Luego de los informales anuncios referidos a la instalación de las cámaras de seguridad en la ciudad de Bahía Blanca, surgen interrogantes sobre las modalidades de su contratación. El tema no es nuevo. En marzo del año pasado el municipio había hecho pública su intención de adquirir esta tecnología, tal como se ve en este enlace, correspondiente a un parte oficial de prensa. Hoy, concejales del bloque Integración Ciudadana presentaron un proyecto de resolución solicitando al municipio que informe el alcance de los pliegos. Lo que se pretende saber es si el gobierno local tiene previsto separar los componentes de la adjudicación: compra o alquiler de las cámaras, fibra óptica, centro de monitoreo y mantenimiento, para posibilitar el acceso de un mayor número de empresas, de menor escala. Las sospechas de los concejales surgen tras la serie de cuestionamientos a los mecanismos de contratación en la provincia de Buenos Aires, como se lee aquí. El artículo revela que las licitaciones de las obras públicas de la provincia de Buenos Aires suelen quedar en manos de un estrecho círculo de empresas, amigas del poder. Lo mismo ocurre a nivel nacional: hace pocos días se supo que el gobierno de Cristina Kirchner planea desembolsar varios millones de pesos para incorporar cámaras de seguridad en 18.000 unidades de micros, tal como se lee haciendo clic aquí.
Los concejakes de IC requirieron información además, para ponerse al tanto acerca de la ubicación de estas cámaras de seguridad en la periferia de la ciudad, en razón de posibles corrimientos del delito evidenciados en el mapa del delito de la ciudad.
La información del proyecto de resolución fue difundida por Carlos Paoletti , Raúl Ayude, Miriam Iantosca y Raúl Woscof, de IC
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