(Discurso apertura VI Encuentro sobre Construcción de la Memoria) – Sucedió, acá, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Uno vendía flores en la calle para ayudar a su madre y a los diez hermanos que viven con ellos de un total de 12. El otro, proveniente de un entorno arrasado por la exclusión, la miseria, la falta de derechos, sobrevivía en la calle.. Se encontraron una noche en pleno centro de la ciudad. Discutieron. O uno provocó al otro. (La exactitud de la secuencia no es algo que importe demasiado). Pelearon por algo que seguramente resulta una nimiedad ante las enormidades que sufrían. O uno atacó al otro sin que mediara palabra. (Esos últimos detalles no son lo fundamental). Lo cierto es que uno, el más grande, un chico de 14 años, rompió una botella, se le fue encima al otro, de 12 años, y le provocó una herida interna gravísima, que días después truncó su vida.
¿Esa muerte no era evitable? Habría que sumarla a la cantidad de muertes evitables. Porque una de las víctimas no tendría que haber estado allí trabajando. Y la otra víctima –un niño/adolescente que llega a matar es también una víctima- no tendría que haber estado en la calle.
Cualquiera que no pretendiese calzarse anteojeras podía ver a esos chicos de los que el agresor formaba parte. Dormían en los portales de los negocios céntricos, en los bancos de las plazas, en umbrales, en huecos que les dieran un mínimo de abrigo. Uno, de once años, llegó a pernoctar durante dos meses dentro del hueco que forma un arbusto en los jardines de la legislatura. No fue fácil la convivencia con ellos así como no es fácil para ellos sobrevivir por fuera de los circuitos de la educación y la salud; expulsados de entornos familiares y barriales que fueron convirtiéndose en infiernos. Como escribió lúcidamente la revista platense La Pulseada, fundada por el padre Carlos Cajade, estos chicos pasaron meses en pleno centro robando para sostener la vida y drogándose para aguantarla. Sin ocuparse de las circunstancias de los chicos y sin vincular la emergencia de este problema con las condiciones de vida de amplios sectores de la población local, los medios tradicionales de La Plata se ensañaron. Persistente y machaconamente hablaban de delincuencia juvenil, ola de inseguridad, menores con más de 100 entradas a la policía, tristemente célebres, comerciantes aterrorizados, todos les tienen miedo, tierra de nadie. Coronaron la campaña con un título que era prácticamente una convocatoria a la acción directa: Plaza San Martín. ¿Un foco de peligro e impunidad?
La reacción de los familiares del chico muerto a manos de otro chico fue bien distinta a la histeria mediática y el oportunismo político de corto plazo. En medio de un dolor inmenso, mantuvieron la serenidad de ánimo como para no sumar las voces de su tragedia al coro que pide mayor represión sin tener en cuenta qué violencias son las que originan la violencia delictiva y cuáles son los medios eficaces y éticos para combatirla. “Aquí hay dos víctimas, Pedro y el chico que lo atacó”, declaró su tío Kiki.
Estas historias se replican. Con otros nombres. Y vinieron otras noticias. La muerte de un ingeniero en San Isidro durante un asalto. Un episodio desgraciado, en el que resultaron imputados dos menores, con una participación policial que resulta difícil no calificar de dudosa o directamente delictiva. Declaraciones en la prensa responsabilizando por la inseguridad a los jueces que “liberan, liberan, liberan”, mientras una policía aparentemente intachable “apresa, apresa, apresa”.
En la edición correspondiente al domingo 14 de diciembre de 2008 el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, incluyó un editorial que es una muestra de los extremos a los que puede llegar la campaña mediática por la seguridad, atacando a quienes defendemos el estado de derecho, respetando a la Constitución y a la Ley, que implica el respeto a los Tratados de Derechos Humanos que integran el plexo normativo vigente. El matutino -vocero oficioso de la Armada durante la ultima dictadura- publicó amenazante: “ Ni miras de que depongan su criterio de liberación a mansalva de los menores delincuentes, ni tampoco de que intuyan y ponderen con cautela el sordo rencor que en sectores amplios de la población ha empezado a incubarse contra ellos, a los cuales, por momentos, se los considera tan peligrosos como los malvivientes que, a toda costa, los garantistas quieren poner en libertad”. Es la palabra escrita que puede ponerse en acto.
