(Notas de Usuarios) – Si hay en nuestro medio un magistrado prestigioso ese es, a no dudarlo, el Sr. Dr. José Luis Ares; su merecida reputación se basa no sólo en sus innovadores y muy bien fundados fallos sino, además, en su valentía al exponer, crudamente y sin eufemismos, su posición filosófica y legal o, en otras palabras, al ex – ponerse. Esta conducta resulta muy distinta a la del resto de sus colegas que más que hablar a través de sus sentencias, parecen esconderse -avergonzados, las más de las veces- tras ellas y tras los inconcebibles e injustificables privilegios de sus investiduras. El valor de este magistrado reside, justamente, en la posibilidad de polemizar con él, de intercambiar ideas y, a partir de allí, buscar soluciones conjuntas a una problemática común.
Sin embargo, reconocer los inmensos méritos del mencionado jurista -por quien tengo el mayor de los respetos- no significa, necesariamente, coincidir con su perspectiva de la realidad. El Dr. Ares ha publicado recientemente, en este mismo matutino, una nota titulada: “Algunas paradojas de la cuestión penal” (Ver La Nueva Provincia, 05-02-10 y Solo Local, aquí)
Señala allí este magistrado, con acierto parcial, que el Poder Judicial -al cual él mismo pertenece- “es el garante último y custodio de los derechos fundamentales de los habitantes”.
Continúa luego con una larga queja que no puede calificarse más que de reiterativa, tibia y plañidera: ingente número de causas a resolver, escasez de recursos, presupuesto insuficiente, desconocimiento del mandato constitucional de realizar juicio por jurados, sesgada opinión de los medios de comunicación (en esto, lamentablemente, se parece un poco al nefasto “martirimonio” presidencial que nos gobierna actualmente), etc.
Pero dejemos de lado estos argumentos, remanidos y algo infantiles, y centrémonos, por un instante, en la cuestión de la garantía de los derechos fundamentales de los habitantes; en este caso, debe presumirse que el Dr. Ares se refiere a todos los habitantes y no sólo a aquellos que han violado la Ley.
Sin embargo, dada la impunidad creciente con que se manejan los delincuentes, tanto mayores cuanto menores de edad; las garantías extremistas que los protegen de cualquier castigo por sus continuas fechorías; la liberación rápida y absurda de los más protervos criminales a partir de ignominiosos fallos judiciales; la falta de criterio científico para tratar a los más repugnantes y reincidentes delincuentes como los agresores sexuales, etc., pareciera que la defensa constitucional de los derechos fuera solamente para los que transgreden las normas y no, por el contrario, para aquellos que las cumplen.
Estos últimos ciudadanos -indefensos hoy ante los criminales de cuello blanco o de cualquier otro color- no encuentran reparación alguna en ninguno de los poderes del Estado: la Justicia -si puede llamarse tal al engendro que hoy pretende parecerse a ésta- defiende y ampara más a los delincuentes que al ciudadano honesto; el Poder Ejecutivo, que es poder sólo en cuanto piensa en sí mismo, asegura, a través de un mendaz Ministro de Seguridad, que “tuvimos el verano más seguro de los últimos once años”. Finalmente, el Poder Legislativo, del cual, con su conformación actual y “sus” preocupaciones -que no son precisamente las de la gente común- nada puede esperarse.
En este último sentido, ha sostenido Bertrand Russell que: “En una comunidad organizada, las personas que desempeñan las funciones de Gobierno, desde los ministros hasta los funcionarios municipales más insignificantes en las oficinas locales, tienen sus intereses particulares propios, que no coinciden, ni mucho menos, con los de la comunidad.” Y podemos englobar en este grupo, sin duda, a los magistrados.
Siendo esta y no otra la realidad -muy distante, por cierto, de la eufemística sensación con que algunos denominan el hartazgo social, en tanto que otros atribuyen su existencia simplemente a los medios de comunicación- sólo cabe al ciudadano honesto ocuparse de su propia defensa ante la ola criminal: algunos, los más pudientes, lo harán encerrándose en barrios exclusivos con vigilancia privada; otros, menos acomodados, tras las rejas y alarmas de sus casas.
Finalmente, superadas estas barreras por parte de una delincuencia cada vez más audaz, como ya ocurre hoy, sólo restará armarse -sin que esto signifique apología alguna- y defender personalmente bienes y vidas.
Eso sí, téngase en cuenta que -en cualquier caso- siempre el honesto será la víctima: podrá caer en manos de los más viles y violentos criminales o, quizás peor, en las garras de un poder judicial que allí dejará de pensar en toda garantía; probar la defensa propia para el ciudadano honorable será, con suerte, un proceso largo y costoso porque, amén de todo, la justicia no es nunca gratuita para el empleado o el trabajador que cuente con un ingreso aún mínimo.
Entonces, el Dr. Ares debiera haber dicho, para un acierto pleno, que el Poder Judicial “debiera ser el garante último y custodio de los derechos fundamentales de los habitantes”. Muy lejos está, por cierto, de cumplirse esta sentencia.
Enviado a Solo Local por Dr. Alejandro A. Bevaqua – Médico – Especialista en Medicina Legal – M.P.: 220167
e-mail: bevaquaalejandro@hotmail.com
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