Fechado el 15 de abril de 2008, el informe 48/2008 de la AGN –que lleva la firma de su presidente Leandro Despouy y de los seis auditores generales– pone en la mira la relación contractual entre el Estado nacional y TEBA S.A. para la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Además, el texto señala serias objeciones a las tareas de control que debió realizar la CNRT. El contrato originario se firmó en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, y preveía una vigencia de doce años, período durante el cual la empresa podía explotar la administración del servicio a cambio del pago de un canon que ascendía a 411.725 dólares mensuales. Según detectó la AGN, durante los primeros cuatro años de concesión se produjeron reiterados incumplimientos por parte de la empresa referidos, en especial, al vencimiento de los plazos en la entrega de las obras comprometidas por el concesionario y a los atrasos en el pago del canon mensual a abonarse al Estado. Al momento de la renegociación, en noviembre de 2005, la Secretaría de Transporte fue instruída para proponer modificaciones al contrato de concesión, previa verificación de las irregularidades denunciadas. A fines de 2006, con la firma de Ricardo Jaime, en representación del Estado y de Néstor Otero como titular de TEBA S.A. se extendió la relación contractual hasta septiembre de 2015, pero sin atender los señalamientos del organismo de control. “La ampliación del plazo de la concesión plasmado en la renegociación desconoció la larga lista de incumplimientos verificados por la AGN en numerosos informes, muchos de los cuales no han sido sancionados como correspondía por parte de la CNRT”, explicó Despouy en diálogo con Crítica de la Argentina.
El nuevo contrato incluyó un plan de “obras y mejoras” que debían ejecutarse en tres etapas, de entre 3 y 18 meses. Pero transcurrido ese plazo, la mayoría de las obras no están hechas. Entre ellas, la ampliación de la calle elevada para taxis y pasajeros; la instalación de cuatro ascensores en los sectores B,C,D y E; la colocación de 100 monitores para informar arribos y partidas en el hall y sector de embarques; la construcción de un sector para servicios internacionales; una sala de espera; una confitería; un quiosco; baños exclusivos y oficinas para Migraciones; ampliación del área destinada al estacionamiento de los micros en terrenos linderos. La auditoría señaló además “reiterados incumplimientos en la prestación de servicios de vigilancia y control en el ámbito de las paradas de taxímetros habilitadas”; “la ausencia de un servicio de carros y maleteros”, tal como se exigió contractualmente; la “inexistencia de baños rentados, guardería infantil, correos y casa de cambio, como así también de la totalidad de las prestaciones especificadas para las estaciones de servicio”; los “excesos de precios en el rubro de kiosco, bares y confiterías, que resultan sustancialmente superiores en relación con los de plaza, con diferencias que van desde el 16% hasta el 85%” y las “dificultades e impedimentos para la accesibilidad, comunicación y seguridad de las personas con movilidad reducida que presenta el edificio de la terminal”.
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