El huevo de la serpiente está entre nosotros.
En la república Argentina ya se sabe adónde condujo el señalamiento y la estigmatización de un sector social y la creación del enemigo (construcción tendencialmente estructural del discurso legitimante del poder punitivo), pero además debemos rescatar como base de la construcción democráctica, que las garantías no son caprichos o potestades de determinados jueces o fiscales, sino obligaciones que el ordenamiento jurídico nacional e internacional establece. Para éste, nadie es culpable hasta tanto se lo demuestre. Sólo se puede mantener preso preventivamente a un imputado cuando se piense que en caso de permanecer libre pueda entorpecer la investigación o fugarse, y no se puede privar de la libertad por tiempo indeterminado a alguien que carezca de condena firme.
Ante la escalada mediática en pos de supuestas soluciones basadas en la represión y el encarcelamiento masivo, y las declaraciones en consonancia de parte de diversos actores políticos con poder de decisión y consenso público, la Comisión Provincial por la Memoria se sumó a una serie de iniciativas que pretenden reencauzar el debate y generar políticas públicas que tengan como base la inclusión social.
Así, la Comisión decidió participar en la marcha convocada por la CTA y el Movimiento Chicos del Pueblo del viernes 12 de diciembre pasado, de la que tomaron parte unas cincuenta mil personas, y firmó con una serie de organizaciones políticas y sociales una declaración conjunta contra el recrudecimiento del autoritarismo y en reclamo de políticas públicas universales.
Hoy, en este contexto conmemorativo, y en línea con nuestra política institucional, nos permitimos puntualizar algunas miradas sobre políticas públicas que hemos sostenido persistentemente.
El aumento del delito y la violencia tienen raíces complejas y profundas, tanto sociales como institucionales: la desintegración de lazos sociales, el desempleo, la exclusión, la desarticulación de las políticas educativas, la corrupción y las falencias policiales y judiciales. Los índices de violencia y criminalidad más altos en la provincia coincidieron siempre con etapas donde hubo un fuerte debilitamiento de las políticas sociales y un recrudecimiento de la mano dura policial. Una política democrática de seguridad debe articularse con otras políticas públicas y no puede abordarse únicamente desde la perspectiva policial–judicial.
La fuerte tendencia a la criminalización de la pobreza es un núcleo articulador de las políticas neoliberales y tiene como principal víctima a los jóvenes. La baja de la edad de imputabilidad no resuelve de ningún modo el problema de la inseguridad, y tal como está planteada permite eludir el debate sobre la responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños. Por el contrario, es preciso profundizar las políticas de contención de los más jóvenes y no aquéllas que, basadas en la privación de libertad, contribuyen a profundizar la brecha social existente en nuestro país.
La reforma al código procesal penal, se ha presentado como medio para resolver la demanda pública de seguridad, pero la generalización del encierro preventivo ha demostrado su ineficacia. El régimen restrictivo de excarcelación que rigió desde el año 2000 por iniciativa del entonces gobernador Ruckauf y su ministro Casanovas, provocó el colapso del sistema judicial y penitenciario. La Corte Federal en el marco del fallo Verbitsky ha ordenado a los tres poderes del gobierno de la provincia de Buenos Aires una serie de medidas, las que aún están pendientes de realización.
Se debe fomentar la promoción de una conducción democrática de las instituciones policiales, que sea respetuosa de los derechos humanos, y eficaz en la prevención e investigación de los delitos. Los principios autoritarios en el uso de la fuerza colocando el eje en que «la potencia de fuego de los cuadros policiales debe mejorarse», impacta directamente en una fuerza que registra escandalosas estadísticas de casos de gatillo fácil, torturas y apremios.
Se deben realizar acciones de control y participación ciudadana en el diseño de las políticas de seguridad y fomentar los proyectos de articulación entre políticas sociales y políticas de seguridad, único modo de aumentar la protección de los habitantes de los barrios marginados y estigmatizados.
