Soy estudiante de abogacía en la UNS. No nací en Bahía Blanca, pero todo parece indicar (relaciones afectivas, amigos, posibilidades laborales) que luego de recibirme, aquí me quedaré. De allí que de un tiempo a esta parte, a través del singular prisma que me va ofreciendo la formación que me brinda la carrera, haya comenzado a observar ciertas idiosincrasias locales como quien pretende comprender ciertos códigos con los que, sin llegar a compartirlos, tal vez deba habituarse a convivir.
Que quede claro, no vengo de otro planeta, si no apenas de poco más de 100 kilómetros de distancia, pero me sentí muy extraño cuando allá por octubre de 2008 (aclaro: es un dato se puede chequear en Google. No pretendo pasar por memorioso) el actual intendente municipal disparó aquella declaración estremecedora respecto a que “los menores que delinquen con armas y se drogan no merecen ser recuperados”.
Confieso que cuando la leí, la vi por televisión y la escuché por radio, imaginé que se vendría una condena generalizada muy fuerte a semejante postura. Según me enseñaron algunos profesores, es justamente en nombre de la libertad, que no se pueden siquiera permitir exabruptos tales. Ejemplo excesivo pero, espero, capaz de iluminar: reivindicar la tortura no es algo que ingrese dentro del campo de lo opinable.
Más recién llegado por entonces que ahora (y por ende, más iluso), conjeturé que estando el doctor Breitenstein supuestamente alineado con un gobierno nacional de pretendida visión progresista al punto tal de no tolerar funcionarios que estén mínimamente relacionados con las dictaduras (y sus postulados) habría un fuerte llamado de atención, alguna crítica por parte de algún funcionario nacional de alto calibre, el pedido de una clara rectificación…
Nada de eso ocurrió y cuando movido por una suma de curiosidad e indignación, comenté el tema con los mismos docentes de derecho que me enseñaron qué es lo que, precisamente, nunca se puede tolerar en nombre de la tolerancia, casi todo lo que recibí por respuesta, con gesto de resignación, fue el mismo nombre de la ciudad.
Debo reconocer que desde entonces a esta parte, he conocido a muchos bahienses que no sólo no adhieren para nada a esa forma de pensar si no que la repudian. Sin embargo, eso no quitó que enfocase mis sentidos al respecto, porque así como los hay que sí, también los hay que no… y no sólo no son pocos, sino que hasta militan sus posturas.
Meses después de aquella terrible declaración, asistí como otros muchos a una conferencia realizada en el Aula Magna de la UNS, referida, precisamente a la relación entre derecho y seguridad.
Fue a fines de mayo de 2008 (otra vez Google) y expusieron el juez Ares, el fiscal Fernández y el diputado Feliú. Eso sí me lo acuerdo, como también que estaba invitado el doctor Montezanti (nombre imborrable para todos los que estudiamos abogacía) y no fue porque hubo en la puerta del rectorado una manifestación en su contra.
Creo que a la gran mayoría de los presentes y en especial a los expositores, quienes con claridad y contundencia fundamentaron a favor de respetar a rajatabla las denominadas “garantías constitucionales”, nos invadió un escozor y hasta un poco de vergüenza ajena cuando a la hora de la posibilidad de las preguntas finales, un abogado preguntó muy suelto de cuerpo a los disertantes si no creían que “ habida cuenta la inseguridad reinante, no había llegado el tiempo de replantear el concepto de garantías constitucionales”.
Menciono que al respecto, la contestación del juez Ares no dejó ningún lugar a dudas por su contundencia y su fundamentación lo que no quitó que al terminar la actividad, preguntara a un conocido, tan atónito como yo, si sabía quien era el autor de tan temeraria afirmación.
“Se llama Gustavo Barbieri y es defensor oficial”, me respondieron.
No recuerdo si lo dije o si lo pensé, pero me pregunté que expectativas de protección podían tener aquellas personas por caso de bajos recursos que pudieran ser acusadas injustamente de un delito al quedar en manos de un funcionario que, precisamente, cree que hay que quitar garantías en lugar de respetarlas y promoverlas.
También recuerdo que comenté que me hubiera gustado que además del juez Ares, ante tan inquietante afirmación de un defensor oficial, llegara una respuesta del diputado Feliú, a quien también tuve como profesor de Derecho Constitucional en mi carrera. No la hubo, aunque al comentarlo, alguien me dejó claro que este legislador no comparte para nada la línea política de la que forma parte el intendente de la ciudad.
Lo cierto es que poco después, en otra conversación, me enteré de otro argumento inquietante: Barbieri fue, como abogado, el primer socio del actual intendente, a quien lo une una relación de años, desde los tiempos en que ambos iban al secundario en el colegio Don Bosco.
