Luego de que se recabaran miles de firmas de la ciudadanía, el Concejo Deliberante de Tigre, en presencia de la familia Urbani, del Intendente Massa y de legisladores de distintas fuerzas, decidieron por unanimidad pedir el juicio político de los jueces de Responsabilidad Penal Juvenil. El presidente del cuerpo deliberativo manifestó que era inadmisible la medida que tomó el tribunal; el intendente dijo que suena ilógico que un tribunal provincial aplique una ley nacional y no una provincial (¿?).
Realmente pareciera que la ignorancia y el oportunismo no tuvieran límites, y lo más lamentable es que gran parte de la prensa colabora con ese discurso de la demagogia punitiva, difundiéndolo en forma complaciente y acrítica. Por caso, un diario se refirió a “los jueces que beneficiaron a los asesinos” y también se expresó que la condena quedó en suspenso. Respecto a las explicaciones reclamadas por Casal, los jueces dieron a conocer un comunicado que tuvo escasa difusión en los medios periodísticos.
Y bien, ¿qué cosa tan novedosa y absurda resolvió el tribunal?. Por mayoría decidió que el hecho debía encuadrarse como homicidio en ocasión de robo y no como homicidio agravado como lo requerían las acusaciones. Se trata de un tema que tiene que ver con consideraciones jurídicas y de valoración de la prueba entre dos figuras o delitos que poseen puntos de contacto. Si hubiera un error, aunque siempre se debe recordar que el derecho no es matemática, el mismo será corregido en instancias superiores, que para eso están los recursos.
Resulta absurdo hablar de impunidad cuando se aplica una figura que prevé penas de 10 a 25 años de prisión.
Y estos jueces ¿se volvieron locos al mantener la detención y diferir la aplicación de la pena hasta que los procesados cumplan los 18 años?. La Ley provincial 13.634, que regula el proceso de menores, establece que una vez concluido el debate, el tribunal debe absolver o declarar responsable al joven y aplicarle una o varias medidas que no son penas (orientación, apoyo, obligación de reparar, reglas de conducta, derivación a los servicios locales). También establece que el régimen es aplicable a todo joven punible según la legislación nacional que fuera imputado de un delito en jurisdicción de la provincia (arts. 32, 56 y 68).
Es decir que la ley provincial no establece que deba aplicarse una pena luego del debate. Y ¿por qué es esto?, porque rige la Ley nacional 22.278, que tiene treinta años de vigencia, y en su art. 4 dispone que para imponer una pena a un menor deben darse los siguientes requisitos: a) que previamente se haya declarado su responsabilidad penal; b) que haya cumplido 18 años de edad; y c) que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año.
Realmente resulta bochornoso y obsceno aprovechar el dolor de los familiares de la víctima y la justificada preocupación de la sociedad para obtener réditos políticos y pretender disciplinar a los jueces de esta provincia para obligarlos a fallar contra el sistema que diseña la constitución, afectando la división de poderes y la independencia judicial.
Habiendo llegado a estos niveles de absurdo, bien se podría propiciar el cierre de las facultades de derecho, la supresión de la función judicial y que la culpabilidad de los procesados, las calificaciones jurídicas de los hechos delictivos y las penas a aplicar sean decididas por los concejos deliberantes del lugar, previas consultas populares. O bien, suprimir la defensa y que los jueces deban receptar sin chistar las postulaciones de los acusadores.
Esperamos que finalmente prime la sensatez y ese disparatado y absurdo pedido de juicio político no prospere. Ello por el bien de la institucionalidad y de la separación de poderes, que tanto se declama y poco se cumple. Sería deseable también que ciertos funcionarios con responsabilidades políticas, en vez de lanzar fuegos de artificio en dirección de la demagogia punitiva, se ocuparan en serio de que los miles de jóvenes que no estudian ni trabajan empuñen un libro o una herramienta en lugar de un arma.
Enviado a Solo Local por Dr. José Luis Ares
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