Esta semana el Concejo Deliberante de Bahía Blanca prorrogó por 30 días la emergencia en el servicio público de transporte. Aprobado por unanimidad, el proyecto incorporó algunas de las propuestas de la oposición que el oficialismo había rechazado la semana pasada cuando se discutió el aumento del pasaje. Convocatorias semestrales de las prestatarias a un plenario de comisiones del cuerpo legislativo para considerar el funcionamiento del servicio y el compromiso del Ejecutivo a elaborar informes mensuales acerca de la calidad y condiciones del servicio son dos de los puntos centrales que se incorporaron. También que el gobierno municipal deberá garantizar el monitoreo por GPS online correctamente y que alcance a todas las unidades en circulación, además de la accesibilidad de personas con movilidad reducida que deberá quedar estipulada en los contratos que el municipio firme con las empresas. Quedaron fuera del acuerdo legislativo, la habilitación de una oficina de control donde los usuarios puedan realizar reclamos y el compromiso de que el Ejecutivo arbitre los medios para la sostenibilidad de los empleos que las prestadoras saliente tenían, como puede leerse en este enlace. Este último punto es de gran preocupación y negociación por parte de todos los actores políticos, sindicales y empresariales.
Así quedó demostrado cuando esta semana la empresa Plaza – Mayo entregó al bloque de concejales de Integración Ciudadana una carta en la que solicitan su urgente intervención respecto de la continuidad laboral de más de 40 trabajadores que no serían tomados por las empresas que se harán cargo de las líneas que dejaría la compañía de los Cirigliano. En la documentación presentada a los ediles, consta la nómina de los trabajadores que estarían quedándose sin trabajo, como puede leerse aquí.
Existen múltiples interpretaciones de quién debe responder por estos despidos y quién pagará el costo político de dejar personas en la calle. Muchos de los que integran el listado son personas con poca antigüedad ingresadas por Plaza y de las que los nuevos prestadores no quieren hacerse cargo. Otros sí tienen una buena cantidad de años como choferes de colectivos y sería el personal de las viejas empresas locales. La variable sindical también entra a jugar respecto a quienes están afiliados al sindicato y quienes no. En la documentación presentada ante los concejales, se acusa al actual intendente interino Gustavo Bevilacqua de tener un profundo desconocimiento del pliego de bases y condiciones que dio marco al contrato firmado. Un último dato que llama la atención es la coincidencia del número de personas que quedarían sin trabajo y de las que prescindiría la firma San Gabriel para hacerse cargo del servicio. Según su titular Gabriel Chucariello, utilizarán 56 unidades 0 km para una prestación que los concejales que han seguido el tema necesita tener, según sus estimaciones, 80 unidades en circulación. En esa diferencia en la cantidad de colectivos, se ponen en riesgo los puestos de trabajo.
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