(Notas de Usuarios) – Los mandatarios de los países del G20 suscribieron el 2 de abril en Londres al finalizar la Cumbre del Grupo, una declaración unánime de una treintena de propuestas en la que asumen compromisos de, entre otros, “fortalecer la regulación financiera para reconstruir la confianza, desarrollar acciones contra las jurisdicciones no cooperativas – incluidos los paraísos fiscales – y a establecer sanciones para proteger nuestras finanzas públicas y los sistemas financieros”. En el documento que delinea el nuevo ideario sustituto del Consenso de Washington, los representantes asistentes se obligaron a «mejorar la calidad, cantidad, y la consistencia internacional del capital en el sistema bancario”. Después de terminada la Cumbre, tanto Lula como Cristina Kirchner amplificaron en el hemisferio el reconocimiento de los líderes del mundo de los «grandes fracasos» de la regulación financiera hasta hoy dominante. De esa forma, el pronunciamiento del G20 viene a brindar al gobierno argentino el leit motiv para instrumentar “inéditas” regulaciones con el propósito central de frenar la fuga de capitales, estimada – para el primer semestre de 2009 – en alrededor de 9.400 millones de dólares.
En esa dirección, a comienzos de mayo, el Poder Ejecutivo Nacional establece, a través de la Comisión Nacional de Valores – entidad oficial que supervisa el mercado de capitales en nuestro país –, la prohibición para los agentes y sociedades de bolsa, los fideicomisos y fondos de inversión y los bancos que operan directamente en la Bolsa de Comercio por poseer la denominada «acción de bolsa» emitida por el Mercado de Valores de Buenos Aires, de operar con los llamados paraísos fiscales. Hacemos referencia a la Resolución N° 554, que restringe la compra-venta y/o transferencia de activos y todo tipo de instrumentos bursátiles y financieros únicamente a las operaciones efectuadas u ordenadas por sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados, que no figuren incluidos dentro del listado del Decreto Nº 1344/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628 y modificatorios. Entre los 18 bancos que operan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires están Nación Bursátil y Provincia Bursátil, sociedades anónimas controladas por los holdings de negocios Grupo Nación S.A. y Grupo Bapro S.A. (desde inicio del 2009 Grupo Banco Provincia S.A.), pertenecientes, a su vez, al Banco de la Nación Argentina y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente. Ambos grupos fueron constituidos al promediar los 90 para concentrar la dirección y el control estratégico unificado de distintas empresas creadas con el objeto de incursionar en negocios domésticos de seguros, AFJP, leasing, operaciones bursátiles, comunicaciones y otros servicios.
La red de filiales activas en el exterior – según el portal web del Banco Central – se compone de 14 unidades operativas del Nación en 9 países y 4 del Bapro en igual número de naciones. Ambos bancos tienen filiales abiertas en las Islas Cayman; el Nación además opera con cifras no relevantes en Panamá. Tanto la colonia británica insular como el país del istmo integran la última lista “gris oscura” de categorías de paraísos fiscales – que publica en su página web la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – por tratarse de Estados que se han comprometido a suscribir acuerdos sobre el intercambio de información financiera y aún no lo han hecho. Además, están comprendidos en la resolución 554 de la CNV.
Para desarrollar actividades en las 14 filiales en el exterior, el Banco Nación afecta un significativo patrimonio neto de 2.807 millones de pesos, que representa el 36,3 % del total consignado de 7.727 millones de pesos en el balance al 31 de marzo de 2009 elevado al BCRA. De datos extraídos de www.bcra.gov.ar, en el año 2007– según el último balance auditado – el BNA obtuvo ganancias anuales en el exterior por 108 millones de pesos con un patrimonio afectado al cierre de ejercicio de 2.360 millones de pesos; de estos totales corresponden: a Nueva York 64 y 1.305 millones de pesos, a Grand Cayman 26 y 529 millones de pesos, resultando para el resto de las filiales externas 18 y 626 millones de pesos de ganancias y patrimonio neto al 31/12/07, respectivamente.
En 1997, durante la destacada presidencia de don Roque Maccarone – dedicada a normalizar la gestión luego del escándalo IBM-Banco Nación – el Directorio del BNA aprobó la remisión de los balances trimestrales y anuales a la Bolsa de Comercio a fin de dotar de mayor transparencia a la gestión. Esa decisión tuvo efímera vida al limitarse la publicidad de balances en www.bolsar.com – a fines de los 90 – a solamente a dos ejercicios económicos. Desde entonces resulta compleja en extremo la tentativa de conocer más allá de la hipercondensada información que periódicamente ofrecen el BNA o el BCRA.
