El Movimiento Proyecto Sur, liderado a nivel nacional por Pino Solanas, dió a conocer un documento de trabajo relacionado con la crisis hídrica que afecta a Bahía Blanca y la región. Como parte de las propuestas, solicitaron instrumentar el consumo de agua disponible exclusivamente para uso humano. Asimismo, piden recuperar a la empresa encargada de la gestión del agua en Bahía Blanca (potabilización, distribución, recolección y tratamiento de cloacales) para que tenga nuevamente la modalidad de empresa pública con la participación del Municipio. Según el texto, que aparece publicado en la página Web del Movimiento, la empresa ABSA debería estar en manos de la comuna. También informaron que a 3 kilómetros de distancia del Balneario Maldonado existe un surgente en el que midieron un caudal aproximado de 35 m3/hora, una temperatura de 58ºC y unos 6 metros de altura por sobre el nivel de la citada pileta municipal, cálculo realizado mediante mapas satelitales. El contenido del proyecto, en el artículo completo.
El Movimiento Proyecto Sur tiene una mirada integral sobre la realidad, en particular sobre Bahía Blanca; los ocho equipos de trabajo que lo integran y en los que participan aproximadamente treinta personas, tienen esa metodología de trabajo.
El agua, no es un recurso natural sino un bien común. Dicho de otro modo, las riquezas que habitan la Tierra no son recursos naturales, son bienes comunes. Referirse a ellos como recursos naturales es la primera forma de apropiación desde el lenguaje. Nadie tiene el derecho a recurrir a un recuro natural apropiándoselo, enajenándolo. El derecho a recurrir a un recurso natural termina en el mismo instante en que ese recurso es también de otro u otros.
El concepto de propiedad privada del recurso natural nació como imposición feudal e imperialista y continúa disfrazado de las mismas leyes coloniales, y sobre ella pesa una “hipoteca social”.
No elegimos a nuestros gobernantes para que extranjericen territorios, destruyan glaciares, desvíen ríos, enajenen bosques nativos ancestrales, se comprometan a entregar agua con fines industriales frente al uso humano, olvidando ecosistemas que nutren a las poblaciones, que les dan vida, razón de existencia y de futuro.
Esta crisis del agua no es una suerte de consecuencia ineludible del progreso y crecimiento, sino que es producto de conductas y actividades conscientemente dañosas.
Estas actividades se resumen en un modelo de gestión del agua totalmente deficiente y contrario a los intereses de la población general, tal como menciona el Informe reciente emitido por las Universidades de Bahía Blanca, donde se indica que la causa última de la crisis del agua es la gestión inadecuada.
El agotamiento y degradación de los bienes naturales, como es el caso del agua es un problema que soporta la población actual y soportarán en mayor grado las generaciones futuras. Los problemas originados por nuestra conducta actual, sobre la base de decisiones tomadas, en muchos casos, con absoluta consciencia del daño que se está causando, que atentan contra la vida o la calidad de vida, producen efectos que no tienen posibilidad de mensurarse en el tiempo y terminan convirtiéndose en hipotecas de muerte.
Las políticas públicas llevadas adelante por los responsables de la gestión del agua en la Provincia de Buenos Aires son discriminatorias en cuanto a que las cargas de las decisiones de tipo socio-económico-ambiental afectan en mayor medida a la población más vulnerable, es decir a los que carecen en absoluto de poder.
Basta con observar el texto del “Anexo O” que figura en el contrato de concesión del servicio de agua potable que el gobierno de Eduardo Duhalde le otorgó a Azurix, el 30 de junio de 1999.
El Movimiento Proyecto Sur solicita:
1) En virtud del contenido de una de sus causas fundamentales, “CAUSA POR LA RECUPERACIÓN DE LOS BIENES NATURALES, LA SOBERANÍA Y LA DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE”, la aplicación inmediata del principio precautorio que acumularía así una función protectora para las posibles víctimas de la crisis del agua en Bahía Blanca. Dado que existe un riesgo de daño irreparable a personas y/o medio ambiente, la cautela dicta “errar de manera cauta” y prevenir la acción amenazante hasta que se lleve a cabo la total consideración de los hechos principales, es decir: “Ante el riesgo de agotar la única fuente de agua disponible para la población de Bahía Blanca y Punta Alta, se debería instrumentar dicho principio destinando el agua disponible exclusivamente para uso humano”. Y reivindica que el agua es un componente esencial del ecosistema y debe ser preservado de cualquier tipo de contaminación, destinándolo prioritariamente al desarrollo de la vida de todos los habitantes. Las rentas privadas de las grandes empresas no pueden ser jerarquizadas frente al respeto a la vida y a la naturaleza.