En el marco de políticas criminales que culpabilizan a los más vulnerables de la sociedad, se detiene a jóvenes adolescentes por el simple hecho de ser portadores de un estigma. Esto se hace evidente en el uso extendido de figuras inconstitucionales y arbitrarias como las de averiguación de identidad y averiguación de medios de vida. La utilización de estas figuras no sólo contradice lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, sino que carece de efectividad en materia de prevención del delito. En este contexto, constituyen únicamente un mecanismo de persecución de los sectores más desprotegidos de la sociedad
El aumento del control social y el debilitamiento de los derechos de los sectores más pobres no produjo ninguna mejora en las condiciones de seguridad. La eficacia de la policía se reduce a perseguir los delitos más elementales y a los grupos vulnerables de la sociedad. Siguen siendo insignificantes las investigaciones que recaen sobre la criminalidad más compleja.
Diversos hechos han mostrado la permanencia de redes de inteligencia y grupos operativos que actúan impunemente, como lo demuestran el caso de Julio López y la reciente escalada de intimidaciones y secuestros de los que fueron víctimas educadores y jóvenes del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Estos últimos hechos han sido denunciados ante la justicia, las máximas autoridades provinciales y aún permanecen impunes. Todos los episodios sucedieron en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Todas las obras e instituciones afectadas impulsan la campaña pública el hambre es un crimen, y por lo tanto, detrás de estas acciones intimidatorias existe un claro móvil político. El gobierno tiene la responsabilidad indelegable de esclarecer estos hechos, de asumir su gravedad y de tomar medidas pertinentes para que no vuelvan a repetirse.
Cuando en la Argentina se recordaba el trigésimo aniversario del comienzo de la dictadura militar (24 de marzo de 2007), la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires eligió realizar su acto central entre los muros de una cárcel. En la Unidad Nro 9 de La Plata. La misma que había albergado el mayor número de presos políticos en los años de la dictadura y que ahora visitó uno de los integrantes de la Comisión de la OEA que realizara la visita de 1979.. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel –que estuvo preso en esa Unidad-, ofrecía entonces una clase pública sobre derechos humanos ante más de un centenar de internos e invitados. Un detenido tomó luego la palabra y dijo: “aunque no esté implementada la pena de muerte, en las cárceles de la provincia se producen más muertes que en los países que sí ejecutan a los delincuentes. La enfermedad de esta sociedad se refleja en nosotros. No necesitamos pastillas. No necesitamos represión. Lo que necesitamos son herramientas para una vida distinta”. Al día siguiente de este acto, ese detenido, el que había tomado la palabra, fue golpeado, amenazado y trasladado como una forma de represalia del Servicio Penitenciario. Durante un mes recorrió 6 penales. Semanas enteras arriba de un camión. Lejos de su familia. Sin sus pocas pertenencias. En celdas de aislamiento. El traslado y la golpiza como forma de disciplinamiento. Una práctica rutinaria, normalizada, aplicada con racionalidad e inscripta en un espacio donde el ordenamiento jurídico se suspende y en su lugar se despliegan prácticas regidas por la lógica del sometimiento absoluto y la anulación de la persona. Un campo que no se define por estar ubicado fuera de la ley, sino como una zona donde se está abandonado por ella.
El acto realizado en la Unidad 9 buscaba iluminar esa realidad invisible al conjunto de la sociedad e instalar en la agenda pública la gravísima situación existente en las cárceles provinciales. Estábamos ante una crisis estructural. Las tasas de prisionización en la provincia de Buenos Aires se habían duplicado entre 2000 y 2005: de 15.000 a 30.000 detenidos. Una cifra que provocó una situación de colapso del sistema carcelario. Pero que era, además, la constatación de niveles de exclusión social inéditos en la Argentina. Personas que antes de ingresar en el circuito del encierro fueron víctimas de la falta de oportunidades. En sus historias se inscribe el fracaso de un proyecto inclusivo y justo.
En este contexto de vulneración masiva de derechos en los lugares detención, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria comenzó a desplegar su tarea de denuncia y control. Presentando sus informes anuales con la vocación de realizar un aporte para el diagnóstico, el diseño y ejecución de políticas públicas. Pero también para instalar en la sociedad una discusión necesaria y pendiente.
