En los alegatos de la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el ex V Cuerpo de Ejército, la doctora Mónica Fernández Avello dedicó un capítulo especial a la violencia sexual sistemática a la que eran sometidas las mujeres y los hombres cautivos en los centros clandestinos de detención y torturas de Bahía Blanca. “Cuando esta violencia es perpetrada por agentes del Estado en el marco de su actuación como tales es aún más devastador el efecto en las víctimas pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió que tiene un efecto ejemplificador para el resto y así (…) dice: ‘La utilización del poder estatal para violar el derecho de las mujeres en un conflicto interno, además de afectarle a ellas de forma directa puede tener el objetivo de causar un efecto en la sociedad a través de esas violaciones y dar un mensaje o lección’”, puede leerse en este resumen.
Contemplar las violaciones como un delito autónomo en el juzgamiento de los crímenes del Estado terrorista de la década del ’70 en las causas que se desarrollan en el país es un punto que aún está en discusión. De hecho, la propia abogada advirtió que si bien “forman parte de los delitos de lesa humanidad, lamentablemente no fueron requeridos en este juicio, lo cual no significa que no hayan existido, que no haya habido abusos sexuales y violaciones”. Sin embargo, desde junio de 2010, la justicia cuenta con el precedente sentado por el tribunal oral marplatense presidido por el cuestionado magistrado local Leopoldo Velázquez al condenar al represor Gregorio Molina como explica el abogado César Sivo en esta nota.
Por otra parte, en el marco de la investigación de los crímenes de la Armada Argentina durante la dictadura en la que intervienen el juez Eduardo Tentoni y el fiscal Abel Córdoba, fueron detenidos tres ex marinos acusados de haber formado parte «del plan criminal, clandestino e ilegal implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas». Se trata de Jorge Emilio Portugal y Rómulo Augusto Illa, detenidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Hernán Álvaro Hermelo quien se presentó en el Juzgado Federal Nº1 como puede verse en este comunicado de la Fiscalía.
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