(Notas de Usuarios) – Los hechos transcurren en una ciudad muy importante, ubicada en las puertas del sur argentino. A los problemas cotidianos de toda gestión local, originados por el dinamismo propio de un conglomerado urbano – transporte publico colapsado, caos en el transito vehicular, obras públicas sin terminar- se le suma el drama que aflige a los ciudadanos comunes: la inseguridad. Y no es una “sensación”, como algunos funcionarios gustan decir, para justificar la incapacidad de encontrar soluciones al flagelo. Al contrario, se trata de un hecho concreto, fácilmente comprobable. Bastaba solo con leer los titulares del principal diario de la ciudad ó escuchar y observar los noticieros radiales y televisivos para darse cuenta que, casi todos los días, ocurría un hecho delictivo que afectaba la integridad, física y moral, de los vecinos. Esos mismos vecinos se preguntan y lamentan, en conversaciones de café, en sus lugares de trabajo, en las reuniones familiares, de cómo puede ser que una veintena de delincuentes pueden tener en jaque a toda una sociedad; y lo que resultaba mas llamativo aún, de porque las autoridades no actuaban en consecuencia. ”Todos saben quienes son y donde viven”, expresan masticando bronca. Ante tal cuadro de situación, el Intendente, abrumado por la realidad y la contundencia de los hechos, una mañana decide tomar cartas en el asunto para cambiar la historia. En la soledad de su despacho oficial recordaba que, al asumir la responsabilidad de gobernar esa ciudad que pretendía proyectarla a nivel nacional, se había propuesto colaborar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos sus habitantes. Y la imaginaba con un solo protagonista: el vecino.
Ese vecino que desde su casa tuvo la generosidad de confiar en él, que desde su trabajo ó desde su comercio apostó al futuro, que desde el servicio voluntario-social, gremial o empresarial, lo apoyó y lo ayudó a construir su gobierno y no lo dejó solo. Por todo eso, ahora sentía la necesidad y la obligación, como funcionario y servidor público, ante sus vecinos, de responderles y no fallarles.
El Intendente, un hombre formado académicamente en la ciencia del derecho, comprendió que ya no bastaba con deslindar las responsabilidades, tanto de los recursos como así también de las decisiones referidas a este aspecto tan sensible del presente de la ciudad, la inseguridad, al gobierno provincial ó nacional.
Entonces, tomo su teléfono y llamo, personalmente, a todos los funcionarios públicos que consideraba deberían colaborar con él para resolver el flagelo que azotaba a los ciudadanos. De inmediato, legisladores, concejales, fiscales y jefes de Policía respondieron a la convocatoria y se hicieron presentes. Delante de todos ellos expresó enfáticamente: “Señores, a partir de este momento, con la Constitución y el Código Penal bajo el brazo comenzaremos a actuar con firmeza para terminar con la delincuencia que azota nuestra ciudad, que ataca ancianos indefensos, a comerciantes que pagan los impuestos para que el Estado abone nuestros sueldos, que ocasiona daños en la propiedad pública y privada y lo que es peor aún, provoca la muerte de vecinos honestos, todos ellos hombres y mujeres de bien. Sepan los miembros de la Justicia y su brazo auxiliar, la Policía, que cuentan con el apoyo del poder político local”.
Todo lo actuado fue dado a conocer mediante difusión pública y a partir de ese momento cada uno de los participantes involucrados comprendió lo que debía hacer para cumplir con su deber y dar respuestas concretas a los ciudadanos.
Algunos recordaron una frase, atribuida a Cicerón, y que ha circulado por ámbitos académicos y editoriales de todo el mundo: “Las leyes se han hecho para el bien de los ciudadanos; cuando las leyes callan pueden sonar las armas”.
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