En pleno escándalo por la fuga del ex teniente coronel Julián Corres de la Policía Federal, comenzó a hablarse de los vínculos que tanto el represor como sus colegas detenidos allí mantenían con la actual estructura del Ejército. Incluso los fiscales manejaron los datos recolectados en la investigación dentro de las hipótesis de apoyo externo que el Laucha habría tenido para evadirse del edificio de Rondeau 129. Luego la pista perdió interés para la causa principal, pero derivó en otro expediente, instruido ahora por el juez federal 2 Luis Dardanelli Alsina. Ante él estuvieron el lunes el general de brigada Oscar Roberto Gómez, ex jefe del Quinto Cuerpo de Ejército y el coronel Jorge Roque Cocco, secretario general del Comando durante la gestión Gómez. A raíz de aquella derivación, ambos fueron separados de sus cargos por el Ministerio de Defensa y pasados a disponibilidad. Siguen en el Ejército, pero no cumplen funciones específicas y cobran una parte de su sueldo. Tanto Gómez como Cocco están sospechados del delito de peculado, esto es, del desvío de bienes y servicios públicos para satisfacer a terceros. Como el caso de Rodolfo Lopes, que cedió el auto oficial del municipio para que lo use otro intendente. Cocco, asistido por el abogado Luis De Mira, se negó a declarar, pero Gómez, que sólo estuvo seis meses al frente del Quinto Cuerpo, sí respondió a las preguntas del fiscal Antonio Castaño y el juez. Y lo complicó a Cocco.
Según Gómez, desde que el jefe local de la Policía Federal era el subcomisario Luis Angel Bacas, esa fuerza había solicitado colaboración al Ejército para asistir con elementos de cama y otros a los ex militares procesados por delitos de lesa humanidad y alojados en la sede local, con varios beneficios, como acceso a teléfono y cocina. Declaró que esa era una práctica habitual que él mismo avalaba pero consideró que Cocco se excedió en sus facultades, al acercarle comida y otros beneficios a los detenidos en forma reiterada. Es decir que a diferencia de la obediencia debida, este habria sido un caso de obediencia excedida. Se dice, por ejemplo, que Cocco les había llevado locro para el 9 de Julio. Gómez dijo que se enteró de eso después de la fuga de Corres y por eso decidió aplicarle a su subalterno una sanción de quince días de arresto, lo que es cierto. Cocco se abstuvo de declarar pero extraoficialmente considera que no hubo nada de ilegal en su comportamiento. Sostiene que la suya fue una actitud humana y solidaria hacia sus pares, de camadas militares muy anteriores a la suya, lo que no implica aceptar ó avalar las barbaridades de las que se los acusa. Ahora el juez Dardanelli Alsina tiene diez días para evaluar la prueba, los dichos de Gómez y el silencio de Cocco, para considerar si hay elementos para seguir investigando, acusarlos del delito ó dictarles la falta de mérito. Mientras tanto, la causa principal, la de la fuga de Corres, avanza casi en forma inexorable a acabar en una simple multa para el subjefe a cargo de la Federal el subcomisario Alejandro Voros y para los dos efectivos de guardia la noche de la fuga, el oficial Juan Carlos Lastra y el cabo Pablo Carabajal.
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