Estamos ante una sociedad que, desde algunos sectores autoritarios, fascistas, proponen en dosis similares más miedo y más cárceles para abordar la problemática de la seguridad. Discursos que en su versión más despojada parecen afirmar: ellos o nosotros. Ellos: los presos, los delincuentes, los irrecuperables. Y desde allí llegan a justificar la muerte ciudadana y la anulación como personas de los privados de libertad. Esto se inscribe en el discurso del derecho penal de enemigo. Pero esta postura no garantiza seguridad. El circuito de violencia y delito que reciclan las cárceles vuelve a la sociedad.
No es posible seguir actuando con respuestas de coyuntura o por reflejo del cambiante humor social. Tampoco contemplar desde afuera, como si no tuvieran incumbencias o responsabilidades, una escena signada por la criminalización de la pobreza, la violencia ilegal y la mora judicial sin plazo razonable alguno.
¿Y qué pasa con los pibes?
Casi el 10% de la población victima de encierro en Centros Cerrados de la Provincia han intentado suicidarse.
“…hoy 16/11/08 renuncié a vivir…” “…Estoy escribiendo en la oscuridad, hace unas horas se suicidó otro pibe, era un amigo mío, el que yo había dicho que conocía de Registro, es algo feo porque yo no lo podía creer, y vi como trataban de revivirlo, fue espantoso…” “…Este encierro de mierda está acabando con todo…”, dice la nota que dejó Cristian Damián Caballero antes de suicidarse el 17 de noviembre de 2008, siguiendo el destino de Jonathan Candela, muerto el día anterior en el mismo Centro Cerrado La Matanza, quien escribió: “…disculpa mi amor pero me ganó el encierro…” (Jonathan había ingresado al sistema a los 13 años de edad y murió a los 16).
Es un punto esencial de nuestra agenda en materia de política pública establecer el MECANISMO DE CONTROL NACIONAL Y PROVINCIAL
El mecanismo nacional de control: su implementación en Argentina.
Cada Estado puede designar un nuevo mecanismo nacional o bien otorgarle funciones a uno ya existente y que reúna los principios y características antes enumerados.
En Argentina la implementación del Protocolo fue abordada por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación que elaboró un anteproyecto de creación y funcionamiento del Mecanismo Nacional de control y convocó a diferentes organizaciones de derechos humanos.
Desde la visión compartida por organizaciones y organismos, el dispositivo a diseñarse debe respetar una serie de principios que lo hagan efectivo:
Independencia funcional de los restantes poderes del Estado. El Estado debe garantizar no interferir con el trabajo de este organismo.
– Personal independiente, con formación específica en derechos humanos y nombrados por el propio mecanismo.
– Autonomía financiera. Los sueldos y gastos operativos de los funcionarios que lo integren serán pagados por el propio mecanismo que tendrá presupuesto propio. Es importante que al momento de constituir el mecanismo se especifique la fuente de financiamiento y formas de actualización automática o despegada de la decisión del poder político de turno.
Ingresar sin limitaciones y cuando al mecanismo lo decida, a cualquier lugar de carácter público o privado que aloje personas: cárceles, comisarías, institutos de menores, clínicas psiquiátricas, etc.
– Acceder a toda información sobre cantidad de detenidos, sus condiciones de detención y trato, legajos personales, de sanciones, etc.
– Realizar entrevistas de manera privada o confidencial
La complejidad y grave estado del sistema bonaerense de detención (comisarías, cárceles, institutos de menores, clínicas psiquiátricas) requiere de la creación de un Mecanismo Provincial en el marco del Protocolo.
Este mecanismo provincial puede implementarse sin atarse a la puesta en marcha o no del mecanismo nacional. La autonomía provincial frente al gobierno nacional, la faculta a avanzar en este camino. Ya existen antecedentes en otros países como España, donde los mecanismos pertenecientes a las autonomías avanzaron en su implementación más que el nacional.
Hemos acompañado la presentación de un proyecto en la legislatura del Chaco, que ya ha tenido tratamiento en comisión. Es posible que esa provincia sea la primera del país, y antes que en el orden nacional, establezca este mecanismo de control.
