DDHH: Un Juicio con Fecha, en la UNS y con Algunas Polémicas

adroverEn plena feria judicial, la Cámara Federal de Bahía Blanca dispuso dar marcha atrás con cerca de medio centenar de excarcelaciones de procesados en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad que se sustancian en esta ciudad. Desde la primera semana de enero a la fecha, los cuarenta y siete involucrados, ex militares, policías y agentes penitenciarios cuyo listado completo puede verse aquí, fueron siendo recapturados y enviados a distintas unidades penales. Sólo unos pocos aún están prófugos. Otros imputados de graves violaciones a los Derechos Humanos, sin embargo, todavía gozan del beneficio de la libertad mientras avanzan los procesos en su contra, con aval de un par de magistrados. Se trata de aquellos que están a disposición del Tribunal Oral Federal que, a partir del mes de abril según publica en esta nota , comenzará juzgar en el aula magna de Avenida Colón 80, a todos en audiencia oral y pública. En ocho resoluciones del mismo tenor, una de las cuales puede verse en este enlace, los jueces Leopoldo Velázquez y Beatriz Torterola, desconocieron el peso de las disposiciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2010 y de las cuales se había valido la Cámara bahiense para revisar la liberación de aquellos cuarenta y siete procesados a comienzos de año. Los magistrados del Tribunal Oral, que desestimaron la solicitud del fiscal Abel Córdoba para revocar ocho excarcelaciones, opinaron que no han surgido «nuevas circunstancias» que justifiquen el pedido del representante del Ministerio Público y opinaron que la jurisprudencia fijada por la Corte sólo se trata de «una nueva interpretación del Máximo Tribunal de la Nación, pero sólo eso», como puede leerse en la resolución del 22 de febrero último.

La situación del ex militar beneficiado por la decisión de los jueces Velázquez y Torterola que cita Solo Local es un caso paradójico. Mientras esa resolución le bastaría a Norberto Eduardo Condal para garantizarse la libertad hasta el momento del juicio, en el que deberá verse frente a frente con ambos magistrados y un tercero, Martín Bava, asignados para juzgarlo, pesan sobre él antecedentes, vinculados con otros hechos delictivos del mismo tenor, que obligan a mantenerlo preso. En mejor posición quedaron los otros siete procesados beneficiados con el desestimiento del Tribunal para revocar sus excarcelaciones quienes sí pueden caminar por las calles libremente. No pueden hacer lo mismo los casi cincuenta ex militares alcanzados por la decisión de la Cámara, pese a que todos están imputados del mismo grado de delitos, de los más gravosos que hoy contempla el Código Penal argentino. Dos posturas absolutamente opuestas sobre una situación similar. Algo bien difícil de entender.

 

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