(Notas de Usuarios) – Es inadmisible la publicidad oficial paga. No corresponde usar plata de los impuestos para hacer propaganda de gobierno. La difusión que se paga nutre una relación entre la autoridad y los medios de comunicación que procura debilitar la intensidad con la que se propalen críticas al oficialismo. En el caso especial de la emisión de casi todos los partidos de fútbol de primera división por el Canal 7 porteño, es abusiva la carga de publicidad oficial, cubriendo el PEN los 600 millones de pesos de esa patriada. Si uno de los argumentos más usados fue combatir a los monopolios mediáticos, es grosero sobreexceder las transmisiones con propaganda de la Presidencia nacional. La publicidad contratada por las autoridades es otra muestra de la corrupción del sistema político. Nos arrastraron al vaciamiento de los partidos. El poder monopólico instaló a las empresas de comunicación en la intermediación entre base popular y autoridades.
Nos quedamos sin sedes para los diagnósticos, el debate, la elaboración de proyectos, el control de los funcionarios y la preparación de dirigentes. Casi nada. Un sistema democrático como el que se pretende que funcione sin partidos políticos, sólo favorecerá más corrupción.
Sería valioso reconocer esa urgencia y recuperar la naturaleza y función de los partidos. La propaganda de gobierno le corresponde gestionarla al oficialismo, pagada por el o los partidos mandantes. La obra de un gobierno tiene que ser fruto del programa proyectado por el partido más votado, que debe responsabilizarse de proponer funcionarios y controlar su desenvolvimiento.
Los partidos deben generar sus propios recursos financieros. El asunto de regenerar un cuadro de partidos creíbles y representativos es cuestión aparte.
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