Es parte de nuestra agenda en materia de Justicia desarrollar la idea de que los juicios por crímenes de lesa humanidad se asuman como política de estado y nuestra intención lograr el compromiso de las fuerzas políticas democráticas en esa dirección.
Los juicios por delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco del terrorismo de estado, constituyen un valor ético fundamental e irrenunciable para los argentinos, requieren de un compromiso público por parte de todas las fuerzas sociales y políticas para sostener y profundizar con la mayor celeridad este necesario proceso para toda la sociedad argentina.
En reiteradas oportunidades hemos manifestado nuestra profunda preocupación por dilaciones y retrasos que acechan a los juicios contra represores, implicando el riesgo de tornar ilusoria la justicia para una importante cantidad de víctimas. El principio procesal de celeridad, además de un criterio jurídico, debe ser indudablemente un elevado compromiso por parte de todos los poderes del estado y actores de este proceso máxime cuándo en la Argentina, durante más de treinta años permanecieron ocluidos los caminos de la justicia. En el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad el principio de imprescriptibilidad debe ir de la mano con el de celeridad.
Es a través de la cooperación de poderes, que deben buscarse los mecanismos para agilizar los procesos, evitar la fragmentación de los juicios, dotarlos de los recursos e infraestructura necesarios, garantizar la efectiva y amplia publicidad de las audiencias y promover las sanciones que correspondan a los magistrados que mediante argucias formales dilaten las causas, permitiendo que el simple paso del tiempo consagre la impunidad de quienes reconocidamente violaron, mataron y torturaron. Señalamos que la Comisión interpoderes debe cumplir efectivamente el rol para el que fue convocada.
La creación de nuevos tribunales y la designación de jueces recientemente anunciadas, constituyen una renovada oportunidad para mejorar la calidad institucional del Poder Judicial y el real compromiso de la magistratura con el cumplimiento de los principios consagrados por los pactos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por la Argentina.
La lentitud y fragmentación de los procesos sumados al accionar dilatorio y la afinidad ideológica de numerosos magistrados con los represores, tienen ya una grave consecuencia: las excarcelaciones de criminales de lesa humanidad. Es curioso que el beneficio que se le niega a los presos comunes imputados por delitos de menor envergadura, se les otorgue a los responsables de los más atroces crímenes contra la humanidad, con el riesgo de frustrar el proceso penal.
Entendemos que definir una política pública que sustente la continuidad de los juicios y haga efectivo el principio de justicia para las víctimas significa atender las peculiaridades de juzgar delitos de lesa humanidad treinta años después de perpetrados. Ser capaces de construir un sistema de persecución penal a la altura del genocidio. La recuperación de los archivos existentes relacionados con la represión es parte de un camino que la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires viene transitando hace 10 años. Se han realizado hasta el momento 2014 informes a requisitoria de la justicia y se aportó documentación, entre otras a las causas que se llevan adelante en torno a Campo de Mayo, Arana, Brigada de Investigaciones de La Plata, Hospital Posadas, Contraofensiva, Patti.
De este modo la búsqueda de justicia por los delitos de lesa humanidad, las perplejidades de los jóvenes que participan de nuestros programas educativos y los reclamos de los privados de libertad, conviven en nuestro lugar de trabajo.
Es desde este recorrido, que planteamos nuestros interrogantes y reflexiones sobre el sentido que pueden adquirir las políticas y los trabajos de la memoria en sociedades como las nuestras, signadas por la exclusión.
Entonces volvemos a preguntarnos ¿cuál es el sentido profundo que pueden adquirir las políticas y los trabajos de la memoria en sociedades fragmentadas y signadas por la exclusión?
Tenemos por supuesto, la obligación ética y moral de explorar las condiciones que sembraron el camino del terrorismo de estado. Un camino que se recorrió de a poco. “Cruzaremos el puente cuando lleguemos a él” escribió el sociólogo austríaco Zigmunt Bauman. Y cruzamos el puente. Pasaron 30 años. ¿Seremos capaces de aportar a la construcción de un sistema de valores donde no vuelva a ser posible, donde no pueda concebirse, la idea de eliminar, de desaparecer al “otro”? ¿Quiénes son “los otros” de hoy?