¿Es sólo una casualidad que dos personas tan estrechamente ligadas puedan tener posturas tan del mismo tenor sobre un asunto tan delicado?
El tema es que siguen las “coincidencias”: a finales del año pasado, una semana antes de asumir como presidente del Concejo Deliberante, el también abogado Marcelo Ciccola, se despachó con su reclamo de endurecer las normas penales y aplicar más “mano dura” como forma de brindar más seguridad y adecuar las “garantías constitucionales” a “la realidad social”.
Eso le valió recibir el rechazo de buena parte del arco opositor el día de su puesta en funciones en el cargo.
Más aún, ante un pedido de otro edil para que, en nombre de lo que le costó a nuestro país que algunos llevaran a la práctica tales pensamientos, el presidente del HCD considerara la posibilidad de rectificar sus dichos, el presidente del bloque de concejales oficialistas, el también abogado Fabián Lliteras, no vaciló en afirmar que semejante postura podía inscribirse “dentro del amplio espectro del disenso sobre la libertad de expresión” y no conforme con eso, al haber quedado la votación al respecto empatada, el propio Ciccola no dudó no solo en votar si no en hacer valer la condición de doble valor del sufragio del presidente, para inclinar la balanza a su favor. Es decir que con una ética muy cuestionable, exprimió las “garantías” que la asistían a su investidura para zanjar una diferencia a su favor.
Para sumarme más inquietud, recientemente, a través de un escrito del ex intendente Rodolfo Lopes que se publicó íntegro en este mismo sitio, se pasó detallada revista a incontrastables antecedentes del hoy diputado provincial por el kirchnerismo, Iván Budassi, también abogado, que dan cuenta de una nula afinidad de su parte a causas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, a partir de los cuales, sin demasiado temor, se lo puede incluir en la misma corriente ideológica de sus colegas antes mencionados.
Al comentar todas estas llamativas similitudes entre funcionarios de una u otra manera vinculados a lo que puede denominarse el “oficialismo” local con otro docente de mi carrera (hago aquí la salvedad que por lo que me consta, el abogado Barbieri no tiene cargos políticos pero si tuvo o tiene, por lo menos una relación personal y laboral con el actual intendente) me remitió a quien puede ser considerado jefe político de todos ellos (o por lo menos de la mayoría, ya que no puedo afirmar que también lo sea de Barbieri), es decir el ex diputado nacional Dámaso Larraburu.
Decidí entonces recurrir una vez más al Google e ingresar la siguiente búsqueda: “Dámaso Larraburu + endurecimiento de penas” y así pude enterarme que numerosas iniciativas en tal sentido, incluyendo algunas para reducir la edad de imputabilidad de los menores, fueron propiciadas por este dirigente durante su actuación como legislador nacional, cuando presidió la comisión de legislación penal.
Con estos datos en la mano, le pregunté entonces a este profesor, porque a su criterio, no era éste, por lo menos, un tema de debate mucho más presente en la sociedad bahiense y me explicó que una de las posibles respuestas debería rumbear hacia una escasa predisposición de los medios de comunicación más tradicionales de la ciudad a poner sobre el tapete una cuestión sobre la que tienen una postura ideológica muy definida, la cual suelen militar (pido que se me conceda que no es esta última una palabra utilizada con dobles intenciones) toda vez que pueden, a través de editoriales que para muchos resultan escalofriantes.
Como dije al principio, tengo planes de quedarme a vivir mi vida en esta ciudad y ejercer mi profesión en ella y desde esa perspectiva, me parecería muy saludable que la defensa de las garantías constitucionales, como herramienta fundamental para la salvaguarda de los derechos humanos, deje de ser siquiera materia de discusión por ser, precisamente, uno de esos asuntos en los que no ceder ante la más mínima duda o cuestionamiento al respecto equivale a fortalecer la libertad, la tolerancia y la igualdad ante la ley.
De allí que me llame la atención esta suerte de “denominador común” que se percibe de parte del oficialismo local, el cual se contrapone de manera tan manifiesta con la tesitura impuesta a nivel nacional, en especial desde 2003 en adelante.
Me animo a pensar que quizás estemos habitando una época de cambios irreversibles en tal sentido. Un período todavía inicial, pero también fundacional. Tal vez, una prueba de ello es que quienes pensamos en este sentido y tenemos muy claro, por formación y por aplicación del sentido común, que no es con “mano dura” ni “metiendo bala” ni mucho menos retrocediendo en el sendero de los derechos individuales como podrán solucionarse problemas sociales como el de la inseguridad y no tenemos cabida para divulgar nuestras opiniones en los medios de comunicación tradicionales, contamos ahora con la posibilidad de expresarnos en espacios como éste, si dudas, en franco y constante avance en relación a tribunas más tradicionales y también bastante más cerradas.
Enviado a Solo Local por Juan Eduardo Carrasco
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