la suma de $ 186.803 y varias órdenes de pago, más la construcción de la Terminal de Ómnibus por un monto de $ 1.387.891,94 donde faltan los certificados de obra y órdenes por un monto de $ 549.423,48 en concepto de pago de certificado adicional como puede verse aquí y también aquí.
Finalmente el Tribunal les dio un plazo de 90 días a los funcionarios para que paguen las multas y los notificó sobre la creación de un expediente especial donde se deberán seguir tramitando los temas observados.
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