Con el Agua Sucia y las Deudas sin Pagar

(Análisis) – Rebecca Mark era CEO de Enron, la empresa que controlaba Azurix, cuando se la vió en Bahía Blanca juguetear con su anillo de diamantes, hace casi 10 años,  mientras ensayaba explicaciones sobre  los mismos problemas que tenemos ahora: sin fuentes alternativas de provisión de agua y con líquido maloliente saliendo de las canillas. Eran tiempos de Eduardo Duhalde al frente de la gobernación de Buenos Aires, cuando el entonces hombre fuerte del peronismo bonaerense nos prometía «Bahía Paraíso», discurso inventado que nadie creía, salvo unos pocos interesados. Es el mismo Duhalde que  una década después, aspira a la presidencia del país. La privatización de Obras Sanitarias a manos de Azurix le costó a los bonaerenses no sólo las penurias de un servicio de mala calidad, sino un juicio internacional, ya que en un fallo que quedó firme, se condenó al país a pagar 165 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, sentencia que aún no se acató y por la cual Azurix  le reclama al gobierno de Obama que expulse a la Argentina del SGP, un sistema de preferencias mediante el cual varios exportadores argentinos pueden ingresar al mercado estadounidense sin pagar tarifas. Como si todo esto no fuera poco, en 2003, a poco de creada ABSA, se sancionó un nuevo marco regulatorio, que aún  hoy sigue escondiendo rincones no iluminados por la luz de la opinión pública, como la silenciada diferenciación entre “agua corriente» y agua potable”, de la que nadie habla. En septiembre del año pasado, la Dra. Verónica Cáceres, investigadora del CONICET, presentó los resultados de una investigación académica en el IV Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos (ver texto aquí). El trabajo, titulado «Reflexiones sobre el Rol del Estado en la Provisión del Agua Potable«, denuncia que el marco regulatorio habilita a ABSA, de forma legal, a ofrecer a los usuarios agua que en términos de calidad, no reúne todos los requisitos para ser considerada potable. Según Cáceres, que es profesora de Economía doctorada en Ciencias Sociales, la provincia se vale de ese argumento para evitar la necesidad de realizar mayores inversiones en las plantas potabilizadoras.

Azurix había entrado al mercado argentino en julio de 1999, tras desembolsar 438 millones de dólares por la concesión de los servicios en La Plata, Bahía Blanca, la costa atlántica, la región del oeste y el norte del conurbano.

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Rebecca Mark (ver aquí), no pudo solucionar el problema del agua de los bahienses en el año 2000, pero ese mismo año sí fue capaz de vender acciones de Enron por 80 millones de dólares, justo pocos meses antes del colapso de la compañía, en 2001. El anillo que lució Mark en Bahía Blanca resultó ser el de su compromiso con Michael Jusbasche, con quien se casó en 1999. Por entonces tenía mellizos de un matrimonio anterior (hoy universitarios) y con su nuevo marido adoptó un niño de Kazajstán.