(Notas de Usuarios) – No fueron ni serán pocos los eventos que demuestran un marcado desinterés de nuestros gobernantes por dar información sobre temas sensibles a la población. Si esa información es obligatoria por ley, o en este caso por ordenanza, es notable ver y sentir cómo buscan dificultar el acceso al conocimiento sobre temas públicos, como lo son el medioambiente y la intervención de espacios comunes, entre otros. En vísperas de llevarse adelante la audiencia pública por el proyecto de dragado presentado por YPF en la zona que comprende desde puerto Galvan hasta puerto Cuatreros, se puso a disposición de los interesados la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en la municipalidad de Bahía Blanca para ser leída y/o fotocopiada por todos los que quieran informarse. Hasta aquí todo medianamente en regla; pero es menester comunicarle al público que el cuerpo de la EIA contiene más de 1500 hojas y que el costo para fotocopiarla está cercano a los $400. Sin mencionar que leer semejante documento en el municipio excede las posibilidades de cualquier humano. Si primaran la inteligencia y el interés de mantener informada a la población, tanto el secretario de gobierno Fabian Lliteras, como el subsecretario de medioambiente Eduardo Conghos, pondrían esta información importante en formato digital y en un sitio web para su consulta y/o descarga. Con el objetivo de hacerlo posible, se propone enviar a los funcionarios
esta nota-tipo para garantizar el acceso digital a la EIA.
Este gobierno, en un intento por democratizar el acceso a internet, instaló en la Plaza Rivadavia el acceso libre y gratuito por wi-fi, pero en contrapartida no demuestra interés en democratizar la información pública con ejemplos como la quita de información del sitio web del municipio y este sobre la información del dragado.
Por otra parte el acceso a archivos digitales, hoy masificado, debería ser una política que impulse la subsecretaria de Medioambiente con el fin de reducir las impresiones y por consiguiente el uso de papel y de tintas que producen, ambos, un enorme impacto en el ecosistema.
Democratizar el acceso a la información y a internet ya no es una opción; es una necesidad y pensar en reducir inteligentemente el impacto en el medioambiente es una obligación.
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