(Notas de Usuarios) – La sentencia recaída sobre el periodista Jorge O. Palacio, su evasión inicial luego de conocido el fallo y su posterior reaparición, “internado por problemas de salud en la casa de uno de sus patrones”, ha merecido diversos comentarios y reflexiones en varios medios de comunicación de Bahía Blanca y, por supuesto, no ha escapado a la comidilla de los ciudadanos en varias mesas de café. El tema da para hilar mucho y muy fino, pero no es mi intención hablar de generalidades, permítaseme llamarlas así, pues para eso están otras personas; en suma, no me interesa aquí el tema de lo certero del fallo judicial, tampoco si Palacio debe esperar la apelación del mismo en libertad o no, la pericia e independencia del experto designado para su examen, Dr. Eduardo Wrobel, y, mucho menos, si debe ir preso o no por el delito cometido. Quiero, por mi parte, referirme a un tema puntual que a mi entender reviste suma importancia y que, al parecer, se ha tocado sólo de oído, o no se ha tocado, sin darle la importancia que merece, ni reparar en las consecuencias que de él se desprenden: me refiero, específicamente, al estado actual de la sanidad penitenciaria, a la realidad que viven quienes allí se desempeñan y los sujetos que allí deben asistirse. Por ello, por conocer el tema, y por ser el único responsable de estas reflexiones, es que utilizo la primera persona para escribir estas líneas.
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Aprovecho, asimismo, los mayores límites, y consecuentemente la mayor posibilidad explicativa que permite el ciber espacio, mucho más amplio que el soporte papel o los tiempos de la radio y la televisión. Si el amable lector encuentra auto referencias a artículos o trabajos del firmante, ello no es por soberbia sino, antes bien, para denotar una continuidad de pensamiento sobre el tema que hoy me ocupa. El análisis merece un poco de historia.
La salud de las personas privadas de su libertad estuvo siempre atada a los destinos del Servicio Penitenciario Bonaerense, es decir, los médicos que allí trabajamos respondíamos a órdenes del Escalafón General lo que, sin duda alguna, traía sus complicaciones. A partir del año 2005, mediante Decreto N° 950, el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, procede a la separación de ambas estructuras -la de seguridad y la de tratamiento sanitario- creando, en ese momento, la Dirección General de Salud Penitenciaria o DGSP, para cubrir las necesidades sanitarias de las personas privadas de libertad. A partir de ese momento, esta superestructura con sede en la Ciudad de La Plata funcionó con más o menos altibajos hasta que, en los últimos dos años, asumió un nefasto titular, hoy afortunadamente alejado del cargo, cuya gestión no sólo fue paupérrima en todo sentido sino que, además, retornó, como principal método de trabajo, al oscurantismo y persecuciones propios de la Edad Media. Mantengo el nombre de este oscuro personaje y sus adláteres en reserva por cuestiones personales. En medio de toda esta crisis, del desbarranque de la salud de las personas privadas de su libertad, de la absurda designación de personal en unas áreas en detrimento de otras, de la falta de tratamiento real para las adicciones y trastornos psiquiátricos -dos de los más frecuentes problemas de los internos-, del sobrepago de horas extras jamás trabajadas por el personal y otras tantas falencias, el Dr. Federico Domínguez, Presidente del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires ordenó -reitero: ordenó- a la DGSP, la instrumentación de una serie de medidas tendientes a mejorar la paupérrima situación de la atención sanitaria de los recluidos. Por supuesto estas medidas, por una u otra razón, todas atendibles pero, a su vez, todas solucionables, permanecen incumplidas, mientras que la sobrefacturación -a partir del pago de horas extras no trabajadas; a punto de profesionales que continúan cobrando sus haberes sin estar en servicio-; de personal que no tiene las mínimas comodidades para realizar su tarea; de trabajadores que, impedidos de agremiarse por razones legales, carecen de una estructura sindical que los defienda y reclame por ellos, etc., permanecen insalvadas, y no por desconocimiento de las máximas autoridades provinciales, de cualquiera de los tres poderes del Estado sino, antes bien, por desinterés en el tema: las cárceles, las personas allí alojadas, no suman (todavía, al menos) a la hora del recuento electoral. Entonces, pregunto: ¿Palacio debe ir preso considerando la paupérrima asistencia sanitaria mediante la cual enfrentaría su problema de salud? La respuesta es contundente: no, bajo ninguna perspectiva. Sin embargo, ello no obsta para otra consideración: si todos fuéramos (por favor, nótese el condicional) iguales ante la Ley -que no los somos- ninguna persona debiera estar privada de su libertad en un ámbito que no puede garantizar su salud tanto física, cuanto psíquica y social; a ningún criminal, por criminal que sea, puede serle negada la asistencia médica; ninguna persona debiera estar privada de su libertad en un entorno que muy lejos -años luz- se halla de ser sano y limpio para reeducación de las personas allí alojadas, etc., según reza la Constitución Nacional. Los reclusos -aunque este término no sea bien visto es real y concreto- son personas; mal que pese a ciertos sectores, incluso algunos médicos, son personas y merecen el trato de tales. No considerarlas personas allana muchas dificultades, entre ellas, la de la pena de muerte: un animal se sacrifica sin grandes controversias éticas o morales. Ahora bien, nuestro pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, ni juzga sino a través de autoridad competente. Si bien he sostenido en innúmeras ocasiones que, dadas las leyes sancionadas, y los fallos emitidos por los magistrados, sería más conveniente que estos no nos representaran ni nos juzgaran, ello no es óbice para que dejen de cumplir aun más con sus funciones. Será -es, mejor dicho- responsabilidad de ellos, de los representantes de los tres poderes del Estado, solucionar estos inconvenientes; quizás Palacio deba ir preso, quizás no; tal vez los otros privados de la libertad merezcan esa pena, o tal vez no. No soy quien, ni me interesa, entrometerme en ese tema salvo cuando mi función específica así me lo indique. De lo que estoy seguro, absolutamente seguro, es que hoy la Sanidad Penitenciaria -al menos en lo que hace a la Unidad IV de Villa Floresta- es tierra arrasada; los profesionales que allí se desempeñan, idóneos sin duda todos y cada uno de ellos en el ámbito privado, muy lejos están de serlo en el entorno carcelario. ¿Las razones? Yo he señalado varias; debe haber, sin duda alguna, muchas más. Pero no alguien en general, sino alguien en particular, en concreto, debe tomar cartas en el asunto; si las autoridades de la DGSP son incompetentes para ello, deberá recurrirse al Ministerio correspondiente, a los magistrados que tanto “fallan” pero que tan poco controlan, o a los legisladores que tanto declaman y tan poco concretan. El problema existe, el problema es conocido pero ignorado; y esto será así hasta que, en algún momento, explote. Allí se reiterará lo que ya he dicho en este mismo portal -gracias a la gentileza de su titular que permite absolutamente la libre expresión- en notas publicadas oportunamente: Necesario desagravio e Incompetencia estatal: lamentables paralelos. Queda planteado el tema. ¿Cree usted, amable lector, que alguna autoridad se interesará por el problema planteado?
Dr. Alejandro A. Bevaqua Médico
Especialista Jerarquizado en Medicina Legal M.P.: 220167
e-mail: bevaquaalejandro@hotmail.com
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