(Notas de Usuarios) – Es una tarea ardua resumir, en pocas líneas, cómo las decisiones del Estado afectan a la sociedad, al vecino, en términos de calidad de vida en el mediano y largo plazo. Ni que hablar si en éste análisis se incluye como variable de estudio cual será la calidad de vida de las futuras generaciones de bahienses. Hemos observado que, en las últimas semanas, se están difundiendo o publicitando las ventajas que traerán aparejadas las nuevas radicaciones industriales en la zona del Puerto de Bahía Blanca. El análisis del Proyecto Vale –ex Río Tinto- merece un comentario especial. Más allá de la potencialidad y los beneficios que esta radicación podría traer a la ciudad -significativos en materia laboral en la etapa de montaje, luego casi nulos- y los beneficios económicos que significarán las exportaciones desde el puerto local, aún algunos profesionales del área, tenemos ciertos reparos respecto del comportamiento ambiental de esta empresa, considerando sus antecedentes. No obstante esta apreciación personal, creemos que hay un aspecto a evaluar seriamente, y es el comportamiento del municipio en este caso.
El Gobierno Municipal, junto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible –OPDS- trabajo activamente en la etapa de evaluación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto industrial -de la planta de compactación, acondicionamiento y despacho en buques-. En la aprobación del EIA a nivel local también participaron activamente representantes del consorcio de gestión del puerto y ONG’S ambientalistas locales.
Los hechos ocurridos y difundidos durante las últimas semanas, cuyo eje central de discusión fue y es la relocalización del Proyecto Vale, dejan al desnudo la siguiente situación: la municipalidad actúa como si no conociera el estado del trámite, como si se hubiera enterado hace un par de meses que VALE se localizaría al lado del predio de la Centra Termoeléctrica. La empresa VALE lleva varios años gestionando todos los permisos correspondientes a nivel provincial y local, obteniendo la totalidad de las aprobaciones y permisos pertinentes, y cumpliendo con todos los pasos legales, por lo que el gobierno municipal no puede hacerse el distraído al respecto.
No resulta factible, en el corto plazo, establecer la relocalización del proyecto en un área sensible -Zona Puerto Cuatreros-, que no ha sido evaluada ambientalmente. Esta opción no se puede tomar a la ligera si se pretende que se sustente en cuestiones técnicas más que económicas.
El objetivo de estas líneas no es defender la actividad empresaria ni mucho menos, simplemente creemos que en algún momento se debe comenzar a trabajar, en materia ambiental, de manera coherente, planificada y responsable en las gestiones que se realizan tanto desde el gobierno local, provincial como nacional.
El Proyecto Vale parecería que va o tiene que ir de la mano con el “Megaproyecto” de YPF y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que contempla tres componentes principales: a) el dragado de apertura y profundización del Canal Principal (14 metros) entre Galván y Cuatreros, una dársena de giro y deposición del material en humedales cercanos, b) la construcción del muelle de atraque, instalaciones de descarga (en unas 30 ha) y operatoria de los buques y c) la construcción del gasoducto.
El “Megaproyecto” de YPF debe estar sustentado en estudios técnicos que evalúen seriamente cual es el costo o impacto ambiental sobre las zonas sensibles del estuario local, considerando la gravedad de la afectación y determinando la conveniencia o no de la localización elegida.
Debemos aprender de experiencias similares alrededor del mundo: cuando se planifica sin considerar la cuestión ambiental, el daño producido es irreparable.
El Megaproyecto de YPF se localizará en el extremo noroeste del estuario de Bahía Blanca conocido como Embudo Interno, sobre la ribera norte del canal y a tan solo 2.000 m de la población de General Cerri. Según profesionales en la materia, esta zona ha sido identificada por varios investigadores locales como un área donde aún quedan humedales costeros en buen estado de conservación, de gran valor y altamente sensibles al impacto humano, siendo además una de las 20 áreas de conservación de aves migratorias más importantes de Sudamérica. En la decisión de la localización del emprendimiento no se puede obviar esta situación, ni evaluar someramente los conflictos ambientales que seguramente van a surgir.
En el sector de Puerto Cuatreros existen diferentes aves migratorias y especies que se encuentran en peligro de extinción, como la gaviota cangrejera. Esta zona es reconocida a nivel nacional e internacional y esta declarada como Área de Importancia para la Conservación de Aves. Además, las especies que habitan en esta zona están protegidas por la Ley Nacional Nº 23.918 de la Convención sobre Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres.
La falta de conciencia ambiental en el desarrollo industrial se evidencia a cada paso. Voceros del municipio indican las ventajas que existirán cuando se “le gane tierra al mar” y se puedan localizar nuevas industrias. Nosotros nos preguntamos, ¿y el acceso al recurso por parte de la ciudadanía? ¿y la protección de las flora y fauna del lugar? ¿y el proyecto de crecimiento ordenado de manera sustentable? Uno estima que debe existir un buen diálogo entre las autoridades portuarias y las municipales, a efectos de diagramar de manera conjunta el crecimiento y desarrollo de la ciudad en estos sectores de alto valor, no sólo para el vecino, sino también para la vida de todo el ecosistema.
El derecho ambiental está considerando como un derecho que transpone todas las ramas del conocimiento existente. La protección del medio ambiente no se traduce en una acción puntual, en una actividad aislada: proteger el ambiente para nuestro disfrute y el de nuestros hijos significa cambiar nuestra mentalidad, obligándonos a ser más racionales, más responsables y más profesionales a la hora de tomar decisiones que afectarán la calidad de vida de los vecinos de la región y los recursos que se intentan proteger.
El Estado, en todos sus niveles, debe velar fundamentalmente por el sostenimiento y mejora de la calidad de vida del ciudadano, por el bien común. La protección del ambiente y el desarrollo sustentable deben ser, sin lugar a dudas, políticas de estado, que transponen, afectan y enmarcan todas las decisiones de gobierno. Este es el camino ideal que debe buscar, como dijimos, el beneficio común para todos los habitantes de la región. Cualquier otro camino elegido, sustentado sólo en cuestiones económicas, políticas o de otra índole, beneficiará a unos pocos, en detrimento de los escasos recursos naturales vírgenes que aún poseemos en la región, y sobre los cuales tenemos el derecho a disfrutar y el deber de proteger.
Enviado a Solo Local por Lic. Sebastian Serra, Partido GEN
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