Dice Pilar Calveiro: “es el presente o más bien son los peligros del presente de nuestra sociedades actuales las que convocan la memoria. En este sentido se podría decir que ella, no viene de los ocurrido en los años 70, sino que arranca de esta realidad nuestra y se lanza al pasado para traerlo, como iluminación fugaz, al instante de peligro actual”. ¿Seremos capaces de “iluminar ese instante de peligro actual ?“
Es este presente el que evoca el pasado. Y sin esta referencia, sin esta cita al presente, las políticas y los trabajos de la memoria pierden su carácter ejemplar. Ese que nos permite la comparación, la analogía, la construcción de nuevos horizontes de expectativas, la definición de un proyecto de futuro.
Vale la pena en este contexto citar a Enzo Traverso, cuando en su artículo “De la memoria y su uso reciente” señala: “en los últimos años el parlamento italiano ha promulgado una oleada de leyes con las que ha buscado satisfacer la memoria de todas las victimas: las del holocausto, las del comunismo en Europa oriental, las de la represión a la resistencia yugoslava en la región de Trieste y más recientemente la de las victimas del terrorismo. No es difícil constatar que las únicas víctimas excluidas de toda conmemoración son las del colonialismo italiano en Africa. Tal vez porque hacerlo extendería la idea de que Italia ha podido contraer una suerte de deuda histórica con todos aquellos que hoy desembarcan en sus costas y son acogidos no con leyes de memoria, sino con decretos de expulsión o con medidas de internamiento en centros para sin papeles que son lugares de no- derecho”.
Si hay que recurrir al pasado para evocar el horror, la experiencia extrema, para procurar desentrañar el enigma del “mal absoluto”, ¿no corremos el riesgo de invisibilizar el presente? Si es en el pasado donde “alojamos” el horror, su reminiscencia tendría el sentido de subrayar, de señalar la distancia del hoy con el ayer. Seria más historia que memoria, más conservación que resignificación.
Las políticas de la memoria siempre están en riesgo de transformarse en un intento de clausura, de sutura de la herida. Aún en su ánimo de justicia y reparación. Si las políticas de la memoria rompen su lazo con el presente y el futuro, su eco sonará como la promesa retórica que señala, para tranquilizar nuestras buenas conciencias, que aquello que pasó no ha vuelto a repetirse.
Entonces nuestros memoriales y monumentos, serán aquellos lugares donde propiciemos el ritual de exorcizar demonios y evitar su retorno.
Si no fuera así, si lo que pasa en la villa y lo que vemos en las cárceles no evocaran otras experiencias límites y otros mundos concentracionarios, ¿de qué memoria estaríamos hablando? ¿de la memoria de quiénes? ¿dónde están allí los que quieren olvidar porque ellos mismos son los olvidados? ¿No habrá una memoria de “nosotros” y otra de los “otros” que ni siquiera sabemos que existe?
“Llegó el momento de construir puentes. Puentes que unan a las generaciones y se conviertan en espacios de diálogo y transmisión. Puentes para llegar a otros territorios, habitados por otros ciudadanos en este vasto país de la memoria. Puentes, en fin, que nos permitan pararnos justo en el medio, en este minúsculo presente, para poder pensar el pasado y el futuro al mismo tiempo”. (Editorial Nro. 1 Puentes)
“No tenemos que cuidarnos de nuestra infancia sino que tenemos que cuidar a nuestra infancia. Si a los pibes los recibimos en el país del hambre, la desnutrición, el frío y la intemperie, ¿cómo pretendemos que nos traten cuando se hagan adolescentes? Sabemos que los niños se vuelven humanos en condiciones humanas y salvajes en condiciones salvajes. Da vergüenza que algunos propongan como solución bajar la edad de imputabilidad. Lo que tenemos que bajar es el riesgo que corre la vida de estos chicos. Para resolver nuestra seguridad tenemos primero que construir un país que garantice la seguridad de ellos”. Padre Carlos Cajade (1950 – 2005), miembro de la Comisión Provincial por la Memoria)
Hugo Cañón – Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria
24 de septiembre de 2009
Solo Local 