Universidad pública no es sinónimo de universidad para todos. Pese a los avances logrados desde la reforma de 1918, la gratuidad del acceso a los estudios superiores está lejos de garantizar que todas las capas de la sociedad argentina accedan efectivamente a ese nivel de educación. Y no es sólo una cuestión económica, ya que existen otras barreras que frenan la justa universalidad del derecho a obtener un título universitario. En los últimos años, en particular en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, se han realizado acciones para incorporar a las carreras que allí se dictan, a los que no pudieron finalizar por diferentes motivos sus estudios secundarios. A través de convenios con PAMI, cientos de abuelos han logrado acceder a tomar cursos de contenidos diversos y sentir la satisfacción de recibir un diploma de una universidad. La última acción en pos de la integración surge de los consejeros superiores que representan a Generación UNS. Proponen un marco regulatorio para asegurar que los jóvenes discapacitados tengan garantizada la finalización de sus estudios universitarios. A través de una nota enviada esta semana a las autoridades de la UNS, que puede leerse aquí, han fundamentado la iniciativa y solicitado su tratamiento por parte del Consejo Superior.
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