2) En virtud de otra de sus causas fundamentales, “LA RECUPERACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS”, recuperar la empresa encargada de la gestión del agua en Bahía Blanca (potabilización, distribución, recolección y tratamiento de cloacales) para que tenga nuevamente la modalidad de empresa pública con la participación del Municipio. La empresa privatizada del sector Gestión del Agua en Bahía Blanca debe volver a manos del Estado, en este caso Municipal, pero antes es necesario impulsar un amplio debate acerca de los modos de gestión capaces de superar la antinomia entre empresas estatales digitadas por los gobiernos de turno o controladas por intereses guiados por el lucro, y las leyes del mercado. El objetivo será diseñar empresas públicas que garanticen la participación de los trabajadores y técnicos junto a los usuarios, como modo de evitar la distorsión de sus funciones o eventuales procesos de corrupción.
Como parte de aquella citada mirada integral, consideramos como muy deseable hacer todo lo posible para bajar el nivel de conflictividad social de esta ciudad alguna vez tranquila, reconstituir el tejido social, hoy muy deteriorado, y en definitiva liberar tensiones para acceder a un real BIEN-ESTAR, esto es bien vivir.
Nos preguntamos entonces ¿Qué sentimientos despertará en los sectores populares, de menores recursos y probablemente más vulnerables y más castigados socialmente, el hecho de que este sistema les haya instalado sólo a tres kilómetros de distancia de su Balneario Municipal, tal vez su único lugar de veraneo, una planta de tratamiento de efluentes cloacales que descarga en el mismo canal que alimenta a aquél y que durante meses volcó el líquido sin ningún tratamiento? ¿Qué pensarán que les hemos estado tirando en su puerta? ¿Esto contribuirá a la concordia social, o alimentará resentimientos?
La mencionada planta de tratamientos está hoy en funcionamiento ¿Se animará algún funcionario a sacar un vaso de la descarga de la misma y beberlo (como hacen en otras partes del mundo) como demostración pública irrefutable y harto convincente de que está velando por la salud y la dignidad de quienes son sus mandantes?
A tres kilómetros de distancia del balneario existe un surgente al que le hemos medido un caudal aproximado de 35 m3/hr (o 35000 l/hr), una temperatura de 58ºC y unos 6 mts. de altura por sobre el nivel de la pileta municipal (este cálculo a partir de los mapas satelitales).
El Movimiento Proyecto Sur propone alimentar el Balneario Maldonado con ese agua; para lo cual hay que tender un caño de polipropileno de 6 pulgadas, hacer una mínima instalación de captación en el surgente, una perforación antes del volcado para regular la temperatura cuando fuera necesario, y una estructura sostén del caño al pasar por el canal Maldonado que está inmediatamente antes del balneario.
Esto supondría contar con una pileta pública climatizada a 27ºC, que es lo óptimo para la recreación, y extender en el tiempo el servicio. En el futuro incluso se podría hacer una gran pileta cubierta que cumpliría múltiples funciones sociales y de contención.
El plazo de ejecución de la obra calculado es de aproximadamente 20 días y el costo estimado, de 300.000 pesos. Si por una cuestión de tiempo se llenara la pileta con agua salada y se empezara a agregar agua dulce, en aproximadamente 20 días la pileta estaría llena con agua dulce.
El Movimiento Proyecto Sur propone, en otro orden de cosas, las siguientes políticas de estado municipales:
Diseñar un plan con su cronograma para hacer la detección de las pérdidas en la red de distribución domiciliaria en el término de 2 años. Existen por lo menos cuatro tecnologías disponibles similares y el costo de uno de los aparatos posibles es de aproximadamente 40.000 pesos.
Generar un acuerdo ético-político entre todas las fuerzas políticas actuales, y las que se impongan en el futuro, para reemplazar la parte de la red de distribución que pierde, según se dice, entre 30 y 50% del caudal. Esto debería ser encarado por las próximas tres administraciones de modo de entregar a la ciudad una red nueva dentro de doce años. La vía administrativa debería ser una ordenanza.
Para tener una idea de lo importante de la implementación de estas políticas de estado consideremos la situación (manifestada públicamente como posible) de tener que traer agua en barco: si hubiera que inyectar sólo la mitad de lo que consume la ciudad por día durante 20 días (sólo los más críticos del verano), a 8 euros/m3 (que es el precio que pagó la ciudad de Barcelona en 2008), el costo sería de 80.000.000 de pesos. Para tener una idea por comparación (aproximada):
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La peatonal $ 2.500.000
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La planta de la tercera cuenca (presupuesto oficial) $ 11.000.000
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El presupuesto municipal 2010 $ 320.000.000
Por último, si consideramos como posible una pérdida en la red de sólo el 30%, en las mismas condiciones citadas anteriormente al traer agua en barco, estaríamos “tirando” unos $ 24.000.000 en 20 días, o sea a razón de $1.200.000 por día.
Estas iniciativas serán presentadas a través de la banca 25.

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