(Notas de Usuarios) – En la apertura de las sesiones legislativas, la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner pronunció un discurso de poco valor institucional, dándole una connotación peligrosamente autorreferencial, carente de autocrítica y humildad, para mostrarnos su particular mirada de un país «real» al que se ha negado a reconocer los altos niveles de pobreza y exclusión, los graves problemas de inseguridad y la falta de políticas de combate al narcotráfico y al lavado de dinero. Esto fue lo que señalaron desde el bloque que preside Stolbizer e integran los diputados Horacio Alcuaz, Virginia Linares, Gerardo Milman y Fabián Peralta. “El país de la presidenta ha de ser el mismo que le pinta Guillermo Moreno desde un INDEC intervenido en el que la inflación tampoco existe y los precios no aumentan”.
“La contracara de tanta infraestructura anunciada siguen siendo los millones de personas que sufren la falta de servicios mínimos de agua, cloacas, saneamiento en general y transporte. Y el discurso muestra hipocresía en la consideración a los partidos políticos a los que desde el poder kirchnerista se ha apostado a destruir: o acaso no han sido ellos mismos que alcanzaron el gobierno nacional en una elección entre tres candidatos del mismo partido, inventaron las colectoras, las testimoniales y han debilitado las organizaciones con la política de cooptación de la transversalidad y la concertación?”
“Los permanentes ataques al Congreso y a la Justicia evidencian el desprecio de la Presidenta al funcionamiento del estado republicano. Y eso ha quedado plasmado en las nuevas medidas anunciadas. Si bien la derogación del Decreto 2010 es el reconocimiento de los fracasos y el daño provocado a la nación desde el 14 de diciembre. Ese acto de sinceramiento solo se vería completado si despidieran definitivamente al Ministro Boudou”.
Señalaron que; “En definitiva, hemos sentido una vez más la violencia sobre el régimen institucional y la burla hacia quienes representamos al pueblo de nuestras provincias, con la sanción tramposa de un nuevo decreto, sin que existan razones ni de necesidad ni de urgencia, pero que vuelve a pensarse como un atajo para manotear recursos sin entender que las asignaciones presupuestarias y el pago de la deuda son determinaciones que solo puede tomar el Congreso de la nación”.
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