(Notas de Usuarios) – Tres casas locales dominan la venta de motocicletas y ciclomotores. Alcanzan al 60% de las unidades 0 km que circulan. La lista de establecimientos vendedores es amplia: son más de 15 firmas. Seis de ellas, aparte de las líderes, les siguen sumando el 34%. La gran mayoría de las compradas están dotadas de motores de más de 50 cc. Las fábricas de origen son chinas en su mayor proporción. Brasil completa lo ofrecido en nuestro país. Las empresas más reconocidas son Roberto Corbatta, Salta Motos y Austral Motos, en volúmenes muy parejos. La moto logró un status importante como medio de transporte. La legislación que atiende a su circulación es confusa y hasta desproporcionada. Bajo el erróneo criterio de promover leyes para prevenir conductas y hechos está penado circular sin casco protector (cualquiera de los ocupantes del rodado). Un conductor con la cabeza descubierta, detenido por agentes de Tránsito, es registrado para ser luego juzgado y reprimido. La pena en moneda se iguala a la de pasar un semáforo en rojo (auto o moto) o manejar un camión y su acoplado por zona céntrica urbana. No existe control de la condición técnica de las motos (luces, motor, escape, etc.). Sí, se exige seguro contra terceros en otra desacertada actitud preventiva.
El uso de casco ha salvado y salvará la rotura de numerosos cráneos. Contar con seguro favorecerá resolver una emergencia que, de otro modo, significará un notorio sacrificio para el responsable. Pero esa cultura debe surgir de la gestión educativa y cultural que persuada hacia lo más razonable.
No tiene sentido castigar pecuniariamente en pos de tratar de prevenir un problema de tránsito. Primeramente, porque existe tanta desigualdad económica que una multa determinada pesa mucho menos en un rico que en un pobre. Por lo tanto, la punición debería recaer sobre el derecho otorgado al infractor y reducir la habilitación otorgada por la comunidad. Esto es, disminuir el tiempo de vigencia de una facultad (manejar, llevar adelante un comercio, etcétera) obtenida por el permisionario. La cuestión del “scoring” tiene que ver con lo expuesto y parece mostrar un progreso valioso en materia de política urbana.
Todas estas cuestiones requieren elaboración. Ese trabajo debería ser resultado eficaz de la unión entre la universidad y los partidos políticos. Serviría para prepara dirigentes capacitados en los temas comunales y enriquecer nuestras irreemplazables tribunas de debate.
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