En fallo dividido, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el procesamiento de la abogada María Antonieta Guiñazú Mariani, la docente de la Universidad Nacional de La Pampa que reivindicó la dictadura. Fue cuando gritó en esa casa de estudios que los desaparecidos están «todos bien muertos». Los hechos sucedieron en 2009, en el marco de una muestra de fotografías de víctimas del terrorismo de Estado. Tras su procesamiento por apología del crimen, los camaristas bahienses Angel Alberto Argañaraz y Augusto Enrique Fernández, consideraron que la imputada ejerció el derecho a expresar libremente sus ideas. Ricardo Planes votó el disidencia, argumentando que en nuestro país se probó la conducta criminal de los ex comandantes y que por ende, la exaltación o elogio de sus delitos concretos y para peor, haciendo elogio de la crueldad, constituyen apología del crimen. Las acciones de Mariani no se limitaron a sus dichos. Según publicó hoy el Diario de La Pampa, también intentó destruir las fotos y atacó a un militante de derechos humanos, diciéndole «tus familiares están bien muertos». El fallo tuvo poca difusión al menos al día de la fecha, salvo el diario Página 12 y la reproducción que aparece en el blog del escritor bahiense Diego Martinez, tal como se lee en este enlace. Mariani ahora enfrenta un juicio académico en la universidad, proceso que aún no concluyó. En la provincia de La Pampa se desarrolla el juicio contra represores que actuaron en esa jurisdicción; esta semana se conoció el alegato del fiscal, como puede leerse en este link, Para ver la lista de pampeanos desaparecidos durante la última dictadura militar haga clic aquí. Para ver imágenes de los acusados en La Pampa siga este enlace.
En La Pampa, una provincia sin acciones armadas ni grupos radicalizados, docentes y médicos comenzaron a ser señalados poco antes del golpe, por sectores reaccionarios.
De los presos políticos detenidos el 24 de marzo, siete pasaron años en la cárcel, tres denunciaron torturas por parte del grupo de tareas de la Subzonal 14.
El terrorismo de Estado tomó en un área marginal la forma de la detención ilegal y la tortura, cuando no la censura, las listas negras y la persecución. Estos grupos siguieron los objetivos se propusieron las jerarquías militares: por un lado diseminar el terror entre los “sospechosos” o la oposición política; por el otro consolidar la imagen del orden entre los poderes que respaldaban al régimen y la población en general.
En la provincia funcionaban al menos dos centros de detención clandestinos “permanentes”: uno en la planta alta de la Seccional Primera. Algunas comisarías, sobre todo las de General Pico, hacían las veces de lugares donde eran retenidos los secuestrados hasta su traslado. También hubo otros centros de tortura “provisorios” o “temporales”. Al menos hubo nueve sitios donde se aplicaron tormentos, entre ellos el puesto de camineros de Jacinto Aráuz y en las comisarías de Catriló y Angil. Los tormentos y los interrogatorios servían para arrancar confesiones, declaraciones o datos dispersos que permitieran identificar nuevos “blancos” y hasta por el mismo objetivo de infundir el terror. Hubo dos casos en los que las detenciones clandestinas fueron colectivas. El 14 de julio de 1976 Jacinto Aráuz fue rodeado por militares y allanado el Instituto José Ingenieros. Fueron secuestrados cuatro docentes y un vecino. Los cincos secuestrados fueron torturados en el puesto camineros de la Ruta 35 cercano a la localidad y pasaron varios meses y algunos hasta dos años en la Unidad Penal 4.
Enlaces relacionados del caso Guiñazu Mariani:
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=56407
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