En el filme «El Informante» el científico Jeffrey Wigand, empleado de una tabacalera, sabe que la compañía pretende manipular la nicotina para acelerar el proceso de adicción. Un periodista se entera, pero Wigand no puede hablar: había firmado una cláusula de confidencialidad con sus empleadores, que le impedía reveler detalles de su trabajo, aunque el tema era de indudable interés público. En Bahía Blanca sucede algo similar, pero no es una multinacional la que obliga a sus contratados a observar silencio; es el municipio el que mediante una cláusula de confidencialidad, impide que cualquier científico de la Universidad Nacional del Sur o del IADO, revele los resultados de los análisis químicos y bacteriológicos realizados en aguas de la ría. El pasado 27 de mayo de 2009, la comuna y la UNS renovaron el convenio para continuar el denominado «Programa de Monitoreo de la Calidad Ambiental de la Zona Interior del Estuario de Bahía Blanca». Básicamente, el intendente municipal Cristian Breitenstein le encomendó al rector Guillermo Crapiste, implemente una serie de estudios, entre junio de 2009 y junio de 2010. También determinó que los trabajos estarían a cargo del IADO. Nunca se conoció el original del documento, como tampoco los avances en los análisis de las aguas. La razón: la cláusula de confidencialidad que el municipio de Bahía Blanca estableció en el artículo cuarto: Ni el personal de la UNS ni del IADO afectado al estudio de la calidad ambiental de las aguas marinas, pueden revelar a terceros los resultados obtenidos ya que se le exigió a los científicos mantener estricta confidencialidad sobre el desarrollo y resultados de sus trabajos. Para leer dicha exigencia en el documento original, que corresponde a la página 2 del citado convenio, haga clic aquí. Más detalles de la historia, en el artículo completo.
La semana pasada, la Cámara de Pescadores Artesanales convocó a los medios de prensa de Bahía Blanca para denunciar, a través de su vocero Eduardo Di Filippis, que existía un «pacto de silencio» entre la municipalidad, la UNS y el IADO. (ver video aquí)
Por primera vez, se tienen noticias concretas del contenido de una cláusula de confidencialidad, estipulada en un convenio firmado entre un poder del estadom y organismos de naturaleza pública, como en este caso. Por la tarea, el municipio se comprometió a pagar la suma de $ 444.584, dinero que proviene de los contribuyentes. Esto significa que si el IADO o la UNS quisieran dar a conocer el resultado de los análisis realizado desde el año pasado hasta la fecha sobre las aguas de la ría local, no podría hacerlo, a menos que el municipio lo autorizara por escrito.
Por lo tanto se deduce que si las tareas comenzaron el año pasado, ya hay en manos del IADO, resultados preliminares del Programa de Monitoreo que podrían arrojar un manto de luz sobre la cuestión que se debate por estos días, relacionada con la contaminación marina. Sin embargo, el municipio no se manifestó en tal sentido y sólo brindará la información que mañana hará pública la OPDS.
Solo Local pone a disposición de sus lectores la vista completa de las 8 hojas que componen dicho acuerdo, incluyendo sus anexos.
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