Además de los Bancos Nación y Provincia, el tercer banco que tiene una filial activa en las Islas Cayman es la entidad local mayorista de capital extranjero (austríaco) B.I. Creditanstalt S.A., que cuenta asimismo con una sucursal en la C.A. de Buenos Aires. Los bancos Galicia y Santander-Río tienen habilitadas sendas filiales en el territorio insular pero no registran saldos en los balances difundidos al 31 de marzo del corriente año. A esa fecha, el patrimonio neto del Bapro Provincia en el paraíso fiscal caribeño es de 667 millones de pesos y la ganancia registrada en el 1° trimestre del 2009 alcanza a 127 millones, cifra que arroja un rendimiento anualizado del 76%; por otra parte el Banco registra en igual fecha un patrimonio total de 1.679 millones de pesos y una pérdida final en el trimestre de 23,5 millones, situación que merece otro análisis en particular.
Más allá de la reciente repulsa del G-20 a los paraísos fiscales y las aspiraciones de mayores regulaciones bancarias por parte de los presidentes Lula y Cristina F. de Kirchner, las operatorias de la banca “offshore” han sido y son siempre extrañas a los objetivos de bancos públicos pertenecientes a estados soberanos que, como Argentina, a partir de la sanción de la Ley 25.246 (13/04/2000) de “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”, han concertado en el seno de organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, GAFI) programas y acciones para combatir estas prácticas condenables. La actividad bancaria en estos paraísos fiscales financieros no reúne la más mínima transparencia por su condición intrínseca de refugio de cualquier clase de secreto y de actividad ignota.
Es bastante probable que el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, presidido entonces por el Dr. Jorge Sarghini, compartiera el enfoque precedente cuando anunciara en abril del año 2004 – aunque sin expresar los motivos – el cierre de los locales existentes en Panamá y las Islas Cayman. En el año 2006 fue clausurada la filial de Panamá y en ese año los activos y pasivos netos de Grand Cayman se contrajeron cerca del 40% de los registrados al cierre del balance del año 2005.
Transcurridos cinco años desde el anuncio de cierre, la solapada y voluminosa operatoria de la filial en la microscópica isla caribeña – la quinta plaza financiera mundial –, al contrario, sigue actualmente en constante crecimiento a fin de sustentar la principal fuente de generación de beneficios del Banco Provincia, por lo menos en su expresión contable. Salvo que lo real no estuviere registrado o que lo registrado no fuese real. Mientras tanto el debido pronunciamiento sobre el tema, a la luz de las 40 recomendaciones del GAFI, por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias es el secreto mejor guardado.
BANCA PÚBLICA SIN TRANSPARENCIA
En un sistema bancario estrecho y concentrado, el Banco Nación es por amplio margen el mayor banco del país; el Banco Provincia de Buenos Aires ocupa posiciones top en los rankings de activos, depósitos, préstamos y patrimonio.
En el último lustro de los años 90 cesaron 50 bancos privados por liquidación, fusión – impulsada por el Banco Central – y cierres traumáticos por su repercusión social o económica producto de defraudaciones de sus directivos o accionistas (BCP, Medefín, UNB, Mayorista del Plata, Banco Patricios, Banco Mayo, Banco de Mendoza, República). Hoy permanecen activas 55 entidades bancarias privadas de las 133 registradas al final de 1990.
En la misma época la mayoría de los bancos públicos de propiedad de las provincias fueron privatizados por Menem-Cavallo aplicando el perverso método de “socialización” de los quebrantos con impunidad para los causantes de la debacle institucional. Para sanear el «rojo» patrimonial de los bancos de provincia, en su mayoría expoliados por los gobiernos de turno, se utilizaron recursos del “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” y del denominado “Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria”. Una vez saneados, fueron adjudicados a entidades privadas nuevas o ya existentes. De los 36 bancos públicos en actividad al finalizar el año 1990, la cantidad hoy se reduce a solamente 12 entidades.
