La Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires ordenó a un tribunal oral de Mar del Plata, integrado temporariamente por dos magistrados de Bahía Blanca, que adelante la realización de un juicio oral por delitos de lesa humanidad, a raíz del delicado estado de salud de uno de los imputados. El fallo, que Diario Judicial publicó aquí, dispuso revocar una resolución del Tribunal Oral Federal marplatense que fijaba para el 6 de julio el inicio de las audiencias contra Gregorio Rafael Molina, acusado de secuestros y tormentos. En esta decisión habían participado la doctora Beatriz Torterola de Adrover, que es jueza en Necochea y vive en nuestra ciudad y el juez Juan Leopoldo Velázquez, también conciudadano bahiense. Como miembro pleno del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, Velázquez es uno de los tres magistrados que debería juzgar desde este año a los imputados de delitos de lesa humanidad en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército. Pero como anticipó Solo Local en Ex Militares no Tienen Quien los Juzgue, el magistrado se quedó solo para cumplir esa función, al excusarse, por diferentes motivos, sus colegas Raúl Fernández Orozco y Gustavo Duprat. Esta y la dificultad para hallar un lugar donde realizar las audiencias con una veintena de acusados, son las principales razones por las cuales el inicio del juicio oral en Bahía Blanca por delitos de lesa humanidad cometidos en la década del ´70 está demorado y no tiene fecha de comienzo aun.
La resolución de Casación sobre el caso de Molina no llega en cualquier momento. Ocurre menos de una semana después de que la presidenta Cristina de Kirchner exigiera mayor celeridad en el juzgamiento de ex militares acusados de violaciones a los derechos humanos. En su discurso de la ex sede de la ESMA donde recordó el golpe del 24 de marzo de 1976, la jefa de Estado había manifestado su voluntad de recurrir a tribunales internacionales si continuaban las dilaciones en ese tipo de juicios.
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