(Notas de Usuarios) – Los acontecimientos que derivaron en la repentina destitución del ex presidente del Paraguay Fernando Lugo, son muy recientes como para poder elaborar juicios definitivos. Sí llama la atención la celeridad de los hechos: el jueves pasado, la Cámara de Diputados solicitó el juicio político del sacerdote devenido presidente y el viernes, en una sesión muy rápida, destituyó al mandatario que gobernaba desde 2008 y que no tuvo la más mínima posibilidad de defensa. También llama la atención la docilidad con que Lugo aceptó su destitución (quizás por razones que nunca sepamos), pese a denunciar a la mafia y al narcotráfico. Enseguida, los presidentes, cancilleres, opinión pública y la prensa salieron a hablar de golpe de Estado cívico-militar. No es una idea descabellada, pues en el pasado reciente América Latina los sufrió durante décadas, por lo general impulsado desde la derecha; viniendo por izquierda, y en lo personal, incluyo la caída del régimen del sargento-dictador cubano Fulgencio Batista (en beneficio de Fidel Alejandro Castro Rus) y de Anastasio Somoza (en Nicaragua y teniendo como beneficiario a Daniel Ortega Saavedra) como un golpe de Estado, y no una revolución como se la conoce, pues el primero es un cambio de personas, mientras que el segundo es un cambio de sistema.
Respecto de lo sucedido en Paraguay, yo le doy otra interpretación (insisto, no definitiva). Considero que el juicio político puede interpretarse como una suerte de «voto de confianza», instrumento propio del sistema parlamentarista, con el que sueña el juez Eugenio Raúl Zaffaroni para una eventual (y no deseada) reforma constitucional; en Europa, cuando un primer ministro o presidente de un país tiene un problema político o económico-social muy serio se somete a la voluntad del Parlamento, donde un voto positivo permite al gobierno cuestionado continuar con sus actividades, o uno negativo lo hace caer y convocar a elecciones anticipadas.
Otro aspecto interesante para analizar respecto de lo acaecido en la hermana nación paraguaya es el doble discurso en boca de los mandatarios, pecado que no es sólo latinoamericano. La presidente Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner condenó el hecho como un golpe y retiró al embajador argentino Rafael Romá de Asunción, pero hace un tiempo atrás, se reunió con su par de Angola, José Eduardo dos Santos, un señor que gobierna la ex colonia portuguesa desde hace 32 años y con serias denuncias de violación a los derechos humanos. Ni hablar de la relación con Hugo Chávez Frías, presidente que cada 4 de febrero convoca a un desfile militar en conmemoración del fallido golpe de Estado contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez (4 de febrero de 1992).
Como si fuera una devota defensora de las instituciones, nuestra presidente habla de democracia hacia afuera; pero, hacia adentro, los gobernantes hacen caso omiso de las reglas del juego democrático. ¿Puede llamarse demócrata una mandataria que no convoca a reuniones de gabinete, ofrece conferencias de prensa ni llama a los partidos políticos de la oposición para tratar asuntos de Estado Nacional?. ¿Puede decirse que existe democracia cuando el Poder Ejecutivo no cumple con las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (devolución del 82% móvil a los jubilados, extradición del terrorista Sergio Galvarino Apablaza Guerra a Chile y retorno de Eduardo Sosa como procurador general de Santa Cruz)?. ¿Se debe dar clase de Educación Cívica cuando se mandan al Parlamento Nacional leyes para ser aprobadas en 24 horas, sin cambiar punto y coma alguno?.
Pareciera que no. Pero muchos practican a menudo la frase: haz lo que yo digo, más no lo que yo hago.
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