Una denuncia penal contra responsables de siete empresas radicadas en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, un funcionario municipal y otro provincial tramita desde la semana pasada ante la justicia federal de nuestra ciudad. Involucra a los directorios de PBB Polisur y Dow, Solvay Indupa, Profertil, Compañía Mega, Petrobras Argentina, Transportadora de Gas del Sur y Oiltanking Ebytem. A estas firmas se las demanda, como se puede ver siguiendo este enlace, por la posible comisión de los delitos de «contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y la adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables«. La denuncia, presentada ante el Juzgado Federal 2 a cargo del juez subrogante Santiago Martínez, alcanza también a Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental de la municipalidad de Bahía Blanca y José Manuel Molina, Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de Buenos Aires, en estos dos casos por la probable comisión de los delitos de encubrimiento. En la presentación judicial se afirma que los hechos denunciados son «de cabal conocimiento de los funcionarios públicos» quienes a criterio de los demandantes están «especialmente obligados a formular esta denuncia«. Sobre la base de los informes oficiales del Comité Técnico Ejecutivo, los considerandos de la resolución ministerial 208/2010 y la clausura del Balneario Maldonado, los patrocinantes de la demanda piden al juez que considere la comisión de esos delitos «en grado de flagrancia» y disponga la detención de los presuntos responsables. La aludida resolución 208 del año pasado fue emitida por el ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires para disponer la reconversión de la flota pesquera artesanal bahiense y establece, como se puede leer aquí, «que de los estudios científicos-técnicos realizados por esta Autoridad en la Ría de Bahía Blanca se desprende que el incremento del polo industrial ha provocado una disminución del producto de la pesca«.
«Las figuras delictivas denunciadas contemplan en ambos casos conductas que engendran peligro para la salud» advierte la demanda. «Los presuntos delitos se consuman cuando la adulteración, envenenamiento y/o contaminación se concreta sobre aguas ó sustancias alimenticias destinadas al uso público ó al consumo de una colectividad de un modo peligroso para la salud» agrega.
La denuncia penal contra los directivos de las siete empresas y los dos funcionarios fue presentada por los abogados Lucas Omar Beier y Luis Osvaldo Arellano quienes, como Solo Local informó en esta nota, patrocinan otra demanda en representación de un grupo de pescadores artesanales, que reclaman un resarcimiento por la escasez de pesca atribuída a la incrementada actividad industrial en torno al estuario bahiense. En ese expediente judicial, como se puede leer aquí, las empresas responsabilizaron a ABSA por el estado de la ría. Ahora los letrados proponen al juez una serie de medidas de prueba y el testimonio de una treintena de personas, en su mayoría pescadores. Al momento de la sentencia, solicitan para los responsables de los presuntos delitos denunciados el máximo de la pena prevista.
Solo Local 