Estamos al Horno

(Notas de Usuarios) – Al parecer no tiene sentido discutir si el proyecto de Ley de Medios debe ser aprobado ahora o después. debido a que el kirchnerismo impulsa su aprobación para el 10 de diciembre, antes del recambio tal como sucedió con la prórroga de las facultades delegadas, debido a las diferencias ideológicas que surgirán con dicho recambio, usando su as de espada escondido en su manga, como  fue el adelantamiento de los comicios, en un intento de preservación del poder, lo que lamentablemente es un echo que los nuevos legisladores deberán esperar hasta asumir en diciembre, viendo angustiados las ambiciones desmedidas del kirchnerismo en su intento de mantener el poder.

En primer lugar la legitimidad del Estado para dictar una “política de comunicación”, apropiada. En La Corte Interamericana de Derechos Humanos en una célebre Opinión Consultiva de 1985 ha dicho que: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática”, la democracia existe mientras haya libre expresión. Hay un orden público democrático análogo al que justifica la reglamentación de los partidos políticos, llamados “instituciones fundamentales del sistema democrático” de acuerdo a  la Constitución Nacional. En segundo lugar: ¿a quién debe priorizar esa reglamentación? Parecería que no a las empresas mediáticas. La libertad de prensa forma parte del derecho a la información libre y necesaria de una sociedad democrática, a quien debe protegerse es a los ciudadanos que emiten ya sean o no periodistas y a los mismos que reciben esa información pública. De ese modo se aseguran las dos caras del derecho a la información.  Esto no implica desproteger a los medios, pero lo cierto es que, cuando éstos son afectados, como medios que son, van en perjuicio del comunicador y el destinatario, y todas las personas físicas amparadas en un derecho que es el de estar informado                    . 
Esta dimensión teórica tiene un efecto práctico, concordante con el principio general según el cual el sistema jurídico debe proteger a quienes de ser sean más débiles, que no son ni los gobiernos ni las corporaciones mediáticas. Es así que los destinatarios de protección deben ser los comunicadores y los receptores, ambos pasibles de ser dañados tanto por los gobiernos como las corporaciones. ¿Quién le asegura al periodista?, por ejemplo, que el dueño no lo censurará a él “hacia adentro” y, con ello, al posible receptor de la información.
A ese núcleo de protección apunta la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuando prohíbe toda interferencia al derecho a la información, la cual también puede servirse de “vías o medios indirectos” (piénsese en la distribución de la publicidad oficial) como provenir del “abuso de controles oficiales o particulares” (Art. 13.3), o sea, del Estado o de los oligopolios y monopolios privados. Aun así  sabemos de periodistas que han perdido  su puesto de   trabajo por no ser obsecuentes de lo dispuesto por los dueños.  
Ahora bien, hablar del Estado como legítimo coordinador no es hablar del Gobierno Nacional. El Estado tiene tres poderes (no uno) y también está integrado por la sociedad. Este distingo hoy no está presente: los medios públicos que con la nueva ley se acrecentarían, son y han sido siempre una oficina propagandística del Gobierno de turno. Como ultima reflexión  podríamos decir que bueno el kircnerismo nos ha salvado del grupo Clarín, pero llamemos al Chapulín Colorado para que nos salve del kirchnerismo, al menos contaríamos con la astucia de alguien.