De los 26 expedientes del COPROTUR que el Ejecutivo municipal de Bahía Blanca envió al Concejo Deliberante, uno de los más comprometidos parece ser el de la Feria Una Sola Bahía (USB). Aquí pueden leerse los tres pedidos de subsidios que el presidente del ente, Sergio Paladino, realizó a la comuna y que el intendente en uso de licencia, Cristian Breitenstein y sus secretarios de Gobierno y Economía, Fabián Lliteras y Ramiro Villalba respectivamente, resolvieron en tiempo récord. Observando las actas de los meses anteriores y posteriores a la realización de la “Tecnópolis del Sur” no se da cuenta de resoluciones, debates, comentarios ó votaciones del consorcio turístico en relación a esta actividad señalando la discrecionalidad del Ejecutivo en el funcionamiento y gestión de recursos públicos. Como Solo Local publicó en El Coprotur a la Justicia, concejales y concejalas del Frente Integración Ciudadana y la UCR denunciaron ante la Fiscalía General las supuestas irregularidades en el funcionamiento y manejo de fondos del COPROTUR. Mientras esta semana el Concejo Deliberante de Bahía Blanca desaprobó la creación de una comisión ad hoc para que investigue cómo fueron utilizados los fondos públicos, un sector de la oposición hizo la presentación sospechando que se “habrían realizado numerosas contrataciones sin que el Directorio participara de su decisión”, violando el reglamento interno, y confeccionando irregularmente las actas de las reuniones de Directorio.
Estas acciones violarían varias normativas municipales y del código penal. Los denunciantes ponen la lupa sobre el mecanismo de otorgamiento de dineros de libre disponibilidad del Departamento Ejecutivo al COPROTUR incurriendo “en el otorgamiento de subsidios reiterados al organismo sin haber completado el rendimiento de los anteriores, cuestión que viola el artículo 134 del Reglamento de Contabilidad.”
En la denuncia, los ediles manifiestan sobre este punto que “los contenidos de estas actas no incluyen el tratamiento de contrataciones por parte del Directorio, sino reiteradamente el presidente ‘informa’ sobre algunas actividades o decisiones”. Sobre el final de la presentación judicial los legisladores solicitan “se investigue la comisión de delitos conforme los arts. 174, 260 y 268 y concordantes del Código Penal” que prevé penas de 2 a 6 años para el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública, inhabilitación especial de un mes a tres años para un funcionario público.
Fuente foto: Tiempo Industrial
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