Está siendo investigado desde el año 2008 por la presunta violación a la Ley Penal Tributaria durante el período fiscal 2005. Al actual presidente del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, se le imputa haber evadido el Impuesto al Valor Agregado, en un monto de $ 439.485,90 y el Impuesto a las Ganancias por la cifra de $ 691.045 durante aquel año, según cifras de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El juez Santiago Ulpiano Martínez, subrogante del Juzgado Federal 2, había dictado una falta de mérito a favor de Gerardo Rafael Salas, pero la apelación de la fiscalía encontró eco en la Cámara Federal de la ciudad. A fines de 2010 y con los votos de los jueces Ricardo Planes y Augusto Enrique Fernández, el tribunal anuló la decisión del magistrado de primera instancia por considerarla arbitraria y le ordenó que dicte una resolución «debidamente fundada». El fallo de la Cámara, que recién se conoce ahora, puede consultarse aquí. El delito que se le atribuye a Salas, en su condición de abogado particular, es una infracción al artículo 1 de la ley 24.769 que prevé una pena de dos a seis años de prisión para su autor.