Por sendos acuerdos entre el Ministro de Economía Domingo F. Cavallo y los Gobernadores de Buenos Aires y Córdoba, Duhalde y De La Sota, los dos bancos provinciales no fueron privatizados pese a insinuar entonces quebrantos manifiestos o potenciales de apreciable magnitud. En la segunda mitad de los 90, el Nación y el Provincia crearon un entramado de empresas bajo la forma de sociedades anónimas para emprender negocios privados de seguros, AFJP, ART, leasing, operaciones bursátiles, comunicaciones y otros servicios, concentradas en dos holdings controlantes: Grupo Nación S.A. y Grupo Bapro S.A. De esa forma, vulnerando el marco normativo, los Bancos Nación y Provincia pasan a adoptar estructuras y modelos de gestión privada bajo la fachada formal de entes públicos, al mejor estilo de las empresas capitalistas chinas dependientes del buró del Partido Comunista o de una expresión de sincretismo singular entre el Consenso de Washington y la Perestroika.
La conducción de ambos bancos, casi siempre con directores vinculados a Domingo Cavallo en roles expectantes, se mantuvo permanentemente subordinada a los designios del gobierno de turno. A fines del siglo anterior, el Gobernador Duhalde, en un lapsus innovador, incorporó en su momento al Directorio del Banco Provincia a representantes de la Alianza UCR-Frepaso: Roberto Frenkel y Oscar Quatromo junto a otros dos miembros del Partido Justicialista.
Desde la segunda mitad de los 90, en un espectro de similitudes, el Nación y el Bapro fortalecieron sus operatorias en Grand Cayman y sus estados contables son auditados por la compañía Price Waterhouse & Co. S.R.L. instalada en la Argentina “desde 1913”. La corporación global PWC brinda servicios de consultoría a las principales empresas del país, en su mayoría cotizantes en la Bolsa, y concentra en su cartera la auditoría contable de 18 bancos (sobre un total de 67), entre una lista que incluye el B.I.C.E. (el otro banco público de la Nación), el Galicia, el Hipotecario y el cooperativo Credicoop desde el 1 de julio de 2007.
En el caso del Banco Nación los informes de auditoría de balances son suscriptos en conjunto por la firma PWC y la Auditoría General de la Nación. Asimismo, hasta el año 2001, el “informe del auditor” – trimestral y/o anual – era refrendado sin discrepancias junto con PWC y la AGN – por el profesional de la firma nacional representante de la consultora Arthur Andersen, luego imputada de un colosal fraude – balances falsos con ganancias ficticias – asociado a la megaempresa energética Enron, hoy confinado a los contenidos de wikipedia.
La diferencia en la gestión de ambos bancos públicos reside en que el BNA ha podido asimilar las pérdidas por créditos incobrables y las ocasionadas por los negocios de las empresas del Grupo Nación, principalmente en la década de 90, con una estructura de rentabilidad producto, tal vez, de aprovechar economías de escala, que en apariencia aporta solidez y solvencia situacional.
En cambio, el Banco Provincia, de acuerdo a la información de los balances oficiales publicados desde el año 1993 al 2004, consigna pérdidas acumuladas por la operatoria de las casas bancarias instaladas en el país cercanas a los 2.800 millones de pesos (nominales sin actualizar), especialmente por la incidencia de la incobrabilidad de la cartera irregular de 2.500 millones de pesos. En los años 2005 y 2006, la actividad bancaria doméstica adiciona beneficios netos por alrededor de 155 millones de pesos. A su vez, para superar la insolvencia patrimonial, el gobierno provincial efectuó aportes de capital a partir del año 2002 por 500 millones de pesos.
En el año 2007, el quebranto de la operatoria fue de 81 millones de pesos. En el ejercicio anual del 2008, cuando todos los bancos del sistema obtuvieron abultadas ganancias, la pérdida del Provincia se eleva a más de 151 millones de pesos. Los quebrantos señalados fueron compensados en cada balance por las ganancias de 970 millones de pesos nominales, obtenidas, en igual período de 1993 a2008 a 33 millones de pesos. Entre el 60% y el 70% de esta operatoria y de los resultados obtenidos en el exterior corresponden a la filial Grand Cayman. 2004, en las cinco filiales (actualmente cuatro) instaladas en Nueva York, Grand Cayman, Panamá, San Pablo y Montevideo. Entre el 2005 y el 2007 los beneficios de operaciones en el exterior alcanzan a 270 millones de pesos y en el ejercicio del año
Finalmente, las participaciones en empresas y otros negocios ajenos a la intermediación financiera han producido pérdidas acumuladas hasta el año 2004 de 700 millones de pesos. En los años 2007 y 2008 se contabilizan ganancias por alrededor de 400 millones de pesos debido al cómputo de los beneficios contables por la venta de las participaciones accionarias en el Grupo Orígenes. De los últimos balances consolidados surge el estado de liquidación de la mayor parte de las sociedades controladas por el grupo Bapro, lo que prueba los desaciertos de su creación y ulterior gestión.
