(Notas de Usuarios) – La toma de tierras del Parque Indoamericano supone el análisis en dos dimensiones. La primera, el mal manejo de la crisis por parte Macri, la tardía reacción política por parte de la Presidenta y la distraída mirada de un gobernador que cree que no es parte del problema. Sin embargo, los hechos acontecidos en los últimos días, dejan una vez más al desnudo la falta de una política de estado sobre el crecimiento de las ciudades y especialmente en el acceso al suelo urbanizado. En los últimos años hay un hecho recurrente que ha sido reprimido como ninguno con la fuerza “de la ley”: la toma de tierras. La toma de terrenos no es un justificativo para el uso de la fuerza. Familias, mujeres y niños, han sido maltratados en acciones ordenadas por la justicia y por políticos para preservar terrenos privados o fiscales. Asistimos reiteradas veces –en Buenos Aires, el conurbano y también el interior de la provincia y del país- al uso de armas, palos y topadoras para desalojar asentamientos. Ahora, a tales actos, hay que sumar cuatro muertes.
La toma de tierras en el Parque Indoamericano es solo una pequeña muestra de los amplios sectores de población que no pueden acceder a una vivienda digna. Si nos preguntamos ¿cuánta es la población que no puede comprar un terreno –el más económico- en una ciudad?, sin duda estaríamos hablando de no menos del 60% de la población. La capacidad de ahorro y el acceso al crédito son dos factores que están muy lejos del grueso de la sociedad. Si a eso le sumamos un mercado inmobiliario que se mueve libre como ninguno, generando un ámbito propicio para la especulación, podemos acordar que el “sueño” del terreno propio es cada vez más lejano.
¿Es un problema de la economía?. No, toda vez que hay suelo urbano, es un problema de distribución y por lo tanto de la política. Hay que recordar que el suelo, como factor de producción, es uno de los que más acentúa la inequidad en la distribución de la riqueza.
Pero suelo hay. Constantemente se urbaniza. Se hacen importantes negocios en torno a las urbanizaciones. De hecho, transformar suelo rural en urbano es más rentable que la soja.
El problema es que las urbanizaciones que se autorizan están destinadas a sectores muy pudientes. El Gobierno tiene mucha experiencia en desarrollos urbanos. Lo ha demostrado en Santa Cruz, valorizando fuertemente la tierra en lugares turísticos como el Glaciar Perito Moreno. Lo demuestra consecuentemente, durante todos los gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires, autorizando y promoviendo loteos cerrados o abiertos de muy baja densidad. Y lo demuestran intendentes, como en Tigre, donde la urbanización de barrios náuticos tendrá inexorablemente impactos medioambientales que seguramente llevaran costos que todos paguemos.
Suelo hay, pero no se urbaniza. Existen significativos lotes fiscales, que el Estado retiene sin explicar mucho para qué. Sólo a manera de ejemplo: la Base Aérea de Morón tiene 600 hectáreas enclavadas en pleno corazón del conurbano. Lo único que se ha hecho en más de veinte años de gobierno peronista es autorizar una cancha de golf en ese predio. Algunos son muy valientes para quitar un cuadro, pero les falta coraje para tomar la decisión de destinar predios a urbanizaciones sociales.
Solo utilizando una tercera parte de dicho predio -200 hectáreas- se puede dar lugar para vivir a 80.000 personas, calculado en base a una densidad de 400 habitantes por hectárea (menos de la mitad de lo que autoriza la ley para áreas con los servicios básicos). No estamos refiriéndonos a villas miseria, sino a una ciudad que brinde lugar a varios sectores de la población, ese 60% al que nos referíamos y que hoy no tiene a donde ir.
La ciudad funciona con la lógica de una economía de aglomeración, por ello es fundamental asociar segmentos con diferentes ingresos que permitan complementariedades y a su vez oportunidades. Las buenas sociedades se construyen con la diversidad y la integración. No promocionando ghettos de ricos y de pobres.
El Estado se encuentra en óptimas condiciones para promover desarrollos urbanos sociales, poniendo a disposición suelo estratégico como el citado y dando opciones de crédito en función de las posibilidades de las familias. Allí es donde debe localizar con criterio los indispensables equipamientos de educación, salud, seguridad, transporte y recreación.
Pero también el Estado debe imponer suelo con destino social a los mega emprendimientos inmobiliarios que semana a semana aparecen ofertados en diversos medios gráficos. Una imposición que obligue a destinar el 10% de una nueva urbanización con destino social (no regalado, sino con un precio fijado por el Estado), brindaría sólo en el recientemente anunciado emprendimiento “Puertos del Lago” en Escobar, unas 140 hectáreas de tierra para sectores medios y bajos de nuestra sociedad. O sea, suelo sub-urbano para más de veinte mil personas. Proyectos como éste duermen en las comisiones de nuestra legislatura.
A favor del Gobierno Nacional podemos decir que su política de vivienda ha permitido construir más casas en las gestiones de Kirchner y Fernández que todas las construidas del ’73 al ’03. El problema es que la demanda crece más rápido que la oferta. Y que las desigualdades se acrecientan, alejando aún más de la solución a aquellos que menos oportunidades tienen.
Es fundamental definir claramente una política; que brinde más oportunidades en el interior, que ponga a disposición la tierra fiscal con proyectos concretos, que regule equilibrando beneficios a los emprendimientos urbanos de alta gama, que fortalezca fiscalmente al Estado en lo concerniente a los tributos a la propiedad y a leyes que necesitan reformarse como la de expropiaciones.
Reconocemos y nos consustanciamos con todos aquellos argentinos y los que han decidido venir a vivir a nuestra tierra, con sus dificultades de acceso a una vivienda digna, como tan claramente lo consagra nuestra Constitución.
Reconocemos y valoramos a todas aquellas organizaciones sociales que, desde muchos sectores, trabajan silenciosa pero valientemente por los derechos de la ciudad.
Nos sentimos orgullosos de las tareas que realizan nuestras universidades, con profesores y alumnos compenetrados con los desafíos que se presentan a diario.
Tenemos en claro que, la única forma para terminar con los grupos especulativos que usan la miseria de la gente para su propio provecho es con una política de estado que brinde claras posibilidades para el acceso a un lote urbanizado, una vivienda digna o un alquiler formal.
La reciente toma de tierras (una más, pero con más difusión) es sólo la punta de un problema que tiene la mayor parte de nuestra sociedad.
Por eso estamos convencidos que hay que impulsar un pacto social de la tierra urbana, que nos permita acordar estrategias de corto, mediano y largo plazo que solucionen el problema de fondo.
Enviado a Solo Local por José María Zingoni, Senador Provincial GEN
Fuente Foto superior: https://sololocal.info/wp-content/uploads/2010/12/22143-parque2bindoamericano.jpg
Foto adjuntada al texto: Base Aérea de Moron, 600 hectáreas
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