(Notas de Usuarios) – El debate sobre la baja de imputabilidad está de nuevo instalado. Y se da precisamente en un año electoral, en donde uno de los temas que más preocupan a los argentinos en las encuestas es el de la creciente inseguridad. El gobernador bonaerense Daniel Scioli, su principal puntero político en nuestra ciudad, Dámaso Larraburu; el actual intendente, Cristian Breitenstein y, desde luego, Eduardo Duhalde (a través su madeja de poder en la provincia de Buenos Aires) han sido más que claros y oportunistas a la hora de expresar su total acuerdo respecto a bajar la imputabilidad desde hace mucho tiempo. Siempre se alinearon con la postura de la “mano dura” en materia de seguridad. El planteo de fondo es racional. No lo es la ausencia de un debate sobre las causas profundas del fenómeno, ni mucho menos sobre las más que previsibles consecuencias. Un menor de 14 o 15 años hoy no es el mismo de hace 70 años, cuando se redactó el código penal procesal para menores. ¿Es lógico por ello que se modifique este último?
El punto es que el debate se instala como una reacción espasmódica frente a ciertos hechos puntuales, excepcionales, pero tan sorprendentes a veces que intentan ocultar lo que ocurre en el terreno donde se toman las decisiones.
Jueces prevaricadores, políticos corruptos, maniobras electorales para que permitan perpetuarse en el poder y en el manejo de cajas de miles de millones de dólares. Sobre estos temas, todos hechos delictivos fenomenales e increíbles, poco se ocupan los legisladores.
Falta de racionalidad y debate
No hay una racionalidad serena y programada que contemple a su vez todas las causas por las cuales un menor de edad en Argentina hoy llega con tanta facilidad a la frustración y la desesperanza, que lo dejan en estado de virtual abandono social. En ocasiones niños expuestos desde la marginalidad a entrar en el mundo delictivo que fomentan los adultos. Bajar la imputabilidad sin debatir por qué ese menor llegó a ese punto es una postura muy peligrosa e irresponsable: es una modalidad distractora. Una sinvergüenzada. Peligrosa porque no es nuevo que los menores históricamente fueron reprimidos horriblemente, hacinados, desconsiderados, abandonados, empleados como rehenes para reclamos corporativos; medicalizados, abusados , prostituidos y forzados como mano de obra para la comisión de hechos delictivos.
El efecto en los casos de “gatillo fácil”
Es más que evidente que estas políticas -bajar la imputabilidad- implica hoy en nuestro país el riesgo de incrementar los casos de «gatillo fácil», en que algunas personas de las instituciones policiales abusan del poder que la sociedad les ha dado para garantizar la seguridad. Esto es así porque en la mayoría de esos asesinatos han sido realizados hacia niños, de bajos recursos y en situación de marginalidad. Todo esto se utiliza para justificar lo injustificable e intentar armar las coartadas en las que se criminalizan a las víctimas y se las pretende convertir en delincuentes a los que hay que poner en su lugar, incluso mediante su muerte violenta.
La medida hoy en una provincia como la de Buenos Aires, por ejemplo, es tomada como una manera de intentar quitarle gravedad al asesinato injustificado de un menor en un caso de “gatillo fácil”, en tanto la víctima sería imputable. La nueva versión del «algo habrán hecho» hoy tendrá más argumentos trasnochados y discriminatorios. No sólo se matará a menores por ser pobres y marginales.
Ahora también serán imputables y más fácil blanco de la pulsión criminal de las denominadas fuerzas del orden en favor de unos pocos.
Enviado a Solo Local por www.giulianogallo.org, organización que promueve Sonia Acuña, madre de Giuliano. Ver más detalles en http://www.giulianogallo.org/inicio/iquienes-somos.html
Solo Local 
Debe estar conectado para enviar un comentario.