Al 31 de marzo de 2009, según la información más actual que proporciona el B.C.R.A. en su portal web, el Banco Provincia es la entidad, incluida en un reducido lote de 6 entidades, que declara la mayor pérdida para el primer trimestre de 2009 en el conjunto de bancos del sistema: 23,5 millones de pesos. Dicho resultado negativo es producto de compensar pérdidas por la operatoria bancaria en el país por 165 millones, con ganancias en empresas del grupo y las contabilizadas en las filiales del exterior por 6 y 135,5 millones de pesos, respectivamente. En las últimas referidas, la contribución de la filial Grand Cayman es de 127 millones de pesos, el 93,7%.
No hay comunicados oficiales sobre los fundamentos que avalan la existencia y continuidad de la mayúscula operatoria que el BAPRO aún desarrolla en la filial instalada en George Town, Grand Cayman, con un patrimonio al 31 de marzo de 2009 de 667 millones de pesos, algo más del 40% del total del Banco.
Tampoco hay transparencia respecto a la clase y modalidad de las transacciones que se realizan en el paraíso fiscal antillano, notorio refugio de la evasión fiscal y el lavado de dinero. En los informes profesionales de revisión limitada de los balances trimestrales auditados, a partir del año 2003 y hasta el 2008, la firma auditora Price Waterhouse Coopers expresa – por primera vez desde su contratación en el año 1994 – que los saldos de las filiales del Banco en el exterior “no han sido examinados por nosotros ni por otros profesionales” y especifican reiteradamente cada vez más apartamientos a las normas del B.C.R.A. que implicarían fuertes quebrantos no contabilizados. En el informe del auditor, ítem 11, correspondiente al primer trimestre de 2009 se destaca que esa “situación” ha sido “resuelta” sin ofrecer mayores aclaraciones.
Después que en los meses de enero y febrero de 2009 surgiera un quebranto contable por la actividad en el país que suma 110 millones – alerta de riesgo de insolvencia –, en marzo sorpresivamente se contabiliza una ganancia mensual por 86,5 millones de pesos. Aunque no están disponibles los desagregados por mes de los resultados de las filiales del exterior, las ganancias “contabilizadas” por esta fuente en el primer trimestre de 2009, alcanzan 135,5 millones de pesos y muestran un inusitado crecimiento de 4 veces el beneficio anual del año 2008 (33 millones de pesos) para venir a amortiguar la pérdida por las operaciones bancarias en el país. La impresionante e inusual variabilidad de los resultados, tratándose de un banco, nos conduce a pensar que estaríamos en presencia de un maquillaje contable de factura similar al reconocido por la auditoría en los relevantes “ajustes de ejercicios anteriores” practicados a diversos balances entre los años 94 y 97. Otra alternativa, aunque muy remota, es “aceptar” que los “negocios financieros” en las Islas Cayman – repentinamente en el mes de marzo – generan rendimientos fantásticos, jamás logrados hasta entonces, en pleno auge de la crisis financiera global. Si esto llegare a ser verosímil, hipótesis poco probable, los atractivos de tan exorbitantes ganancias (como la pirámide de Madoff) gestan el trazado de un vector para canalizar inversiones de fondos líquidos en sentido contrario al objetivo de repatriación de capitales previsto en la Ley N° 26.476.
Las aclaraciones de la auditora Price Waterhouse con relación a la nula revisión de las cuentas de las filiales en el exterior, pese a la enorme incidencia de esa operatoria y sus resultados, es otro signo más de la presencia de los condicionantes, elementos, efectos e instrumentos que caracterizan a «los delitos de cuello blanco», como describe el Profesor de la UBA Dr. Roberto L. Quintela en un artículo imperdible.
La ciudadanía, ante la persistencia de la corrupción en las últimas décadas, aguarda que los organismos competentes – como el Banco Central o la Auditoria General de la Nación, en su caso – investiguen estas disfunciones y brinden la debida y transparente información hoy manipulada. Si así fuera, estaríamos avanzando hacia la institucionalidad y el abatimiento de la anomia que hoy campea en nuestra Argentina.
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