Oficios por el Dragado

Cinco organismos científicos de la ciudad fueron requeridos por la Defensoría Federal de Bahía Blanca para que informen sin demoras sobre tres aspectos vinculados al Proyecto Gas Natural Licuado Puerto Cuatreros. La solicitud se enmarca en la actuación preliminar 404 iniciada por ese organismo judicial a petición de la ong Tellus. Como se puede leer en este oficio, se les pide que informen fundadamente sobre: la viabilidad ambiental de dicho proyecto, las medidas que se estiman de imprescindible adopción para mitigar el eventual impacto ambiental del mismo y si se tiene conocimiento ó constancia del cumplimiento de la normativa vigente vinculada al caso. Junto al oficio, el defensor público oficial Gabriel Jarque envió a esas instituciones una serie de constancias respaldadas en publicaciones periodísticas elaboradas con la información aportada por los promotores del proyecto YPF-Enarsa y el Consorcio de Gestión del puerto de Ingeniero White. Sobre la base de ese material y cualquier otro estudio ampliatorio que se conozca con posterioridad al pedido realizado hace dos semanas, los organismos deben responder «con la mayor celeridad posible y que la situación impone«, según se lee en el oficio. Solo Local pudo saber que al menos dos de las instituciones consultadas por la Defensoría ya respondieron al cuestionario. Una de las entidades requeridas es el Instituto Argentino De Oceanografía, organismo que ya dio a conocer en este documento su posición sobre el escaso margen de tiempo con el que cuenta para analizar la Evaluación de Impacto Ambiental de la iniciativa y opinar a favor ó en contra del proyecto antes de la audiencia pública convocada desde la municipalidad para el próximo 16 de noviembre en General Cerri.

Las respuestas recibidas hasta el momento en la defensoría federal, una de las cuales respondería a un organismo de la Universidad Nacional del Sur, no diferirían demasiado de la postura pública que adoptó el IADO: esto es que sobre la base de la información disponible y atento a la complejidad del tema, no se puede emitir aún una opinión concluyente acerca del pedido judicial. Ambas contestaciones remarcarían también la necesidad de conformar un equipo específico de científicos para que se aboque, en el sitio que sería afectado por la radicación, al trabajo de campo que permita obtener conclusiones serias y responsables sobre el impacto al medio ambiente de la iniciativa público-privada. Las respuestas que ya obran en la sede judicial de Alsina 509 aludirían además a que deben ser «los organismos competentes» los que se pronuncien en primer término acerca de los interrogantes que plantea el defensor. En ese sentido, la alusión sería para el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires, responsable de aceptar, rechazar ó proponer modificaciones al estudio de impacto ambiental que la joint venture formada entre YPF y Enarsa elaboró para que se le permita avanzar con la inversión que involucra instalar un puerto regasificador móvil y un muelle doble en cercanías de Puerto Cuatreros, previo dragado del estuario hasta ese sector. En la defensoría aguardan recibir en los próximos días las respuestas de los otros tres organismos consultados, uno más de la UNS y dos de la Universidad Tecnológica Nacional, facultad regional Bahía Blanca.