Las empresas Dow-PBB Polisur, Solvay Indupa, Profertil, Mega, Petrobras, TGS, Cargill, así como ABSA, no cuentan con el seguro obligatorio que exige la Ley General del Ambiente a todo actor que realice actividades riesgosas para el ecosistema. El juez Santiago Martinez ordenó una medida preliminar, en el marco de una demanda iniciada por 52 pescadores artesanales de Ingeniero White, mediante la cual pidió a las empresas, que informen si cuentan con cobertura obligatoria suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudieren producir. Las compañías respondieron que no. Tal como informamos a fines del 2009, más de medio centenar de pescadores artesanales de Ingeniero White y el ambientalista Juan Schroder iniciaron una demanda por Daño Ambiental Colectivo, contra las empresas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, ABSA y los gobiernos nacional y provincial. La acción, motivada en la contaminación del estuario de Bahía Blanca, fue presentada ante la Justicia Federal el 23 de diciembre de 2009, (ver primera hoja aquí y siguientes en el álbum documental al que se accede mediante este enlace ).
Con el patrocinio de los abogados Luis Osvaldo Arellano y Lucas Omar Beier el expediente Nº 44.531/ 2009 “Schroder, Juan y otros c/Solvay Indupa S.A. y otros s/Daño Ambiental Colectivo, Medida Cautelar, Diligencia Preliminar”, tramita en el Juzgado Federal nº 2, Secretaría 4 de Bahía Blanca.
Una de las primeras consecuencias de la demanda, fue la comunicación del inicio de la causa al Procurador del Tesoro de la Nación. Esto se debe a que el Estado Nacional fue demandado por omisión de controles por parte de la Prefectura Naval Argentina y por el no cumplimiento de la Ley de Pesca Nacional.
El juez también ordenó comunicar la existencia de este juicio a la Comisión Nacional de Valores, ya que la demanda tiene directa incidencia en el valor accionario de los títulos de las empresas demandadas.
Martínez, dada la trascendencia del caso y por encontrarse comprometido el interés general, (ver documento mediante este link), decidió convocar a que expresen su opinión sobre el juicio a todos los actores sociales que se sientan involucrados o afectados por la problemática de la contaminación de la Ría. El fiscal federal Dr. Antonio Castaño ya fue notificado y se encuentran reunidos los requisitos legales para la prosecución de esta acción. La siguiente etapa es la notificación de la demanda a todos los demandados.
Consultados los representantes legales, éstos manifestaron que sus representados no están de acuerdo con la reconversión de la flota pesquera y no corresponde tenerlos por incluidos en las manifestaciones de algunos dirigentes del sector. Para ellos, “implica meter la basura bajo la alfombra” y lo que desean es que se deje de contaminar y que se recomponga lo dañado.
A las muchas pruebas de la contaminación existente se sumó el reconocimiento expreso por parte del Estado: el 13 de octubre pasado el Ministro de Asuntos Agrarios, Dr. Franetovichi firmó la Resolución 208/2010 (ver aquí), donde reconoce expresamente que: “…de los estudios científicos realizados por la autoridad de la Ría de Bahía Blanca se desprende que el incremento del polo industrial ha provocado una disminución del producto pesca. Que como consecuencia de ello las embarcaciones que allí operan ven reducida su actividad laboral….”
Los actores demandantes entienden que queda absolutamente claro que la ría está contaminada por la actividad industrial en sus costas.
Por otra parte hay quienes habían dicho que la merma de la pesca en la ría no era causada por la contaminación (argumento ahora dado por tierra por el propio Ministro) sino por la sobrepesca en la boca del estuario. Los demandantes se preguntan si siendo así ¿es coherente y responde a una buena política pesquera y de conservación del recurso entregar más barcos para que mas pescadores sigan depredando más aguas afuera?
En resumen piden a la Justicia que se condene a quienes contaminan a que:
1) Cesen los vertidos de agentes causantes de daño ambiental colectivo al ecosistema de la Ría.
2) Realicen las acciones necesarias para la recomposición de los daños colectivos ambientales causados.
3) Adecuen cualquier sistema de disposición de residuos que se viertan al ecosistema de la Ría a niveles tales que eviten la emisión, y posterior acumulación, de agentes contaminantes.
4) Adopten todas las medidas necesarias para evitar los perjuicios que causan al medio ambiente en ocasión y con motivo de su actividad.
En el marco de la causa, también que se condene a las empresas a integrar un fondo a favor de la Municipalidad de Bahía Blanca, para compensar los perjuicios que la comunidad toda viene sufriendo (tal, por ejemplo, la clausura por contaminación del Balneario Maldonado)
Como correlato de la demanda por daño ambiental colectivo, los abogados presentaron asimismo demandas civiles a fin de solicitar a la justicia que ordene que el Estado Nacional, Estado Provincial, ABSA S.A. y empresas del Polo Petroquímico, reparen a los pescadores artesanales de Ingeniero White los daños económicos sufridos a causa de la carencia de captura de crustáceos y peces dentro del estuario de Bahía Blanca.
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