Con el proyecto de expropiación de las acciones de Repsol en YPF viento en popa en el Congreso, en poco tiempo más se verán los efectos en Bahía Blanca. Dos se relacionan con la propiedad de un par de empresas radicadas a comienzos de 2000 en el polo petroquímico: Profertil y Compañía Mega. Como se publica en esta nota, por un lado el Estado argentino pasará a controlar la mitad de la empresa que produce fertilizantes y que pertenece también a la canadiense Agrium. Por otro, entrará en la administración de la empresa donde se realiza el proceso de regasificación desde 2008 y en la que también tallan la brasileña Petrobras y la estadounidense Dow. Así, una vez que se consume la expropiación, desaparecerán las banderitas españolas de la imagen elaborada por Proyecto Sur y que aparece publicada en esta nota. El gran interrogante de estas horas es cuál será la actitud del Estado argentino, ya con el control mayoritario de la petrolera, con el Proyecto Gas Natural Licuado Puerto Cuatreros que YPF y Enarsa impulsan desde el año pasado y que aún no cuenta con el aval ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. En las últimas horas, las organizaciones vecinalistas y ambientalistas que rechazan la localización del polo regasificador en General Cerri exigieron del Concejo Deliberante una definición política al respecto. Un dato interesante: en su exposición ante el Senado, el ministro de Planificación y el viceministro de Economía exhibieron como uno de los argumentos a favor del avance sobre Repsol, la política de pasivos ambientales de la empresa. «El medio ambiente no se rifa y tiene precio» dijo, como se puede leer aquí, Julio De Vido. Esperemos que la posición se mantenga al momento de decidir sobre el dragado a Cerri.
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