El reclamo por una justicia más rápida y efectiva no se oye sólo puertas afuera de los tribunales. También dentro del propio Poder Judicial de la Nación. La Unidad Fiscal de Bahía Blanca remitió varios recursos de Queja por Retardo de Justicia a la Corte Suprema por la demora en que está incurriendo la Cámara Federal bahiense en resolver la situación de numerosos procesados por delitos de lesa humanidad. «La morosidad evidenciada por la Alzada local al resolver el mérito de las imputaciones pendientes importa de postergación indefinida de la posibilidad de dilucidar la responsabilidad penal de los imputados involucrados en los hechos investigados» advierte el titular de la Unidad, el fiscal Abel Córdoba, en dos oficios enviados al fiscal general Jorge Auat, a cargo de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado. En los anexos del oficio 350, primera foja y segunda foja y en el anexo del oficio 351, figuran los nombres de los involucrados, cuya situación judicial permanece indefinida desde hace varios meses. Los recursos de queja involucran tanto a procesados en la causa del Quinto Cuerpo de Ejército instruida por el juez federal Alcindo Alvarez Canale como en el expediente de la Armada cuya instrucción, a cargo del juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, comenzó más tarde y por lo tanto se encuentra más retrasada. Llamativamente, luego de que ambos oficios llegaran a manos del fiscal Auat, uno de los casos que se encontraba trabado fue resuelto por la Cámara Federal bahiense. Es el del ex coronel Carlos Alberto Arroyo cuyo procesamiento fue confirmado por el tribunal, como Solo Local informó en Procesado, Gracias a la Democracia..
En uno de los oficios enviados a su superior, Córdoba recuerda que en esta ciudad ya se ha elevado a juicio a dieciocho procesados y resalta que el debate oral podría contener un número mayor de imputados, si la Cámara resuelve los recursos de apelación pendientes. Si ello no ocurre, serían necesarios más juicios «con la consiguiente afectación para la actividad jurisdiccional, amen de la múltiple exposición de las víctimas y testigos a los avatares de un juicio oral» advierte el fiscal. bahiense. Solo Local informó en Ex Militares no Tienen Quién los Juzgue que la preparación del primer juicio oral por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca se demoró inicialmente por la excusación de dos jueces originales del Tribunal Oral Federal encargado del plenario. Aunque el tribunal acusador ya quedó conformado con un juez de Neuquén y una jueza jubilada, aún las audiencias no tienen fecha de inicio ni lugar de realización. Mientras tanto, el tiempo corre y provoca efectos. En uno de los oficios enviados al fiscal Auat, Córdoba recuerda que durante el trámite de la causa vinculada al Quinto Cuerpo de Ejército «han fallecido sin ser juzgados, relevantes imputados de encumbrado desempeño en la cadena de mandos militares». Menciona los casos de los ex comandantes de ese Cuerpo, generales Abel Catuzzi y Osvaldo Azpitarte, el general Acdel Vilas (ver Muere Símbolo de la Represión Militar), los jefes y segundos jefes del Destacamento Inteligencia 181 durante los años 1976 y 1977 González, Scarnati Almada y Losardo ó interrogadores con notoria participación en las torturas aplicadas en el centro clandestino La Escuelita como Santiago «Tío» Cruciani. Finalmente, el fiscal ante la Cámara Federal de Bahía Blanca agrega los recientes fallecimientos del ex oficial del Servicio Penitenciario Leonardo Núñez, como Solo Local informó en Otro Lugar Vacío en el Banquillo de los Acusados y el del ex juez federal Guillermo Federico Madueño (ver Cayó el ex Juez Federal Madueño).
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